Mientras la mayoría de los reproches por las demoras en las causas contra represores de la última dictadura apuntan contra el Poder Judicial, la Corte Suprema resolvió tomar cartas en el asunto y prepara una acordada para dar su empujón a los juicios por crímenes de lesa humanidad que se firmaría entre el lunes y martes que viene. La decisión de la Cámara de Casación Penal de conceder la libertad a los exponentes del terrorismo de Estado Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta, junto con una veintena de militares y civiles, reavivó el debate entre Sus Señorías, que en su plenario de anteayer comenzaron a evaluar medidas posibles. Todavía no pulieron un plan, pero para empezar le darían forma y entidad a una oficina propia de seguimiento de los juicios orales sobre violaciones a los derechos humanos. A su vez, no descartan medidas específicas: desde exhortar a los jueces a elevar a juicio las investigaciones que tengan las pruebas centrales producidas hasta redistribuir los expedientes que desbordan a un único tribunal como ESMA y Primer Cuerpo de Ejército, o incluso crear nuevos tribunales y salas de audiencias con condiciones de seguridad.

En su fallo de la semana pasada, la Sala II de la Cámara de Casación fundamentó la excarcelación de los ex jerarcas de la patota de la ESMA y otros represores, en su mayoría presos desde 2003, en que habían pasado demasiado tiempo detenidos sin condena. Las normas permiten hasta dos años, más uno de prórroga. La apelación del fiscal Raúl Pleé impidió que la liberación se concretara, al menos por el momento. Se basó en la “gravedad institucional” que reviste a los juicios por violaciones a los derechos humanos y señaló el peligro de fuga de los acusados y la posibilidad de que obstaculicen la pesquisa. La Corte, tarde o temprano, va a tener la última palabra sobre la pertinencia de estas excarcelaciones. Por lo pronto, la acordada que comenzaron a discutir va por otro carril y apuntaría a las raíces de las dilaciones que impiden que las causas sobre crímenes dictatoriales lleguen en un tiempo razonable a la instancia oral.

En los últimos años la Corte contribuyó con sus fallos a eliminar obstáculos en el juzgamiento a los represores, al declarar la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y, luego, de los indultos concedidos por Carlos Menem a los genocidas. Pero hasta ahora no intervino con directivas o instrucciones de “superintendencia” –como las llaman los jueces– hacia otros tribunales o instancias judiciales. El máximo tribunal, en teoría, viene monitoreando la situación de las causas por crímenes de lesa humanidad desde una secretaría a cargo de José Luis Mandalunis, a quien los supremos le encomendaron que elabore un diagnóstico y una serie de propuestas para analizar de aquí a la semana que viene, cuando piensan emitir un pronunciamiento. Mandalunis, de hecho, podría quedar a cargo de la oficina de seguimiento de juicios que está en ciernes, según pudo saber Página/12. En la reunión que tuvieron el lunes último los jueces supremos intercambiaron pareceres y algunas sugerencias. El presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, se mostró –fiel a su estilo conciliador– partidario de armar estrategias comunes con el Congreso y el Poder Ejecutivo, según pudo saber este diario. Contra el reclamo de leyes para acelerar los juicios que formuló su colega Carlos Fayt en declaraciones a los medios, dijo que los legisladores han trabajado en el tema y que en lo que haya por hacer, en todo caso, deberán avanzar en reformas pensadas en conjunto. Habló de impulsar la creación de tribunales orales. Mencionó también –en sintonía con Raúl Zaffaroni– los problemas derivados de la multiplicidad y falta de coordinación entre las querellas. Señaló, en otro orden, los trastornos derivados de que la mayoría de los casos no estén digitalizados.

Carmen Argibay, compenetrada con diversos problemas edilicios de la Justicia, insistió en que faltan salas de audiencias para los procesos orales que, además, cuenten con condiciones de seguridad tanto para los acusados como para los testigos.

Una discusión no resuelta apunta a si a esta altura de las circunstancias aún cabe rediseñar algún criterio para agrupar las causas contra represores: por centro clandestino, por circuitos criminales o por cuerpo de ejército. Mandalunis, cuentan en la Corte, históricamente no ha sido partidario de concentrar causas bajo la hipótesis de que podrían demorarse todavía más.

Para Zaffaroni hay que analizar cuáles son los escollos que se producen en cada instancia judicial y actuar en consecuencia. En el plenario con sus colegas señaló demoras en la instrucción de las causas que, a su entender, son producto de investigaciones interminables donde la prueba y los testimonios parecen no agotarse jamás. Por eso propuso, tal como planteó en un reportaje publicado el domingo último por Página/12, exhortar a los magistrados para que vayan elevando las causas por tramos a medida que concluyan las pesquisas y aunque queden hechos bajo investigación. En diálogo con este diario, también señaló la responsabilidad de los fiscales en esa iniciativa, aunque en ese punto el procurador general, Esteban Righi, ya viene dando pautas a los fiscales desde hace al menos dos años (la última vez ordenó que manden a juicio las causas con procesamientos firmes aunque queden recursos pendientes de resolución).

Zaffaroni y otros supremos señalaron en su charla a puertas cerradas el abarrotamiento de casos en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5): concentra las megacausas de Primer Cuerpo y ESMA. Un tramo clave de la primera, que pondrá a los jerarcas en el banquillo, arranca el año próximo y tomará más de medio año de audiencias. Esto, a su vez, implicaría postergar al menos hasta 2010 el juzgamiento de los crímenes del centro clandestino de la Armada. En estas circunstancias, la Corte no descarta intervenir para reasignar a otro tribunal alguna de estas causas inexplicablemente concentradas en uno solo. En el debate supremo se citaron, como ejemplos de organización de juicios, los que vienen transcurriendo en Tucumán y en Córdoba desde los cambios en la Cámara Federal. Todo lo que se haga, coinciden entre los jueces, debe preservar el principio de “juez natural”. En rigor, la Corte tiene atribuciones para reorganizar la distribución de las causas y hasta armar un cronograma de juicios. Habrá que ver hasta dónde los supremos quieren llegar en la práctica.