En el séptimo piso de un edificio de la Procuración General de la Nación, sobre Avenida de Mayo, doce personas se ocupan de hacer un relevamiento de las causas abiertas en todo el país contra los represores de la última dictadura. Es mediodía y entre arroz y empanaditas chinas, los miembros de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado (tal el largo nombre con que la bautizó Esteban Righi) comparten impresiones sobre la novedad de fin de año: el fallo de la Cámara de Casación que casi puso otra vez en las calles a Alfredo Astiz y Jorge “El Tigre” Acosta, entre otros. Una vez despejada la mesa del almuerzo, los funcionarios que encabezan ese organismo, Jorge Auat y Pablo Parenti, analizan con Página/12 el escenario que dejó al descubierto la decisión de excarcelar a una veintena de acusados de crímenes de lesa humanidad: la demora que tienen estos expedientes para traducirse en condenas.

Auat fue fiscal en el Chaco y tuvo que remar para llevar adelante la causa por la masacre de Margarita Belén. Parenti fue uno de los secretarios que trabajaron con el juez Gabriel Cavallo en el fallo que en 2001 declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Desde hace casi dos años trabajan juntos en la Procuración coordinando los procesos sobre el terrorismo de Estado. En base a sus diagnósticos, el procurador Esteban Righi envió instrucciones a todos los fiscales con el objetivo de agilizar estas investigaciones. En agosto de 2007 hicieron un informe en el que advertían sobre problemas generales y específicos que generaban atrasos injustificables en las causas. Algunas de las dificultades que señalaban allí se mejoraron con el tiempo. Otras siguen en el mismo punto muerto, como la dilación que produce en la ciudad de Buenos Aires el hecho de que un mismo tribunal oral sea el encargado de las dos investigaciones más importantes: ESMA y Primer Cuerpo. Es posible que esta semana la Corte Suprema tome cartas en el asunto. Pero, para ello, la noticia sobre la posibilidad de que Astiz volviera a quedar en libertad tuvo que recorrer el mundo.

Parenti y Auat hablan en plural. Se nota que acordaron lo que querían transmitir de antemano. Por eso, lo que dicen uno y otro es indistinto. Defienden el trabajo del Ministerio Público pero advierten que los mayores problemas –y por lo tanto las soluciones– provienen de adentro del Poder Judicial. “Hay una falta de compromiso de operadores judiciales, de algunos jueces y fiscales. No se le puede echar la culpa al Código y menos después de diez años. Esa no puede ser la respuesta que le damos a la comunidad”, señalan casi a coro.

–¿Qué hay que hacer para agilizar las causas contra los represores?

–La solución es buscar dónde estuvo el déficit. Hacer un buen diagnóstico.

–¿Y dónde estuvo concretamente el déficit?

–En cada caso hay situaciones particulares. En el Chaco, por ejemplo, la causa de Margarita Belén estuvo paralizada dos años porque un juez largó un hábeas corpus.

–ESMA estuvo cuatro años en Casación...

–Ahí está el tema, no miremos para otro lado. Hay una memoria institucional. No se puede negar que la misma Cámara que les está dando la libertad tiene responsabilidad por la demora. Pero además de encontrar el déficit hay que actuar en consecuencia. Lo primero que habría que marcar es que no hay una explicación única. No busquemos la monocausalidad. No es sólo que hay jueces y fiscales que se oponen al avance de las causas porque ideológicamente no las comparten. Hay de todo: problemas de organización de la Justicia, falta de claridad en las normas. Por ejemplo: seguimos con problemas por los subrogantes. Más allá de que salieron normas y acordadas de la Corte, hay problemas. Muchos jueces consultan a la Corte si los subrogantes pueden ser abogados o no y la Corte no lo resuelve claramente. En Rosario acaban de suspender un proceso porque hicieron una consulta a la Corte y no tienen claridad si actúan los jueces subrogantes o no. En Santa Fe hay tres jueces subrogantes actuando porque los titulares se excusaron y hubo que hacer un procedimiento de consulta. Ahí hay un problema de diseño institucional y falta una herramienta de la Corte que trabaje de una manera más ágil.

–¿Hay una deuda de la Corte Suprema por no haber tomado medidas para ordenar estos juicios?

