El fiscal federal Federico Delgado denunció ante la Corte Suprema al jefe del Cuerpo de Peritos Contadores, Alfredo Peralta, por “demorar de manera injustificada” una pericia que le pidió hace casi diez meses para poder resolver la situación penal de una larga lista ex funcionarios, entre ellos el ex presidente Fernando de la Rúa, y un grupo de banqueros, en la causa sobre el llamado “megacanje”. Los expertos contadores dependen del alto tribunal, que tiene la facultad de sumariarlos, sancionarlos, suspenderlos y hasta echarlos. El organismo es, desde hace años, blanco de sospechas y acusaciones por corrupción y manipulación de investigaciones. Peralta es un histórico en sus filas –lo integra desde 1990– y quedó como director interino cuando la Corte desplazó a la cúpula anterior en medio de denuncias por favoritismos.

“El señor decano del cuerpo de peritos no cumplió con la tarea que le fue encomendada y ni siquiera respondió a los puntuales interrogantes formulados por la fiscalía”, advierte la nota que envió ayer Delgado al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. En una resolución de seis carillas, en la que vuelve a intimar a Peralta, el fiscal detalla al menos seis oportunidades en las que reclamó la realización del informe y recibió como respuesta pedidos de prórroga y de más documentos, entre otras evasivas. La pericia fue ordenada por primera vez el 25 de abril del año pasado y pretendía que se realizara una comparación sobre cómo se diseñaron, acordaron e instrumentaron cuatro canjes de deuda, entre ellos la megaoperación de junio de 2001 “para verificar si” en ese caso “se cometió delito”.

El megacanje fue presentado por el gobierno de la Alianza como una medida para dar alivio a la crisis económica pero, en realidad, hizo crecer la deuda en 55 millones de dólares y tuvo casi como únicos beneficiarios a los bancos que participaron, que cobraron comisiones desorbitantes por no hacer prácticamente nada. Las entidades beneficiadas fueron Credit Suisse First Boston, J. P. Morgan, HSBC, Salomon Smith Barney y los bancos Galicia, Francés (ahora BBVA) y Río (ahora Santander Río). El ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex secretario de Finanzas Daniel Marx ya están encaminados hacia un juicio oral por esta causa, acusados de negociaciones incompatibles con su función. La pericia pendiente demora la investigación sobre una veintena de imputados, según señala el fiscal Delgado.

El estudio contable podría afectar –ya sea a favor o en contra– a De la Rúa, al ex secretario de Hacienda Jorge Baldrich, al ex subsecretario de Financiamiento Julio Dreizzen, al ex procurador del Tesoro Ernesto Marcerl, al ex asesor del Ministerio de Economía Horacio Tomás Liendo, al ex número tres de la cartera y actual titular (desde la gestión de Mauricio Macri) del Banco Ciudad Federico Sturzenegger, al ex director de Financiación externa Norberto López Isnardi, así como a los banqueros David Mulford, José Rohm, Eduardo Escasany, Luis Ribaya, Gervasio Collar Zabaleta, Antonio Garcés, Carlos Villahoz, Jorge Bledel y Andreas Keller Sarmiento, entre otros. En algunos casos, como los de De la Rúa y Baldrich, habían sido desprocesados por la Cámara Federal, pero nuevas pruebas podrían volver a complicarlos.

La función básica del Cuerpo de Peritos Contadores es hacer los informes de base contable o de naturaleza económica en los que se sustentan las causas judiciales sobre casos de corrupción, evasión, estafas, fraudes y quiebras que involucran a funcionarios públicos, grandes empresas y bancos. Pueden definir, de hecho, la suerte de un caso. La realización de pericias oficiales es uno de los factores que más dilaciones suele causar en las investigaciones por corrupción (incluso hasta hacerlas caer por prescripción). A veces tardan uno o dos años en llegar a los jueces o fiscales. La denuncia de estas circunstancias, sin embargo, es más una excepción que una regla, ya que el peso de la corporación judicial (donde quienes participan protegen sus intereses mutuamente) es muy fuerte.

El peritaje de la causa del megacanje que reclama el fiscal tardó dos meses en iniciarse y si comenzó fue –al parecer– por la insistencia de los investigadores judiciales, que no pararon de enviar reclamos al cuerpo a lo largo de 2008. El último, enviado ayer a Peralta, le da un ultimátum de cinco días “improrrogables”, gira en forma simultánea la denuncia dirigida a la Corte “a los efectos de superintendencia que correspondan” y deja entrever que el próximo paso puede ser una denuncia penal.

La fiscalía asevera que Peralta –que había dicho que confeccionaría la pericia en forma personal– “demoró de manera injustificada en comenzar la tarea, también en compulsar el expediente para informar si necesitaba algún elemento en particular, en informar el trámite de la labor y, especialmente, incumplir reiterada e injustificadamente los plazos ordenados (...). En otras palabras, no hizo lo que tenía que hacer: confeccionar una pericia de su especialidad de acuerdo a las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación”.

Peralta fue nombrado como integrante del Cuerpo de Peritos Contadores en 1990, según informaron funcionarios judiciales a Página/12. En la segunda mitad de los ’90 –bajo la mayoría automática menemista– fue nombrado “decano” (jefe) de los peritos contadores, en una decisión cuestionada puertas adentro del tribunal, ya que no se había respetado el orden de sucesión que correspondía por antigüedad, según el cual otros tres peritos debieron tener prioridad. En 2005 fue designado otra vez como titular interino. Fue después de que la Corte decidiera desplazar a las autoridades de entonces: Jorge Schiavo y su segundo, Fernando Robles. La acordada suprema explicaba que tenían “varios expedientes administrativos y judiciales” abiertos donde eran y son investigados por maniobras en diversas pericias.

Más aún, Robles fue suspendido por una resolución de la Corte, acusado de connivencia con el Exxel Group y la consultora Price Waterhouse en un litigio millonario contra Carrefour. La Corte argumentó que “no puede admitir que se produzcan situaciones que generan inquietudes públicas por supuestas irregularidades cometidas por funcionarios o empleados judiciales que resienten la imagen y la dignidad del Poder Judicial”. El interinato de Peralta todavía continúa, pese a que se suponía que Sus Señorías nombrarían a un contador en forma definitiva cuando terminara el concurso de peritos, algo que ocurrió el año pasado.