Es preocupante que en su estrategia discursiva, algunos miembros de Carta Abierta y otros cuadros utilicen una virulencia de agravios personales con la que intentan silenciar el debate sobre políticas del Gobierno de las cuales prefieren no hablar. Esta película ya la vimos y en su artículo “Voceros del medio pelo” (en Página/12, el 19 de enero pasado) Hugo Barcia la recuerda bien. Desde 1994 denunciamos que Chacho Alvarez, Graciela Fernández Meijide, Aníbal Ibarra y adláteres estaban traicionando el proyecto del Frente Grande como oposición al modelo neoliberal, al subordinarse a las presiones de los grupos económico-financieros, de Estados Unidos, del FMI y el Banco Mundial. Debieron pasar siete años, con leyes de flexibilización laboral, designación de Cavallo, baja de salarios y jubilaciones, corralitos bancarios o 19 y 20 de diciembre de 2001, para que se percibiera la traición: hasta entonces, los insultos políticos que pretendían descalificarnos eran, entre otros, “gurkas” o “testimoniales”. Barcia señala: “Pino, vos que enronqueciste tu voz contra aquel progresismo genuflexo que empezó hablando, a principios de los ’90, de llenar de contenidos a la política y terminó devolviendo a Cavallo al Ministerio de Economía, no podés confundirte ni podés despotricar contra los compañeros de Carta Abierta”. Alguien dijo que un político honesto o un intelectual coherente es aquel que puede resistir la prueba de los archivos. Sucede que muchos integrantes de ese progresismo genuflexo (Barcia dixit) detentan o han detentado cargos en los gobiernos Kirchner –Chacho Alvarez es su representante en el Mercosur– y otros pertenecen a Carta Abierta, donde además participan compañeros y amigos de toda la vida a quienes respetamos. Ahora, al criticar las distorsiones de las políticas del Gobierno –ante el drama de la mortalidad infantil– usando malas artes, se busca pegar a Pino con la Sociedad Rural y La Nación, y nos llaman “voceros del medio pelo”, ansiosos de “brindar con champán con la oligarquía terrateniente”, como los “muchachos que en los años ’40 quedaron del lado de Spruille Braden en la Unión Democrática”. Dados los desafíos y peligros que conlleva la actual crisis mundial –una crisis de carácter civilizatorio que hace tiempo veníamos anunciando– sería muy necio caer en la trampa de una polémica estéril, basada en agresiones o insultos.

Se está hablando de la muerte de chicos por desnutrición o causas evitables; del crimen que significan esas muertes. En el encuentro del Mercosur realizado en Córdoba en el 2006, Fidel Castro propuso incluir planes sociales de salud, junto con la erradicación del analfabetismo y otros males de la miseria, ofreciendo la experiencia de su país. Porque la integración autónoma de América latina no solamente debe hacerse en términos de acuerdos centrados en lo económico y financiero, sino además como una reivindicación de la dignidad y el bienestar del conjunto de los latinoamericanos. En esa oportunidad, el líder cubano mencionó que algunos países ricos como Argentina tenían índices injustificables de mortalidad infantil del 16 por mil. Ante la intervención del presidente Kirchner, señalando que esos índices habían descendido al 12 por mil, Fidel le contestó públicamente: “Si tú quieres, puedes bajarla al tres por mil”. Reiteramos: “Si tú quieres”.

