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A los ponchazos, improvisando sobre la marcha, el Gobierno se puso al hombro la iniciativa política y abrió todos los grifos del afamado diálogo, que la oposición demandaba como si fuera un elixir mágico. A partir de los cincuenta partidos con representación en el Congreso nacional, la Presidencia enumeró un abanico de instituciones, incluidas las informales del movimiento social, que serán invitadas a conversar con los inquilinos de la Casa Rosada. Estarán chamuyando unos con los otros durante meses, si es que aguantan.

Desde los primeros pasos, los ministros más flexibles del Gobierno tuvieron que hacer intensivas prácticas de negociación porque los invitados quieren la chancha y los veinte, mientras que al Ejecutivo todavía le falta decidir cuánto quiere conceder en cada punto de la extensa agenda. En los hechos, el arco opositor pretende convertir al régimen de extremo presidencialismo en uno parlamentario, de manera que las negociaciones y decisiones salgan facturadas del Congreso y el Poder Ejecutivo actuaría como una escribanía de la producción legislativa. La oposición pide que cancelen las retenciones agropecuarias, para quedar bien con el campo, y que aumenten los gastos públicos, si bien ninguno dice de dónde saldrán los recursos para cobrar menos y gastar más.

Es difícil imaginarse hasta cuándo resistirá el diálogo, la presión de los que van a buscar un sistema de cogobierno que reduce el rol ejecutivo a su mínima expresión. Los Kirchner no van a aceptar el “ninguneo” sin abandonar sus cargos, una salida que nadie quiere, excepto algunos grupos poderosos pero minoritarios. En ese cuadro, las partes a lo sumo podrían aceptar una articulación distinta a la actual –con más Congreso, sin desconocer al Ejecutivo–, pero desde ya tendrán que atemperar el entusiasmo parlamentarista desenfrenado. Entidades como “la Mesa de Enlace” quieren todavía más: no sólo todo el poder al Congreso, sino además hacerle la agenda a diputados y senadores en el salón de algún hotel.

Los políticos ansiosos de reconocimiento mediático, los que quieren salir todos los días en la foto y los que debutan como ganadores, prestan la cara para todos esos tironeos de intereses particulares, sin advertir que están muy cerca de defraudar a los votantes. Los ciudadanos quieren que se pongan de acuerdo para resolver los problemas cotidianos que agobian a las familias, sobre todo a las más pobres (aunque las que más se quejan son las de clase media).

La fragmentación del poder en las urnas, mediante el recurso de no darle mayoría aplastante a ninguno, pudo ser para obligarlos a negociar, pero no hay indicios en la voluntad popular de darle cheques en blanco a ningún candidato ni a reemplazar líderes de un día para el otro. El que quiera pasar de jefe a líder tendrá que demostrar primero la capacidad de atender las reivindicaciones populares, ya que los votos vienen y van como las golondrinas. No será fácil demostrar esos resultados si, en lugar de trabajar para encontrar soluciones, gastan el tiempo en reuniones que sólo se justifican para la foto.

La mayoría de los comentaristas consideró que los comicios del 28 de junio expresaron descontento político con la manera de hacer las cosas desde el Gobierno, pero le han prestado poca atención a los factores económico-sociales en juego. Algunos analistas de buena pluma exageraron a tal punto la visión sesgada que faltó poco para asegurar que los problemas de Kirchner deberían atenderse en terapia psicológica. Los que desconfían del diálogo sostienen que un político puede cambiar muchas cosas, menos el temperamento.

En la dimensión económica hay datos para tener en cuenta: buena parte de las clases medias están fastidiadas porque se achicó la disponibilidad para el gasto y se detuvo el ascenso social que habían incentivado los años anteriores de crecimiento “a lo chino”. La clase obrera de nuevo pierde escuadrones enteros en el oceáno de la pobreza y en muy poco tiempo las estadísticas de origen universitario indicaron un crecimiento a la inversa: salvo los ricos, el resto de la población baja su nivel en lugar de subirlo. A estas horas, las voces más serias hablan de un 35 (ni el 40 ni el 29) por ciento de la población bajo la línea de pobreza y es posible que el tobogán no se detenga fácil, puesto que las repercusiones de la recesión mundial golpean los flancos de la economía nacional y reducen el ingreso fiscal de manera que no hay subsidios suficientes para financiar a empresas en apuros, aumentar las obras públicas y bajar los impuestos.

A lo mejor por comparación con la situación de cada uno, causó impacto la difusión de las riquezas de los Kirchner que, justo en este período, crecieron de un modo asombroso. La prensa amarilla, siempre en busca de escándalos, convirtió el dato en fuente de innumerables sospechas de corrupción y abuso, a pesar de que el matrimonio presentó las cifras sin ocultar la buena fortuna y exponiéndose, tras el traspié electoral, a tirar la honra a los perros. Sería bueno someter al mismo escrutinio las declaraciones juradas de los otros líderes políticos, novatos y veteranos, si es que las presentaron.

Los Kirchner son ricos y han seguido la suerte de los de su misma condición. Una de las frustraciones de estos seis años, sobre todo durante los de vacas gordas, es que la distancia entre ricos y pobres se amplió en vez de achicarse y ahora mide más o menos tres veces el porcentaje que registraba durante el último gobierno de Perón, en los años ’70. Es posible que los presidentes (él y ella) no quisieran esa injusta distribución de la riqueza, pero en su afán de crear una burguesía nacional que sustituya a las transnacionales que coparon la economía en los años ’90, y la forma progresiva y lenta de trasladar beneficios a los más pobres, por vía de la creación de empleos, dieron resultados distintos a los que anunciaron.

Las correcciones ahora son casi imposibles, debido a la situación internacional y a la propia debilidad del Gobierno. Los cambios que propone la oposición en el diálogo no buscan crear más empleos (¿creerán que el campo es dador de empleos?), sino calmar a los que mejores lobbies tienen, en primer lugar “la Mesa de Enlace”. Luego tienen demandas institucionales –cancelar los superpoderes, modificar el Consejo de la Magistratura que fue un proyecto de la senadora Cristina, y una variedad de objetivos similares– cuya finalidad primera es, a primera vista, humillar la capacidad de mando de las actuales autoridades.

Cuando se examinan con detalle las posiciones conocidas hasta ahora, en lugar de consensos lo que se encuentra son desafíos a la negociación desde posiciones cerradas a cal y canto. El coro político, casi sin excepción, no está dispuesto a deponer banderas o emblemas –tampoco el Gobierno prescinde del vilipendiado secretario de Comercio– a favor del interés y el bienestar de las mayorías.

En estas condiciones, todas las dudas sobre el diálogo son justificadas y, sin embargo, es preferible montar la escena política de una ciudadanía que discute antes que el barullo de una pelea de perros.