Entró a las 7.30, intentando demostrarse libre de cargo (no de culpa), y salió acompañado o custodiado por dos uniformados, con un piloto claro cubriéndole el rostro de las cámaras y un par de esposas sujetándole las muñecas por delante. En el medio, Martín Murguía, productor de Mauro Viale, lloró y explicó al juez Arnaldo Corazza que, por la promesa de “algo así como una primicia”, había proporcionado el teléfono de los Echarri a Germán Ferrand Luna, uno de los detenidos en el caso que durante una semana concentró la atención de todo el país, incluido el mismo Murguía. El joven productor se transformó así en el décimo detenido. No está claro cuál será el delito que se le imputa. Algunos especialistas sostienen que puede ser acusado de encubrimiento, delito excarcelable con penas que van de los 6 meses a los 3 años de prisión. Otros consideran que “más que inmoralidad no se le puede imputar ningún delito penal”. Hoy, Murguía junto a los dos últimos detenidos deberá prestarse a una rueda de reconocimiento ante Antonio Echarri.
Después de la resolución altamente favorable del caso Echarri (Antonio apareció con vida y se recuperó casi el total del rescate), todos las expectativas se concentraron sobre el prófugo de lujo con que contaba el caso: desde el 4 de noviembre pasado, Martín Murguía, de 20 años e hijo del contador de Mauro Viale, era buscado por orden del juez federal Arnaldo Corazza, tras la declaración de Germán Ferrand Luna, uno de los primeros detenidos.
Ferrand Luna había afirmado que el número de teléfono de los Echarri se lo había proporcionado Murguía. Ambos habían trabado contacto cuando el joven lo invitó a uno de los programas que Viale conducía en América, para describir con el rostro cubierto por un pasamontañas todas las recetas de los secuestros extorsivos. Según esa misma declaración, el martes 29 de octubre (cuando Antonio seguía cautivo), Ferrand llamó a Murguía y le pidió el teléfono a cambio de una primicia. Ayer, el productor admitió ante el juez que no tenía el número y que se lo pidió a una colega (que será citada próximamente), y luego se lo entregó a Ferrand.
Su abogado, Alejandro Vecchi, explicó las circunstancias al término de la indagatoria, cuando Murguía ya había salido cubierto y con las muñecas juntas rumbo a alguna comisaría. La explicación fue un salvavidas (en lo penal) de plomo (en lo profesional). “No tiene nada que ver con los secuestradores, (Murguía) es un trabajador, un periodista”, dijo Vecchi con una particular óptica del trabajo y del periodismo. “Lo que hizo lo hizo para obtener algo así como una primicia”.
Vecchi destacó que “él (Murguía) admitió que se equivocó al darle el teléfono, está arrepentido por no haber dado la información a la Justicia o a la policía. Pero en aquel momento todos estaban en vilo por la suerte del señor Echarri y él había creído la posibilidad de conocer el paradero o estar cerca de conocerlo”. También sostuvo que cuando su cliente se enteró de que su contacto (Ferrand Luna) había sido detenido, “se asustó mucho y desapareció, le dijeron que no era un delito excarcelable, que no tiene eximición de prisión y se desesperó. Pero lo que hizo lo hizo con el ánimo de hacer algo bueno”, insistió Vecchi.
El “algo bueno” a que se refería Vecchi viene a ser el “algo así como una primicia”. Ayer, una vez que quedó detenido, las hipótesis sobre la suerte del productor fueron de lo más variadas. Según el abogado penalista Pablo Jacoby, “podría invocarse el artículo 277, inciso 1, que trata sobre el encubrimiento, si se prueba que ayudó al autor del delito al aportar el teléfono. Después empiezan las consideraciones para determinar si era o no consciente de lo que significaba”. El artículo 277 inciso 1 dice que “será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años, el que, sin promesa anterior al delito, ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo”.
–¿Puede alegar que no sabía para qué le pedían el número?
–Sí, pero no era el teléfono de cualquiera, era el de Echarri, y no se lo pedía la Paramount para hacer un formidable guión de una película.
En cambio, para el penalista Marcelo Parrilli, “más allá de lo horrible de toda su actuación profesional, no se le puede imputar delito alguno. El (Murguía) dio el teléfono y puede decir que no sabía para qué”.
–¿Siendo periodista puede alegar desconocimiento, cuando sabía que le daba a un delincuente el teléfono de la persona más buscada en el país?
–Como delito no existe. Si eran los secuestradores, él puede alegar que no sabía que lo eran. Si no eran los secuestradores, pero pertenecían a la misma banda, que haya dado el teléfono es irrelevante porque la banda ya lo tenía (ya habían negociado antes del llamado de Ferrand). Cuando le prometieron una primicia, ¿primicia de qué? El puede decir que suponía que dio el teléfono creyendo que esa persona, merced a los mejores contactos que tenía en el ambiente, se enteraría antes que él de la liberación. Como no es funcionario público no está obligado a denunciar el delito. Lo único que queda es que lo que hizo es una inmoralidad periodísticamente hablando.
Fuera de la variedad de imputaciones, hoy Antonio Echarri intentará determinar en rueda de reconocimientos, si Murguía y los últimos dos detenidos (Claudio Martínez y Adrián Isidro Godoy) formaban parte de la banda que lo tenía cautivo. Desde ayer, el juez Arnaldo Corazza dispone de diez días para definir la situación del polémico productor de la cabeza cubierta y las muñecas juntas.