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Palabras y contextos

Por Julio Raffo *

El Frente Justicialista para la Victoria publicó recientemente en Página/12 una solicitada defendiendo las candidaturas de los que se presentan para no asumir, en la cual se compara la conducta de sus candidatos con la de Macri en 2007 y las de De la Rúa y Rosa Graciela Castagnuolo de Fernández Meijide en 1998. Pero no nos dejemos embarullar, la comparación realizada respecto de las candidaturas trampa es groseramente incorrecta. El abc de toda interpretación legal para resolver un caso enseña que las palabras de las normas no son el único dato relevante a tener en cuenta, sino que hay que armonizar en esas palabras su sentido semántico y su sentido axiológico con las circunstancias del caso y el sentido que esas circunstancias expresan.

Hay una larga tradición política en el país por la cual personas que no detentaban cargo alguno se postulaban para un cargo que ciertamente no obtendrían, a la vez que se presentaban para un cargo en el cual sí podrían alcanzar. Alfredo Palacios en diversas oportunidades fue, a la vez, candidato a presidente y a diputado o senador; en ese caso y en aquellas circunstancias estaba claro que no había engaño para nadie: se sabía que no habría posibilidad ninguna que el líder socialista tuviese que optar realmente entre ambos cargos. Este tipo de ejemplo no tiene nada que ver con el caso del señor Scioli, quien detenta un cargo y tienen certeza de que será elegido para otro.

También hay una tradición en el país y en el mundo por la cual personas que tienen un cargo político de menor peso que otro aspiren a ascender en la escala del poder y se postulen para ello. Por ser propio de la naturaleza humana el querer progresar, la sociedad y el derecho dan por descontado que, en el caso de ser electo, el aspirante renunciará al cargo menor para asumir el más importante. Y eso es lo que hizo el señor Obama en los EE.UU. e hicieron numerosos políticos en nuestro país sin que nadie se sorprendiera o escandalizara.

Lo que aquí escandaliza es que un gobernador en ejercicio se postule para un cargo de mucho menor peso político, a la vez que se nos haya dicho que se trata de candidaturas testimoniales y que la vocación por asumir el cargo de diputado es eventual y no una decisión firme en el día de hoy. Si al senador Obama le hubiesen preguntado: ¿Usted renunciará a ser senador en caso de ser electo presidente?, no tengamos ninguna duda de que la pregunta hubiese sonado como un sinsentido, a la vez que la respuesta habría sido categóricamente afirmativa y no un confuso circunloquio.

Pero al tratarse de un obvio descenso en la cursus honorum político (porque y por si no lo sabe el Frente Justicialista para la Victoria el ser gobernador de la provincia de Buenos Aires es mucho más importante que ser diputado nacional), las circunstancias del caso y el discurso ambiguo, que es parte de esa circunstancia, nos hacen comprender sin lugar a dudas cuál es el sentido objetivo de esas candidaturas: se trata de un ardid para contener a la tropa dentro del redil y para inducir a engaño al elector.

Si el Frente Justicialista tuviese algo de peronismo podría haber invocado el precedente de la candidatura claramente testimonial de Juan Perón a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 1962. Candidatura que, en las circunstancias del caso de aquellos tiempos, tenía un sentido de desafío a la proscripción y no de maniobra electoral.

* Profesor de Interpretación de la Ley en la Facultad de Derecho (UBA); candidato a legislador porteño por Proyecto Sur.

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Plebiscito y después

Por María Pía López *

Singular momento de la política argentina el que vivimos. Capaz de arrastrar entusiasmos y enojos, alegrías y angustias como en pocos otros momentos. Quizá por el carácter plebiscitario que ha tomado luego de la derrota del proyecto gubernamental, el año pasado, de imponer retenciones móviles al agro. Si en aquel julio fue mellada la decisión del Gobierno pero también puesta en duda su legitimidad, este junio es vivido por muchos como instancia de redención de la debilidad anterior o como índice de agotamiento de un ciclo histórico. De allí el carácter plebiscitario que tiñe una elección legislativa: se trata menos de multiplicar las voces parlamentarias que de procurar una relegitimación de un gobierno que atravesó una crisis profunda al proponer una medida que suponía aspectos redistributivos y que fue confrontada con una inédita movilización de recursos económicos y mediáticos.

