El jueves 17, el gobernador de Salta Juan Carlos Romero fue presentado por Carlos Menem como su compañero de fórmula en la precandidatura presidencial por el Partido Justicialista para las elecciones del 15 de diciembre. Mañana a las 11, Romero intentará liberarse de uno de los pocos frenos a un poder que ejerce en forma absoluta, con el enjuiciamiento y posible destitución del juez de instrucción penal Roberto Elio Gareca, quien en cuatro años procesó a numerosos funcionarios del gobierno provincial. Como ya lo hizo Menem en La Rioja y en la Nación, Romero procura reducir el Poder Judicial a un mero legitimador de las decisiones administrativas y protector de las transacciones ilegales realizadas desde el poder o a su amparo.
Realismo mágico
El más notorio funcionario salteño procesados por el juez Gareca es el ex intendente de General Güemes, Rubén Alberto Cabana, detenido desde hace dos años y al que le negó tres veces la excarcelación. Las acusaciones en su contra se resumen en 184 cargos por fraude a la administración pública, falsedad ideológica, peculado, malversación de caudales públicos, libramiento de cheques sin fondos, usurpación de inmuebles, encubrimiento, demora injustificada de pago, desobediencia a una orden judicial y abuso de autoridad. Cabana no ha sido abandonado por sus amigos y entre quienes lo visitan con frecuencia figura el vicegobernador Miguel Angel Wayar, quien dentro de dos semanas asumirá en reemplazo del gobernador cuando Romero entre en campaña y que postulará para sucederlo en las próximas elecciones. El abogado defensor de Cabana es otro allegado a Romero, René Gómez, precisamente quien solicitó la destitución del juez Gareca, por supuesto retardo de justicia, violación de secretos sumariales y “desmedida exhibición mediática”. Puro realismo mágico, los cargos contra Cabana fueron presentados por quien hoy lo defiende, cuando era Procurador General de la Provincia.
Secretos a la tumba
Gómez también fue jefe de Policía y ministro de Gobierno en la gestión del gobernador Roberto Romero (padre de Juan Carlos), es suegro del actual ministro de Economía y miembro del estudio jurídico que atiende todos los asuntos públicos y privados del gobernador. En un reportaje reciente se definió como “defensor de delincuentes, exclusivamente”, porque, ironiza, inocentes vienen a buscarlo uno por año. En Salta y con sus relaciones no le faltará trabajo. Sus recursos no se agotan en los tribunales. Ya ha solicitado la destitución de ocho jueces que fallaron en contra de sus clientes. Entre ellos están el juez Abel Fleming, presidente del Colegio de Magistrados, y los camaristas penales que condenaron por homicidio al empresario Pedro Marcilese, propietario de una empresa de transporte que realizó negocios con Papá Romero. En 1993, Marcilese se peleó con su abogado Miguel de Escalada. Para evitar que divulgara vaya a saberse qué tremendos secretos, contrató a un matrimonio para que se encargara de silenciarlo. Mónica Nucciarelli lo sedujo y Armando Ureña lo mató simulando un incidente pasional. Pero no era un episodio de la vida privada. La esposa de Marcilese fue durante años secretaria de los dos gobernadores Romero.
El almuerzo del domingo
Durante la investigación pareció que Baby Romero había retirado su protección a Marcilese, a pesar de que Gómez lo defendiera. Pero esta actitud de prescindencia fue puesta en duda cuando el fiscal de la Cámara del Crimen, Ricardo Anuch, que había requerido la condena de Marcilese a reclusión perpetua, desistió en el juicio oral y en su alegato pidió quefuera absuelto. Pese a ello, los jueces de la Cámara del Crimen Jorge González Ferreira, Carlos Nieva y Héctor Alavila condenaron a Marcilese a prisión perpetua. Hace dos meses esa condena quedó firme, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisó su jurisprudencia anterior, en el caso Tarifeño, y admitió la posibilidad de condenar aunque el fiscal no acusara. Desde la cárcel, Marcilese reclama que Gómez le devuelva cien mil dólares adelantados como honorarios, con la promesa de obtener su libertad. A raíz de su giro copernicano Anuch fue destituido y de inmediato acomodado en el Consejo de la Magistratura de la Nación por la diputada nacional menemista Lelia Chaya. Gómez denunció a los camaristas y el jury los absolvió. Pero González Ferreira ya no era el que había sido. Se voló la cabeza durante el almuerzo del domingo en el comedor del Club 20 de Febrero, el equivalente salteño del Jockey Club luego de entregarle al presidente del club una carta en defensa de su honor y con acusaciones a la Suprema Corte de Justicia de Salta, por dependiente del poder político romerista.
Tío Alfredo
El titular del estudio donde trabaja Gómez, Alberto Raimundo Sosa, fue el abogado del ex Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Salta y actual Fiscal de Estado, Rodolfo Urtubey, en la querella contra el periodista Mario Peña, quien había señalado sus ostensibles vínculos con Romero y su partido. Peña fue condenado a cuatro meses de prisión en suspenso por injurias y Sosa comparó el trabajo periodístico con el espionaje. Sosa es titular del legajo 92036 de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en el capítulo de los civiles que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar, lista en la que también figura el ex secretario de seguridad provincial Sergio Nazario, quien fue asesor y responsable de la seguridad personal del gobernador hasta que el juez federal Claudio Bonadío ordenó su detención. Con el alias de Estévez, Nazario fue denunciado como torturador y violador en el campo clandestino de concentración El Olimpo. Según la prensa local, Nazario formaba parte de los equipos de seguridad del hombre de negocios dudosos Alfredo Yabrán, quien lo habría recomendado como jefe de seguridad del diario “El Tribuno”, propiedad de Romero, y luego como secretario de seguridad de su gobierno.
