Los jueces subrogantes de la Cámara de Casación Guillermo Jorge Yacobucci y Luis María García fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura y penalmente por los abogados Rodolfo Yanzón y María Mónica González Vivero, representantes de querellantes en las causas del Primer Cuerpo, ESMA y Campo de Mayo y las ex detenidas desaparecidas Delia Barrera y Graciela Daleo.

Yacobucci y García fueron los magistrados que dispusieron a fin del año pasado las excarcelaciones de unos veinte represores, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge Acosta. Esta semana, además, también se pronunciaron por la liberación de Miguel Clemens y Daniel Cuomo, otros dos integrantes del grupo de tareas de Massera. “Han sumado a la trama que ha hecho posible que hasta ahora los artífices del genocidio en la Argentina no hayan podido ser juzgados y, como recompensa, se les otorga la libertad con el riesgo inevitable de fuga y de obstruir el accionar de la Justicia”, dice el escrito que presentaron ante el Consejo de la Magistratura, donde serán recibidos hoy. Los denunciantes señalaron que están de acuerdo con que la libertad debe ser la norma en los procesos penales y la imposición de prisión la excepción, y manifestaron que si existía excepcionalidad en algún proceso penal, era en los que tratan sobre crímenes de lesa humanidad. Pero argumentaron que el cambio de criterio de la Cámara de Casación “no obedeció a la adopción de criterios a favor de la libertad, sino que se erigieron en acciones tendientes a sostener la impunidad de los genocidas o, en todo caso, a morigerar al máximo los efectos de la acción de la Justicia”.

“Sospechamos –y hemos confirmado– que el andamiaje jurídico montado para sostener que el derecho a la libertad es inmaculado, sería aplicado sólo en algunos casos. Las cárceles argentinas continúan abarrotadas de pobres y el 60 por ciento de su población se halla sin condena firme. Los sectores que se benefician son aquellos que ostentan poder económico, un posicionamiento de clase determinado o pertenecen a Fuerzas Armadas o de seguridad, nuestros torturadores y asesinos, que, a pesar de haber cometido los crímenes más graves que los argentinos tengamos conciencia, obtienen libertades”, aseguraron Yanzón, González Vivero, Barrera y Daleo. Además de la denuncia penal y la presentada ante el Consejo de la Magistratura, los abogados y sobrevivientes recusaron a Yacobucci en todas las causas vinculadas con crímenes de lesa humanidad. Se basaron en la información publicada por Página/12 acerca de que el juez fue columnista de la revista Cabildo, que reivindicaba los métodos de la dictadura, durante 1977 y 1978.