El kirchnerismo surgió de una crisis profundísima de las instituciones partidarias y de los modos de cohesión social del siglo XX. Hizo su diferencia en la lectura de esa crisis y, a contrapelo de la historia previa, construyó su legitimidad sobre dos enunciados: el de la prohibición de la represión a la movilización popular y el de la necesaria justicia frente a los hechos del pasado. La legitimidad fue menos electoral –las urnas habían arrojado un escuálido porcentaje y el otro candidato evitó una segunda vuelta que lo acrecentaría– que simbólica y política. Legitimidad que provino, a la vez, de una diferencia por izquierda y de la aspiración atemorizada de grandes sectores del electorado de reconstituir un orden. Contradictorios sentimientos, sin dudas: el uno lleva a sus cultores a la espera de una profundización de los cambios, el otro a la exigencia de una gobernabilidad sustentada en el respeto de las jerarquías que organizan la vida social. En 2008 lo que había sido confluencia y relativa tolerancia estalló y puede esperarse que lo que surja de ese estallido sea una línea del peronismo capaz de gobernar sin oleajes excesivos. Un moderado resultado electoral, en el que las listas oficialistas obtengan una primera minoría sin brillo, abona el sendero de esta reorganización del orden.

Las elecciones entonces plebiscitan al Gobierno también como opción dentro del peronismo que confluye en las listas. En ese contexto es necesario que los actos electorales, esta vez despojados de su carácter de rutinas burocráticas para aparecer como momento político relevante, otorguen la legitimidad para ahondar la diferencia y no allanen el camino para una retirada ordenada. La ley de servicios audiovisuales es quizás el primer objeto en el que se juegan las alternativas. Pero la diferencia no es sólo un acto de un príncipe virtuoso, es lo que surge de los movimientos explícitos y soterrados de una sociedad siempre conmovida. Por eso, importa tanto el conteo del 28 como los encuentros que se puedan producir desde el 29, incluso con aquellos que no perciben este momento como plebiscitario y prefieren apostar a organizaciones políticas que sostengan parte del programa del Gobierno pero no su sistema de alianzas. Es el caso de gran parte de la CTA, sin cuyo concurso será difícil pensar en el ahondamiento de la diferencia, en políticas de reparación y de redistribución.

Voy a contar mis ilusiones de este momento político: un gran resultado electoral de las listas oficialistas y un día después hecho de enlaces, conflictos y palabras, de activismo y de reflexión. Un día después en el que, como ocurrió en 2003, se reconstituya la legitimidad sobre la base de la recuperación de los valores e ideas que habían procurado las minorías activas durante los años anteriores. ¿O no ha sido la diferencia, precisamente, el acto de esa recuperación, como ocurrió con los enunciados del movimiento de derechos humanos? La diferencia, entonces, podrá persistir si un grupo político legitimado electoralmente –como es necesario que ocurra– puede seguir pesquisando el mapa de la vida social para hacer suyos o para expandir lo mejor de lo que allí surja. Ocurrió, insisto, respecto de cómo tratar la memoria y la justicia respecto de la dictadura. Ocurrió, también, con la idea de no represión y la inauguración de una conversación tensa con las organizaciones de desocupados. Ocurrió eso en la elaboración de un proyecto de ley de medios sobre la base de los debates que algunos grupos culturales habían realizado, muchas veces desde la universidad pública. Ocurrió y debe seguir ocurriendo, en una sociedad cuyas tendencias más profundas parecen de un tenaz conservadurismo, en una sociedad atenazada por un securitismo de derecha que tiene en los medios de comunicación agitadores eficientes, en una sociedad que, aun cuando pueda votar a las listas oficialistas el 28, está surcada por temores y angustias. Por eso el conflicto no es ni un énfasis innecesario de la vida política ni se agota en el plebiscito electoral: es el ánimo necesario con el cual debemos recorrer los próximos años de la Argentina.

* Ensayista, docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).