Con la resaca del cacerolazo a cuestas, el Gobierno se dedicó ayer a analizar las consecuencias del día después. La coincidencia generalizada en los hombres que participaron de diversos brainstormings realizados en Olivos y/o teléfono mediante es que La Protesta (como gran causa del insomnio oficial) está construida de un entramado de difícil resolución. Si bien en los despachos oficiales campea mayoritariamente un pragmatismo que lleva a pensar que con acciones de gobierno rápidas y acertadas los reclamos podrían desarticularse, hay también en el Gobierno quien atisba un sombrío panorama: ven en los cacerolazos, los escraches y la violencia –por pequeña que sea– condiciones propicias para un autoritarismo que se derramaría en la Argentina si ocurriese alguna desgracia mayor, como un baño de sangre en enfrentamientos o en un hipotético resurgimiento de los saqueos. El quiebre del contrato social y el fin de la política como mediación en el sistema democrático es la esencia última –consciente o inconsciente– que se cuece en los fondos de cada marmita de clase media.
El discurso en torno a la incomprensible represión desatada anteanoche en la Plaza de Mayo y en la 9 de Julio, que terminó con 68 detenidos, se cerró alrededor del tándem formado por el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, y el presidente, Eduardo Duhalde. Ellos y todos los funcionarios que orbitaron dicho eje machacaron que la Policía Federal reaccionó ante los ataques de pequeños grupos que los agredieron con una logística casera de combate callejero: petardos atados a encendedores, bulones y fierros punzantes lanzados a modo de boleadoras. La teoría, dijo Alvarez, está documentada en las filmaciones de los canales de TV y en cintas grabadas por el Departamento de Asuntos Internos de la propia policía.
Sólo una frase metió ruido en ese discurso, dicha por el propio Alvarez en una conferencia de prensa que ofreció ayer, flanqueado por el jefe de la Federal, comisario Roberto Giacomino. “Estuvimos viendo las filmaciones y monitoreando el operativo con el juez Juan (José) Galeano. No queda claro si hubo un accionar policial que pudo haber sido considerado como un exceso”, dijo el ex intendente de Hurlingham. Otro secretario de Estado dijo a Página/12 que las palabras de Alvarez respondieron a su preocupación por evitar alguna autonomía policial que podría haber perjudicado al Gobierno. “Si se comete algún exceso, hay que actuar rápidamente contra quien lo cometa”, había ordenado Alvarez a la cúpula policial antes de la marcha.
Gran parte del Gobierno descartó que las balas de goma y los gases lacrimógenos puedan servir para que sea menos amargo gestionar en medio de la protesta generalizada aunque, lógicamente, todos coincidieron en que sería más fácil gobernar sin caceroleros que con ellos.
No obstante, las sonoras marmitas existen, Y hay quien cree, incluso en el Gobierno, que no se irán por mucho tiempo. He ahí la expresión del quiebre de la mediación de la política. Uno de los hombres más cercanos al Presidente desglosó para este diario la visión oficial sobre los componentes de la queja social de la siguiente manera:
Económico: básicamente el corralito financiero, del cual participan fuertemente los sectores medios.
Legal: la exigencia de cambio de la Corte Suprema.
Político: apunta a toda la dirigencia política, a la falta de procesos anticorrupción, a la falta de representatividad.
El funcionario confió que el Gobierno debate fuertemente cuál de estos elementos es el más importante, a fin de volcar los mayores esfuerzos para su resolución. Y dio su visión personal. “Para mí el más importante es el político. Supongamos que resolvemos el corralito, supongamos que cambiamos la Corte. Entonces van a aparecer otros elementos para continuar con la protesta. Este es un tema de representación política y básicamente de quiebre de la institucionalidad democrática”, ensayó. Y rápidamente, aclaró: “Quienes pensamos así en el Gobierno somos bastante pocos”.
Un ministro consultado expuso ante Página/12 su opinión, antitética a la anterior. “La cuestión es generar política, y actuar rápidamente. Quienes hoy te cacerolean, mañana te apoyarán si hacés las cosas bien. Pero el asunto es que el Presidente muestre que tiene al toro por las astas, que gobierna y avanza. Y rápidamente”, dijo.
