Cuatro de cada diez habitantes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires opinan que la prioridad número uno del gobierno de Eduardo Duhalde debería ser “esclarecer y castigar hechos de corrupción económica”. Solucionar el corralito debería ser la obsesión presidencial para el 23,5 por ciento, mientras que el 30,9 por ciento piensa que el Presidente tendría que implementar planes de ayuda social como su principal objetivo. Los números podrían indicar una tendencia: que el corralito haya actuado como impulso inicial de los cacerolazos pero que éstos continúen ampliándose en composición y temas.
Los datos pertenecen a un estudio de opinión encarado por el Centro de Investigaciones en Estadística Aplicada de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, al que tuvo acceso exclusivo Página/12. El equipo, a cargo de Diego Brandy, tomó 645 casos.
La novedad del sondeo es que cruzó preguntas por la situación política con la condición particular de cada consultado respecto del sistema financiero, y para eso dividió a la población en solo deudor, solo ahorrista acorralado, acorralado y deudor y, en cuarto término, la franja que está fuera de los bancos.
La encuesta revela que los blancos de la irritación pertenecen más al Estado que al sector privado. Cuando el Centro preguntó contra quién debería hacerse el próximo cacerolazo, los dos puestos más altos quedaron para “los políticos en general” y para la Corte Suprema. Cada uno obtuvo un 31 por ciento de menciones. Siguieron los bancos con un 12,3 por ciento, el gobierno de Duhalde con el 8,1, las empresas privatizadas con el 5,1 y los que remarcan precios con el 4,8 por ciento.
¿Cómo se compaginan estas respuestas con el enojo visible de los argentinos contra los bancos? En otras palabras: un banco, ¿es menos blanco? Las encuestas no contestan todas las preguntas, pero sirven para explorar nuevos caminos de análisis. Podría pensarse que el sector privado aparece solo en apariencia como un culpable secundario. Es posible que parezca secundario solamente porque hoy la primera responsabilidad está depositada en los dirigentes políticos y los gobernantes. Que ese depósito (con perdón del corralito) haya sido efectuado en un sentido muy amplio queda probado por la ira que provoca la Corte Suprema como sinónimo de corrupción. Por otro lado, tal vez no sea incoherente el reclamo de esclarecimiento de la corrupción económica con el pedido de liberalización de depósitos. Puede ser que el corralito sea visto como un efecto de esa corrupción, y por eso el fastidio ante las maniobras de salida de divisas por filtraciones informativas desde la cúpula del poder y gracias a banqueros con actividad “lícita” en la Argentina como el Banco General de Negocios. Y puede ser, también, que la idea de corrupción económica se esté pareciendo cada vez más, en el imaginario popular, con la simple idea de economía.
Es interesante marcar que la Corte aparece como una reivindicación importante, en orden decreciente, primero para los deudores, luego para los acorralados, después para los acorralados-deudores y finalmente para los que están fuera del sistema.
Los acorralados y los acorralados y deudores son los menos sensibles a la necesidad de implementar ya planes de ayuda social, un tema que preocupa más a los solo deudores y a los que están fuera de los bancos.
¿Cómo incide la actitud anterior frente a la política con las preocupaciones actuales? El estudio tomó el voto positivo, por un lado, y por el otro el grupo del voto en blanco, el voluntariamente anulado y las abstenciones. Del grupo que en el 2001 quedó definido como “voto bronca”, el 46 por ciento quiere que el Gobierno ponga el acento en la corrupción económica, el 30 en la ayuda social y el 18,4 en el corralito. Pero no puede decirse que el tipo de voto en las últimas elecciones defina actitudes sustancialmente distintas frente a la crisis actual.
Sobre la influencia de España y de los Estados Unidos, un 25,7 por ciento piensa que los españoles están boicoteando al país, y un muy superior 37,9 piensa lo mismo de la posición norteamericana. Poco más del 7 por ciento opina que ambos Estados ayudan a la Argentina.