–Tal vez falta un seguimiento más activo. A la Corte y a todos los que leyeron el informe que hicimos en 2007 les marcamos problemas y algunas propuestas de trabajo en común para tratar de solucionarlos. Evidentemente no fue todo lo fructífero que hubiéramos esperado. Tampoco sabemos lo que hizo la Corte hacia adentro. Puede haber un trabajo silencioso que no conocemos. Si la Corte o el Poder Ejecutivo quieren hacer algo, nosotros tenemos la información disponible. Estaría bueno que la Corte haga algo, pero que sea compatible con las pautas con las que estamos trabajando en el Ministerio Público.

–La propuesta de que en Capital Federal ESMA y Primer Cuerpo no las tenga el mismo tribunal oral es vieja.

–De hecho se planteó en una reunión con jueces de la Corte, que quedaron en analizar el problema. También entendemos que es un rol no tradicional para la Corte ocuparse de estas cosas. Pero estos son procesos no tradicionales y la Corte, en este último tiempo, está haciendo cosas no tradicionales, como decirles qué hacer y ponerles plazos a otros poderes. Ni la Corte ni ningún tribunal superior le puede decir a otro tribunal o juez que condene o absuelve a una persona, pero si hay que garantizar la buena administración de Justicia, eso es un servicio público.

–¿El Poder Ejecutivo podría haber hecho algo? ¿Antes? ¿Ahora?

–El centro del problema está en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahí hay una responsabilidad irrenunciable, inexcusable. No miremos para otro lado. Otros poderes pueden colaborar, pero no es la explicación central. El Poder Ejecutivo puede colaborar armando un buen plan de protección de testigos, una buena coordinación entre los planes nacionales y provinciales, cosa que todavía no se concretó del todo. Podría facilitar cuestiones probatorias, todo lo que es documentación del Estado que sirve como prueba para las causas. Si bien se aporta cuando se pide, lo podría hacer de una manera más proactiva. Pero de ningún modo el Poder Judicial puede estar ausente en los reproches.

–Volvamos a los motivos de las parálisis de las causas.

–Cuando hicimos el diagnóstico en 2007, nos encontramos con causas paradas por dos años o más, eso estaba en una planilla que también le entregamos a la Corte. Había grandes demoras entre actos procesales consecutivos: la indagatoria y el procesamiento, el procesamiento y la apelación, entre la confirmación del procesamiento y la elevación a juicio. Había casos en los que el fiscal había requerido que se elevara la causa a juicio oral y la causa seguía en instrucción, ejemplo: Scheller (ESMA). Cuando hicimos ese primer diagnóstico había jurisdicciones (Tucumán, Rosario) donde la Cámara tardaba dos años en resolver un recurso. Esto se corrigió bastante y creemos que el documento sirvió.

–El fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé, como voz del Ministerio Público, dijo que los represores no debían salir porque podían poner trabas y entorpecer las investigaciones. ¿Cuánto más se pueden extender las prisiones preventivas con ese argumento?

–No pensamos que la prisión preventiva se pueda extender indefinidamente. Nuestra prioridad es llegar a los juicios y a las condenas de los responsables rápido. No queremos que estén en prisión preventiva hasta que se mueran. Tampoco se puede establecer un límite para las prisiones preventivas. Hay que evaluar la causa, las articulaciones de la defensa o no, si hay concursos reales (otros hechos) o imputaciones distintas que justifican una prisión preventiva de por sí... No es lo mismo una persona a quien se le imputa un hecho y está ocho años en prisión preventiva que una persona a la que se imputan 500 hechos. En el caso de Astiz nos parece que se justifica la prisión preventiva y, además, vemos que hay caminos intermedios antes de dejarlo en libertad. Por ejemplo, Casación podría haber emplazado al tribunal del juicio a poner fecha de audiencia. Hay dos derechos en juego, el del imputado a estar en libertad durante el proceso y el de las víctimas a que se haga justicia. Y está la obligación del Estado a hacer justicia, especialmente en estos casos que ofenden a la comunidad internacional. Todo eso está en juego. No siempre la decisión es libertad o no.

–Pero si obligan a hacer el juicio contra Astiz se va a demorar otro que el tribunal ya tiene previsto sobre el Primer Cuerpo.

