Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño (Casacidn) –organización querellante en la causa contra Grassi–, afirma que el pedido del fiscal ha sido “un reconocimiento para las víctimas”. En diálogo con Página/12, destaca que esos chicos siguen “presos”, porque están en un programa de protección de testigos, con custodia, a raíz de las amenazas que han sufrido, “mientras Grassi sigue libre”. Y sostiene que una condena ayudará a “prevenir otras situaciones de pedofilia” en instituciones que albergan niños y adolescentes.

–¿Le sorprendió el pedido de la fiscalía?

–Nos sorprendió gratamente. Nos pareció un pedido absolutamente justo, incluyo que haya solicitado la prisión preventiva de Grassi, porque falta muy poco para el final del juicio y existe riesgo de que se profugue: él se la pasa diciendo que no va a aceptar una condena. Pero, sobre todo, es un pedido justo por los chicos que fueron víctimas, es un reconocimiento para ellos, porque han creído en su palabra.

–¿Cómo recibieron ellos este pedido de la fiscalía?

–Estuvieron presentes en la audiencia. Le pregunté a Luis si estaba contento y me dijo que todavía no. Tiene razón. Todavía falta el veredicto de los jueces.

–¿Cuáles serían las consecuencias de una condena y cuáles las de una absolución?

–Para nosotros es una causa emblemática. Porque acá, además de Grassi, se está juzgando a toda una institución donde se favorecía que ocurrieran hechos como los que ocurrieron. Cada uno hacía lo que quería y el cura podía llevar a su cuarto a quien se le antojara. Es un sistema que no se condice con una institución religiosa ni con ninguna institución. Y que se repite en otras instituciones como el hogar que la Fundación Felices los Niños tiene en Chacarita o en otras instituciones. Si hay condena, será un reconocimiento para estos chicos, en términos de valorar que lo que han dicho es la verdad. Si el cura va preso, se pueden prevenir otras situaciones de pedofilia que hoy se pueden estar produciendo en el país. Pero si no hay condena, la vamos a seguir peleando. Vamos a llegar hasta la Corte Suprema si es necesario. Pero va a ser muy frustrante para las víctimas, les va a producir una conmoción negativa.

–¿Cuál es la situación de los jóvenes que han sido víctimas en este caso?

–Ha mejorado su situación personal, han sentido alivio al declarar, se sienten acompañados. Pero siguen estando “presos”, entre comillas, porque ellos están en un programa de testigos protegidos, viven con custodia, mientras el cura está libre y puede ir a un canal de televisión cuando quiera. La idea nuestra es seguirlos acompañando hasta que puedan mantener una vida normal. Que consigan un trabajo, que puedan estudiar.

–¿No han podido hacerlo hasta ahora?

–Luis está empezando a estudiar Derecho, es traductor de inglés. Tiene 25 años. Los otros dos chicos, no han podido, hasta ahora. Los tres han tenido problemas para relacionarse con una pareja, lo han expresado ante el tribunal.

–¿El caso Grassi no pone en tela de juicio, además, el sistema de encierro de chicos y adolescentes?

–El tema de la institucionalización de niños y adolescentes por razones sociales es muy grave, porque es una concepción del pasado que permanece en el presente. Argentina tiene la mejor ley de América latina, la 26.601, que crea los instrumentos adecuados para que no haya chicos encerrados por razones sociales.

–Pero no se cumple...

–Se está cumpliendo en parte, hay una fuerte voluntad política, aunque en la ciudad de Buenos Aires se ha retrocedido, han vuelto a institucionalizar chicos. Pero la secretaría nacional de Niñez ha ido cerrando instituciones. Es necesario un cambio cultural para fortalecer el vínculo de los chicos con sus familias o con otras familias.