Carrera contra reloj
El apuro por destituir a Gareca se relaciona con el avance de la investigación que realiza sobre el ex superministro de Producción y Empleo, Gilberto Enrique Oviedo, y el ex Secretario de Obras Públicas, Luis Roberto Siegrist. En el expediente judicial por negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de sus deberes se investigan presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de una docena y media de obras públicas, por valor de 40 millones de dólares. Ambos funcionarios contrataron con sus propias empresas, Dinarco S.A. y Conciel S.A, cuya titularidad habían delegado en familiares, la construcción de barrios, albergues estudiantiles, carreteras, obras de iluminación y una central eléctrica. Oviedo condujo las privatizaciones de la distribución del servicio eléctrico y los juegos de azar, en las que fue acusado de favorecer en forma indebida a los adjudicatarios. En la construcción del dique Itiyuro II se le imputó el pago de un sobreprecio de 16 millones de pesos.
En cuanto el juez Gareca anunció que antes de fin de este año se pronunciaría en la causa, se pusieron en marcha los mecanismos destinados a impedirlo, mediante su destitución. El 24 de setiembre era la fecha de la primera convocatoria al jury. Pero una masiva movilización sobre lostribunales en respaldo del juez obligó a postergarlo. Los Colegios de Abogados y de Magistrados se pronunciaron en contra del jury y en favor de la independencia judicial. Hasta un grupo de 35 presos condenados por Gareca lo apoyaron, desde la cárcel, como un “juez dinámico” que agilizó sus causas y “regido siempre por principios éticos”. Una de las acusaciones se refiere a la “personalidad irresponsablemente mediática” del juez. Gareca aduce que por respeto a la libertad de prensa contesta consultas periodísticas en causas de “interés general y resonancia pública”, sin afectar el honor de los imputados . Mañana, los romeristas intentarán concretar la apertura del juicio, que implicaría la automática suspensión de Gareca. Según medios afines al gobierno, su destitución “ya está firmada”. Se comprende: el jury es integrado por una cómoda mayoría de funcionarios judiciales y legisladores de obediencia romerista. El defensor del juez y vicepresidente del Consejo de la Magistratura de Salta, Carlos Arturo Ulivarri, pidió la nulidad del procedimiento por violación de las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio, ya que el fiscal de Corte Alejandro Saravia, quien debería garantizar la legalidad del procedimiento, agregó presuntas pruebas a la acusación privada en una etapa procesal en la que el acusado ya no podía defenderse. Saravia debe renovar su acuerdo en diciembre, por lo que depende de Romero. Su acusación persigue provocar la apertura a prueba y con ella la automática suspensión de Gareca. En ese caso la causa recaería en el flamante juez Luis María Agüero Molina, cuñado de uno de los investigados por Gareca, Luis Siegrist. En la encuesta sobre la justicia efectuada por la Consultora Datamática, Gareca y Fleming fueron los únicos dos jueces que escaparon a la desconfianza generalizada. Este descreimiento se agudiza respecto de la Suprema Corte provincial. Según la Constitución salteña, sus jueces tienen mandato por seis años, que deben renovar, a propuesta del gobernador y con acuerdo de la Cámara de Senadores, en la que todos sus miembros salvo uno responden a Romero.
Testigo molesto
Gareca también ha cultivado otras plantas exóticas, como las garantías individuales, los derechos económicos, sociales y culturales y la libertad de expresión. La policía le quitó la custodia en su domicilio, en zona no residencial y alejada del centro de Salta en represalía por la detención de tres de sus hombres por apremios ilegales. Gareca también resolvió que las aducidas restricciones financieras no justificaban la suspensión de las prestaciones médicas a los afiliados al Instituto Provincial de Salud. En agosto, el corresponsal en Salta de América TV, Marcos Díaz Muñoz documentó la represión policial y de Gendarmería en los graves sucesos de General Mosconi en los que fue asesinado Aníbal Verón. A partir de allí, el trabajo del corresponsal en cualquier manifestación de protesta popular fue obstaculizado por la policía. Varias veces fue amenazado y golpeado y sus cámaras, micrófonos y automóvil destrozados. El juez Gareca intimó al Jefe de Policía que ordenara a sus tropas el respeto por la libertad de prensa y el derecho a trabajar del corresponsal. El jefe de policía, Pedro Alvarez, comunicó su acatamiento a la orden judicial, que comunicó a todos los efectivos. Esto disgustó a Romero, quien destituyó al jefe y a toda la plana mayor policial. Simultáneamente, ordenó al Fiscal de Estado, la apelación del fallo de Gareca ante la Suprema Corte de Salta. Sin duda, Menem escogió con el mayor cuidado a su compañero de fórmula. Como en 1989 y 1995. ¿Se acuerdan?

(Informes en Salta: Marcos Díaz Muñoz y Héctor Alí).