–Hay que buscar una solución. Es el mismo problema que planteamos en 2007. ¿Por qué este tribunal tiene las dos causas? Es urgente que la Corte o Casación, con sus facultades de superintendencia, den una solución a eso.

–Al final, en Capital, que fue donde primero avanzaron las causas, hay un retraso por la acumulación en el Tribunal Oral N° 5.

–En Capital hubo una instrucción correcta y en tiempo razonable que hizo el juez Daniel Rafecas en Primer Cuerpo, con elevaciones a juicio por centro clandestino de detención. Y está la causa ESMA, cuyo objeto procesal está bien conformado, porque es un solo centro clandestino, pero la causa se desarticuló en la práctica, se hizo por tramos, con imputaciones no homogéneas. Y después, se juntan en el mismo tribunal oral. Hace falta que alguien mire qué está pasando con la administración de Justicia y eso no implica avasallar la independencia.

–En el resto del país, ¿cuáles son los problemas?

–Hay distintas realidades. Hay lugares que arrancaron con pocos hechos, que eran los conejillos de India. Por ejemplo, en Córdoba: la causa histórica se empezó a desarmar porque querellas particulares empezaron a pedir que se investiguen sus hechos. Como resultado, tenemos muchas causas que tratan sobre La Perla y estamos tratando de juntarlas de nuevo. Un problema grave que hay en el interior es la dispersión de investigaciones. En Jujuy había 170 víctimas y 139 causas. La instrucción del procurador decía que había que agrupar por centro clandestino o por alguna pauta razonable, como mejor sirva a cada lugar. A veces no hay un centro clandestino, sino una zona de represión. En cada jurisdicción tememos una propuesta de trabajo. En Jujuy, por ejemplo, hay grupos de víctimas vinculadas. Se armó un plan de trabajo con seis grupos de casos y el fiscal pidió las acumulaciones.

–Entonces pasaron de 139 a seis causas.

–El fiscal lo pidió con un escrito en el que se vincula hecho con hecho, dice quiénes son los responsables, pide las indagatorias. Y el juez lleva meses sin resolverlo. ¿Quién mira eso? ¿La Cámara? ¿La Corte? Si quieren hacer una comisión legislativa que analice el seguimiento de los procesos... alguien tiene que mirar y sacar los procesos del micromundo local en el que se encuentran, alguien que pida una rendición de cuentas.

En Corrientes, la defensa intentó evitar el juicio hasta horas antes de la audiencia. Mendoza también es uno de los lugares que más dispersan.

–En Mendoza es donde hubo más excarcelaciones y a la vez hay leyes de mano dura para delitos comunes.

–En Mendoza tenemos muchos problemas para avanzar. Hay faltas de mérito bastante cuestionables. Y hubo muchas excarcelaciones. Habría que comparar los criterios que tiene la Cámara para estos casos y para otros.

–Volvemos al principio. ¿Qué cosas hay que hacer para poder llegar a juicios rápido?

–El Ministerio Público viene haciendo un trabajo en intentar modelar la estructura de los procesos y darle cierta coherencia para poder concretar los juicios. En esa línea estuvieron las instrucciones del procurador a los fiscales sobre la acumulación de las causas y para que se pidan las elevaciones a juicio aunque el juez no corra la vista. El tema es que si hacemos los juicios de a poquito, se pierde la dimensión de lo que pasó. La comprensión histórica de los hechos implica que los miremos todos juntos. A la vez, hay que aplicar las fórmulas a unos procesos que ya vienen andando. Cuando empezamos con este trabajo nos propusimos llegar a los primeros juicios en cada lugar, sabiendo que muchas veces no iban a ser ideales. Los primeros juicios tienen que asegurar que se abra el camino. La estrategia era insistir con las causas que estuvieran avanzadas y luego trabajar en una segunda etapa con procesos mejor conformados. Hubo un primer juicio valioso en Córdoba con el que logramos la condena de ocho personas, pero ahora hay que hacer un gran juicio sobre La Perla. Bienvenido el juicio por Guillermo Vargas Aignasse en Tucumán: abrió el camino y no es lo mismo Tucumán después de la condena a Antonio Domingo Bussi. Pero como juicio es lo que hay que evitar, fue por un solo hecho. Lo mismo pasó en Capital con la condena a Julio Simón por Poblete. Ahora se trata de modelar las instrucciones.