Desde Neuquén

Ocho de los principales represores que tuvieron a su cargo el campo de concentración La Escuelita, en Neuquén, entre 1976 y 1979, fueron condenados a penas efectivas que van de 7 a 25 años de prisión. Fueron hallados culpables de los delitos de secuestro, robo, coacción, asociación ilícita y aplicación de tormentos, tanto psíquicos como físicos, agravados porque las víctimas eran “perseguidos políticos”.

El juicio oral y público que se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal de Neuquén comenzó el 20 de agosto pasado y culminó ayer a la tarde, cuando, tras la negativa de los ocho acusados a hablar en su defensa, el presidente del tribunal, Orlando Coscia, sorprendió a todos al leer en el mismo día el veredicto.

Fue el primer proceso por delitos de lesa humanidad desarrollado en el sur del país y el segundo que condena a tantos represores. Para el año entrante, se espera en esta provincia la elevación a juicio de una megacausa que involucra a 25 represores, también de La Escuelita, entre ellos el conocido agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, hoy detenido en la cárcel de General Roca.

El detalle de las condenas definidas ayer es el siguiente: prisión perpetua (25 años de cárcel) para Oscar Lorenzo Reinhold y Enrique Braulio Olea, ambos generales de brigada, con los puestos de mayor autoridad en el Comando de Brigada de Montaña, del que dependía el Batallón 181 neuquino, donde funcionó La Escuelita. La misma pena le cupo al teniente coronel Mario Gómez Arenas, responsable de Inteligencia en la zona, con directa injerencia en el centro de detención y tortura.

Para Luis Alberto Farías Barrera, quien era el nexo visible con los familiares de las víctimas secuestradas en La Escuelita, la condena alcanza los 22 años de prisión. Mientras que, para los oficiales de inteligencia Sergio Adolfo San Martín y Jorge Eduardo Molina Ezcurra, la pena alcanzó los 21 años de encierro. Finalmente, Hilarión de la Pas Sosa, el médico imputado de haber asistido a sesiones de tortura en el campo de concentración que funcionó en las afueras de la capital de Neuquén, tendrá que cumplir una pena de 20 años de prisión.

El único acusado que fue beneficiado con una condena mucho menor fue el suboficial Francisco Julio Oviedo: el tribunal lo condenó a pasar siete años en prisión.

“Es una parte del triunfo de mucha gente que luchó por más de 32 años para que esto se haga realidad –dijo a Página/12 Noemí Labrune, militante histórica de la APDH neuquina y una de las principales impulsoras del juicio–. Pero no es un triunfo total, porque tanto a nosotros como al Poder Judicial nos falta una tarea fundamental, que es el enjuiciamiento de todos los represores de Neuquén y el Alto Valle, no sólo de estos ocho. Pero comenzamos otra época con estas condenas.”

Desde el lado de las partes querellantes, la abogada Ivana Dal Bianco consideró “un paso adelante que se haya condenado a los ocho imputados”. Sin embargo –aclaró–, “nos parece que la pelea que dimos era por el delito de genocidio que todos ellos cometieron. Eso no se ha nombrado en la condena y significa un retroceso para nosotros.”

También hubo rechazos a la pena de siete años para Oviedo: “Es verdaderamente irrisoria, aunque al mismo tiempo nos parece importante que se mantengan las condiciones de detención a todos estos represores, es decir que cumplan sus condenas en cárcel común, como se merecen”, agregó la otra abogada del Ceprodh, Romina Szmunck, quien resaltó que “todo esto se logró por la fuerza de la movilización de las Madres de Neuquén, que no bajaron los brazos, y de otros organismos de derechos humanos que dieron la pelea para que se reconozca la verdad histórica de lo que pasó en Argentina”.

Inés Ragni, madre del único desaparecido de los 17 casos que se juzgaron en Neuquén, no dudó en decir ante este diario: “Estoy muy conforme porque demostramos que sin violencia se puede llegar a hacer justicia. Porque la verdad de lo que pasó en La Escuelita fue dicha por los familiares de las víctimas y por nuestros sobrevivientes”, concluyó la madre de Oscar Alfredo Ragni, que luchó codo a codo junto al obispo Jaime Francisco De Nevares, con quien realizaron hace exactamente 32 años en Neuquén la primera marcha por los desaparecidos del país. Ayer, junto a su compañera Lolín Rigoni, ambas fueron el centro de los abrazos cuando se escuchó la condena.