Otro ministro, menos apasionado en la exposición y con más dudas en las chances de resolución, casi sin querer coincidió con el primer funcionario citado más arriba: “Si el Gobierno arregla lo del corralito es muy probable que, al día siguiente, le hagan otro cacerolazo a la Corte; si cambia la Corte, es muy probable que sigan insultando a los políticos por la calle. Lo que hay que hacer, hay que hacerlo ya, y todo a la vez”.
Tal insistencia con la rapidez sintoniza con la decisión oficial de acelerar los plazos. A partir de esta semana, se pondrán en marcha varios tramos del plan social (ver reportaje a Hilda de Duhalde en páginas 4 y 5), se enviará al Congreso la ley de reforma política, que será consensuada con los gobernadores, mientras se trata de finiquitar el presupuesto 2002 y definir el plan económico.
La presión social aprieta en el Gobierno y particularmente en el pecho del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov. “Algo hay que entregarle a la gente. Cicerón decía que el pueblo se escucha más en la arena del circo que en el mármol del Senado”, refirió un estrecho colaborador de Duhalde, cita que es metáfora de las presiones que llueven sobre el titular del Palacio de Hacienda para acelerar los plazos. Algo de eso escuchó ayer Remes en la reunión que mantuvo en Olivos con Duhalde, el ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, el jefe de la Unidad Presidencial José Pampuro, el asesor Luis Verdi, el vocero Eduardo Amadeo y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Pero el funcionario exhumó a Cicerón para referirse, además, a lo que ve como una pesadilla en ciernes. La síntesis de su pensamiento es la siguiente: “Este es un duro mensaje para toda la dirigencia política. Si hubiera un emergente, canalizaría la protesta y se terminaría, pero no lo hay. Me parece que detrás de esto hay una incipiente insubordinación, sin ideología pero que tributa a los sectores más regresivos de la sociedad, que pueden terminar con el modelo político de la democracia. Este es el problema que rápidamente tendría que ver la dirigencia política. Algo hay que hacer con la Corte, hay que ir rápidamente a una brutal reforma política porque, si la protesta se acentúa, la posibilidad de ir a elecciones anticipadas no se puede descartar. Estamos en la cuerda floja y podemos caernos en un gobierno autoritario. Veo que las instancias democráticas se están consumiendo muy rápidamente en cada cacerolazo; lo que aparenta a ser una protesta genuina, representativa, honesta, tiene un fondo donde subyace la posibilidad de terminar con el sistema democrático”. Apocalíptico.
El mosaico de la protesta se agudiza en los sectores excluidos del sistema. La preocupación del Gobierno sobre este segmento –una de cuyas expresiones comienza hoy una marcha desde La Matanza a la Capital– no disminuye pero se atenúa. Las organizaciones piqueteras son viejas conocidas de la mayoría de los funcionarios del Gobierno, ya que los más provienen del peronismo bonaerense, epicentro de los cortes de rutas. Precisamente el nivel de organización que se dieron los desocupados permite al oficialismo sentarse con interlocutores sólidos y legitimados por sus representados. “Son sensatos y cuando consiguen lo que buscan se retiran. Quizás quien más golpeado de todos ellos esté en este momento, quien más haya perdido con nosotros es (Luis) D’Elía (dirigente de La Matanza); no así (Juan Carlos) Alderete (de la CCC, también de La Matanza)”, dijo a este diario un secretario de Estado que los conoce largamente de su gestión en la provincia.
Un paneo sobre este escenario abre el interrogante sobre su resolución y qué lugar ocupará la represión en este desenlace. “En ningún tipo de protesta, la de los pobres y la de la clase media, nos sirve reprimir paradesarticular, no podemos desarmar el quilombo por el lado del miedo. Por ejemplo, en la provincia, varios intendentes pedían que no les demos planes, que les saquemos todo a los desocupados que cortan rutas. Pero mejor es negociar, porque con ellos se puede hablar. Lo de la plaza de anoche venía bien, la gente se estaba yendo, era para descorchar champán. Después estalló todo. Pero no fue premeditado”, dijo una de las fuentes citadas anteriormente.
Todo el Gobierno coincide con este argumento. Pero en el caceroleo de anteanoche hubo menos niños, y fue menos numeroso, en la Capital Federal, que los anteriores. Es cierto: gobernar es más fácil sin cacerolas que con ellas.