Alguien le cambió el nombre a la plaza Moreno, y ahora el cartel dice calle 51 y Julio López. Desde ahí salió ayer, como todos los días 18 desde hace treinta meses, la marcha que sigue reclamando lo mismo. “Estamos aquí porque no renunciamos a tu aparición con vida”, podía leerse en la bandera que encabezó la manifestación, con la foto del testigo que desapareció el día en que fue condenado el represor Miguel Etchecolatz. Mientras tanto, la causa no sale del pantano: el nuevo juez la delegó en la fiscalía y el fiscal Sergio Franco se negó a hacerse cargo del expediente.

“Cuando por primera vez se apuntaba al círculo de instigadores, ideólogos y ejecutores, otra vez la causa vuelve a quedar paralizada y errante entre los intrincados intereses judiciales, el silencio y la pasividad palpables del Poder Ejecutivo y la indiferencia ostensible del Legislativo”, expresaron los organismos de derechos humanos y sociales de Justicia Ya!, junto a Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Yasky, Víctor De Gennaro, Hugo Cañón, Madres Línea Fundadora, Familiares, Serpaj, Abuelas de Plaza de Mayo y un centenar de agrupaciones en una solicitada.

Cuando las primeras banderas empezaban a aparecer en la plaza, una reducida columna de Bruera Conducción y una más numerosa de Gloriosa JP-Escobar cruzaron rumbo al Teatro Argentino, donde estaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Más tarde la marcha debería desviarse por el doble vallado en su camino hacia la gobernación bonaerense. Los manifestantes por López se fueron acomodando en la vereda de la municipalidad platense, mientras enfrente, en la plaza, varias señoras se habían juntado “por la inseguridad”. “Acá no vinimos con carteles políticos, pero los que vienen y ven eso se van, lo hicieron a propósito el mismo día para confundir”, dijo una mujer indignada. “Unos vienen por López, otros por Cristina, otros por la muerte de policías, está todo mezclado”, resumía una muchacha dando cuenta de las variadas concentraciones que coincidieron ayer en el centro platense.

“De qué libertad de expresión hablan si ni siquiera podemos hacer nuestra marcha habitual. Y desde muchos medios fogonearon eso (señala enfrente), el pedido de venganza, de pena de muerte en un país donde ya está instaurada de hecho, por el gatillo fácil, las ejecuciones en las cárceles. Si quieren seguridad hablemos de otra cosa, de basta de hambre, basta de despidos, de justicia en serio. Nosotros pedimos juicio y castigo a los culpables de la desaparición de López”, sintetizó Nilda Eloy, sobreviviente y compañera de López en la reconstrucción de sus cautiverios. Eloy encabezó la marcha, junto a Adriana Calvo (AEDD), María Ester Tello (Madres de Plaza de Mayo LF), la abogada Guadalupe Godoy (LADH) y el dirigente José Montes, entre otros. “Yo sabía, yo sabía, los que tienen a López son los mismos genocidas”, vociferaba un manifestante con el altavoz. “Le decimos a la Presidenta que se acuerde de López, así no se respetan los derechos humanos, basta de doble discurso”, agregó cuando pasaron cerca del Teatro Argentino. Al final de la movilización por López marcharon su amigo Pastor Asuaje y su sobrino, Hugo Savegnago, quienes supieron acompañar al albañil cuando decidió contar ante la Justicia su secuestro y los tormentos que sufrió.

“La causa está en manos del gran bonete, con todo el dolor que implica. (El juez) Corazza se excusó por la denuncia de la familia o porque le convenía. (El juez) Blanco se la tiró al fiscal, porque es juez electoral y está muy ocupado, el fiscal se lavó las manos y el procurador confirmó que puede hacerlo”, se lamentó Eloy. El voluminoso expediente comenzó a estar a la deriva cuando el juez federal Arnaldo Corazza se apartó por la “violencia moral” que le provocó la denuncia de la familia López contra quienes no impidieron la desaparición del testigo. La recibió su colega Manuel Blanco, quien separó del caso a la secretaría especial para delitos de lesa humanidad que llevaba adelante la investigación y finalmente la delegó en la fiscalía de Sergio Franco. Este fiscal, que conoce bien el expediente, rechazó la delegación. Hubo gestiones ante la Procuración para que la investigación al menos quedara en manos de la unidad fiscal de derechos humanos, que integran Franco, Marcelo Molina y Carlos Dulau Dumm, pero fracasaron. El procurador Esteban Righi aceptó el apartamiento de Franco y no accedió a que el caso lo siguiera la unidad especial.

“Hubo que luchar tres meses para que la Justicia reconociera que fue un secuestro, un año para que la Procuración designara personal, un año y medio para apartar a la policía bonaerense y dos años para que el expediente pasara a una secretaría especial para delitos de lesa humanidad, y así algún funcionario judicial lo leyó completo y siguió las líneas que involucran a miembros de fuerzas de seguridad y militares”, dijeron los firmantes de la solicitada. Pero lamentaron que en ese momento, cuando por primera vez se apuntó hacia policías y militares, retirados y en actividad, el caso se estancara en los pasillos de Tribunales.