“El perro guardián del rebaño era un lobo que lo guardaba para su provecho.” La frase textual, en boca del fiscal Alejandro Varela, resumió la gravedad de los delitos que se le imputan y la actitud que la parte acusadora le atribuye al cura Julio César Grassi, para quien se pidió una condena a treinta años de prisión por diecisiete hechos de abuso sexual y corrupción de tres chicos que estaban a su cuidado. En el final del alegato –fueron más de 20 horas a lo largo de cinco días consecutivos–, los fiscales Varela y Carolina Rodríguez consideraron probadas “las 17 imputaciones que se le hicieron a Grassi” en perjuicio de “Gabriel”, “Ezequiel” y “Luis”, que siendo niños fueron abusados mientras estaban alojados en la Fundación Felices los Niños, con sede en la localidad bonaerense de Hurlingham. Los fiscales solicitaron a los jueces del Tribunal Oral 1 de Morón que, de haber una sentencia condenatoria, se ordene ese mismo día –el veredicto se conocería recién a mediados de mayo– la prisión preventiva efectiva de Grassi en forma inmediata, porque temen un intento de fuga del religioso.

Los fiscales, al pedir la pena, argumentaron que los delitos imputados tenían agravantes porque “las víctimas estaban al cuidado del acusado, por la condición de sacerdote de Grassi y también por el daño que le ha causado a la entidad que él mismo creó (Felices los Niños), que realmente ha ayudado a gran cantidad de chicos”. En el juicio, además de los 17 hechos que la fiscalía consideró probados, se presentaron otros tres casos nuevos de abuso en perjuicio de “Luis” y dos más que tuvieron como supuestas víctimas a otros dos niños. Los cinco hechos nuevos comenzaron a ser investigados y podrían dar lugar a un futuro juicio oral (ver aparte). Grassi, luego de escuchar el pedido de condena, habló con los medios y reiteró que es “totalmente inocente” (ver aparte).

El juicio oral contra Grassi no es público y ayer, por primera vez, la prensa pudo dialogar con los fiscales. Varela comentó que a lo largo del proceso, que lleva cerca de ocho meses, se han detectado algunas presiones, por parte del imputado Grassi, “a través de algunas visitas que hizo a la casa de testigos que estaban por declarar. Sobre uno de esos casos se ha dejado constancia en actas”. En otras ocasiones, los testigos concurrían a la casaquinta que Grassi alquila y que está ubicada frente a la sede de la Fundación, en Hurlingham. “Hay una coincidencia temporaria: nosotros anunciábamos la lista de testigos e inmediatamente el imputado se movilizaba hasta sus domicilios para hablar con ellos. No eran visitas casuales”, precisó el fiscal Varela.

El representante del Ministerio Público dijo que las pruebas más importantes contra Grassi “son varias”. Lo principal es que “los testimonios de las tres víctimas se han mantenido a lo largo del debate. También se han mantenido en su postura los peritos psicólogos y psiquiátricos que habían determinado que las víctimas no eran personas fabuladoras y tampoco estaban inventando una historia de abuso”. Con esas confirmaciones “más todas las pruebas que se colectaron acerca de cómo se manejaba el imputado dentro de la Fundación, fue que se mantuvo la acusación y se pidieron treinta años de prisión”.

Varela informó sobre la calificación legal de los hechos imputados a Grassi. Lo acusan de “corrupción para el caso de las tres víctimas” y por 17 hechos de “abuso sexual o abuso deshonesto” –la calificación varía según la gravedad de los casos– contra los tres chicos. El sacerdote también fue acusado por “amenazas agravadas contra una de las víctimas”. El perjudicado fue “Gabriel”, a quien Grassi, según se dijo en la acusación, lo amenazó con estas palabras si denunciaba los abusos: “Si vos llegás a contar algo, te meto en un instituto”.