El simplismo de Barcia al abordar el tema “del campo” silencia nuestro acuerdo con las retenciones móviles pero segmentadas y vuelve a dejar sin respuesta por qué la posición oficial se negó a crear una comisión investigadora –en función de la denuncia de Claudio Lozano, apoyado en las investigaciones de Mario Cafiero, Javier Llorens y Ricardo Monner Sans–de un desfalco al Estado por 1750 millones de dólares, en favor de Bunge, Cargill, Nidera, Aceitera General Deheza, Grobocopatel, Monsanto y otros componentes de los nefastos agronegocios, contra los que tan lúcidamente ha venido luchando Jorge Rulli. ¿Son estas corporaciones parte del pueblo, dados sus estrechos vínculos con el Gobierno? ¿No deben incluirse esos 1750 millones en “el heroico intento por redistribuir una parte de la riqueza que nos pertenece a todos los argentinos”? ¿Por qué Carta Abierta no ha mencionado nunca ese desfalco, que fue la clave del voto contra la Resolución 125 de Claudio Lozano? Se apoyó sin problemas la estatización de Aerolíneas o de las AFJP, al aceptarse las modificaciones del proyecto oficial; porque no pretendemos “esmerilar al Gobierno, desgastarlo y, si es posible, alcanzar el clima destituyente”. Pero tampoco podemos callarnos. Nuestro objetivo es demostrar que existe una alternativa diferente para superar la crisis, la miseria y el dolor de una alta proporción de nuestros compatriotas, sacar adelante el país y promover la integración latinoamericana, tomando en consideración los impactos y potencialidades de la Revolución Científico-Técnica en curso.

El problema central es de dónde salen y hacia dónde se destinan los recursos; tema que Solanas desarrolla en su artículo (en Página/12, el 5 de enero) y sus críticos eluden: “Entregar los recursos naturales que permitirían terminar con el hambre y la indigencia es la otra cara del crimen del hambre (...) Hay hambre porque no existe la voluntad política de terminar con él (...) La prioridad del gobierno kirchnerista es subsidiar a las corporaciones con 10 mil millones de dólares anuales”. Es un mérito indiscutible haber alcanzado entre 2003 y 2008 los más altos niveles de crecimiento económico y de superávit fiscal de la historia argentina. Hasta el inicio de la crisis, disminuyeron los índices de desocupación, pobreza y mortalidad infantil: imposible saber exactamente cuánto, por las cifras del Indec y otros organismos oficiales que controla Moreno. Si una parte de esas riquezas se hubiera destinado a la lucha contra el hambre infantil y no en beneficio de esas corporaciones, seguramente era posible llegar a ese tres por mil del “si tú quieres”. Por lo tanto, debemos interrogarnos hacia dónde van los recursos y analizar políticas que exhiben continuidad entre los gobiernos Kirchner.

1. Frente al Tren Bala, proponemos el Tren para Todos, que supone reconstruir una red ferroviaria con desarrollo tecnológico propio y producción local; los recursos para este proyecto existen, si se recupera la renta petrolera y gasífera como en Venezuela o Bolivia.

2. Nos oponemos al veto a la ley de protección de los glaciares que, además de las aberrantes consecuencias ecológicas, favorece a la Barrick Gold, a los negocios del gobernador Gioja y a otros socios imaginables.

3. Denunciamos la política minera, por la impune contaminación con cianuro de aguas potables y el uso irresponsable de ese bien estratégico junto al saqueo de metales valiosos, “riqueza que nos pertenece a todos los argentinos”.

4. Cuestionamos la ley de blanqueo de capitales y la anulación de los juicios por corrupción financiera o coimas: un favor que no beneficia precisamente a las clases populares.

5. Repudiamos los aportes por 8750 millones de dólares (certificados de crédito fiscal que pueden utilizarse para cancelar impuestos y financiar nuevas inversiones) a Repsol, British Petroleum, Pan American Energy, Esso o Shell.

6. Criticamos la entrega a la British Petroleum de las reservas de Cerro Dragón por cuatro décadas, hasta su extinción total; reprivatizada diez años antes del término de la concesión. No aceptamos tener un doble discurso, por nuestro supuesto apoyo a la oligarquía, que nos prohíbe hablar de la nacionalización del petróleo y otras áreas estratégicas.

7. Denunciamos el decreto 125/05, al prorrogar por diez años las concesiones a los grandes medios de comunicación que ahora, con razón, tanto se critican.

Estos son sólo algunos de los temas que planteamos para un debate serio y riguroso con Carta Abierta y otros sectores. La magnitud de la crisis mundial nos obliga a todos a buscar con grandeza los caminos de ese porvenir que nuestros pueblos de América latina se merecen.

* Socióloga; integrante de Proyecto Sur.