Los fiscales, en un momento del alegato, refutaron una de las banderas de la defensa de Grassi: la teoría del complot. “Hubo varios complots que fueron planteados desde el inicio. El complot de Susana Giménez y Jorge ‘El Corcho’ Rodríguez, (Rodolfo) Galimberti y Jorge Born. El segundo complot era el de Canal 13 por puntos de rating. El tercero era el de Miriam Lewin por una cuestión ideológica. Después está el complot de los ex trabajadores de la Fundación (que corroboraron las denuncias contra Grassi), y luego vino el complot judicial junto con un medio de comunicación. Según la defensa, todo fue un gran complot, pero la realidad es que no hubo ninguno por parte de nadie. Los complots fueron inventados para sacar el punto clave de la investigación.”

Consultado por Página/12, Varela hizo una evaluación de la pericia psicológica y psiquiátrica que se le hizo a Grassi en la Justicia de Santa Cruz, en relación con una causa por un hecho más de abuso contra “Luis”, que será considerado en un juicio oral a realizarse en esa jurisdicción. Varela recordó que “ésa fue la única pericia a la que se sometió Grassi. El imputado se negó a todas las pericias en el juzgado de Morón. Primero pedía cámaras de filmación, después no las pedía. Luego dijo que en Morón no era confiable, que iba a hacerse en La Plata, pero en La Plata tampoco se la quiso hacer. Pedía que estuvieran los peritos de parte que no estaban, pero en definitiva pasaron dos o tres años y finalmente no se hizo ninguna pericia”.

Sobre el examen que se hizo en El Calafate, en la otra causa, opinó que si bien “no fue determinante, porque una pericia no determina ni autoría ni responsabilidad, sí sirvió para dar el perfil del imputado”. En esa pericia, los profesionales determinaron que Grassi tiene “el perfil del delincuente sexual”. Varela sorprendió ayer cuando aseguró que “ese perfil quedó demostrado a lo largo del juicio. El solo hecho de verlo a diario no hacía más que reflejar la pericia que se había hecho en El Calafate”. El fiscal dejó constancia, además, que “los peritos que hicieron ese trabajo son profesionales altamente calificados y especializados en estos temas”.

Cuando se le preguntó a Varela si la fiscalía teme que Grassi pueda darse a la fuga, respondió: “Es una posibilidad más y por eso pedimos que se convierta en prisión efectiva la sanción que pesa sobre él, con el fin de garantizar que, en el caso de que se dicte, se pueda hacer cumplir una condena”. En ese punto, los fiscales aclararon que lo que está cumpliendo Grassi “no es una prisión morigerada”.

El fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, en diálogo con Página/12, señaló que el sacerdote “nunca tuvo una prisión morigerada. El está con una libertad vigilada, de manera que, si se le dicta una condena efectiva, no puede solicitar que se le descuente el tiempo que estuvo bajo proceso, porque no fue una prisión preventiva ni una prisión morigerada. No fue prisión”, insistió Nieva Woodgate, que estuvo presente durante la conferencia de prensa que ofrecieron, luego de pedir la condena, los fiscales del juicio Varela y Rodríguez.

La causa contra Grassi se hizo pública el 20 de octubre de 2002, fue detenido cuatro días después y el 21 de noviembre, antes de cumplir un mes en prisión, lo procesaron bajo el régimen de libertad con restricciones. Ante una eventual condena, se cree que su defensa pediría que se compute todo el período que comenzó el 21 de noviembre de 2002 como si hubiera cumplido una “prisión morigerada”.

Respecto del pedido de condena, Nieva Woodgate explicó que se tuvo en cuenta el artículo 55 del Código Penal, que establece que cuando se cometen varios hechos reprimidos con una misma pena se puede aplicar “como mínimo el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos”. En este caso, según el Código Penal vigente al momento de los hechos, a Grassi se le podría aplicar una pena de hasta 37 años. Con el nuevo Código, que no corresponde en este caso, se podría llegar a los cincuenta años.