El Gobierno decidió ayer suspender temporariamente los aumentos en los consumos domiciliarios de luz (en el área metropolitana y en el Gran La Plata) y de gas (en todo el servicio por red a nivel nacional), lo que obligará a las distribuidoras de ambos servicios a refacturar el servicio. Para el bimestre junio-julio se recalcularán las boletas como si el cargo del gas o el nuevo cuadro tarifario para las eléctricas (a partir del aumento de octubre pasado) no hubiesen existido. De haber efectuado el pago, el cliente percibirá la diferencia resultante en la próxima factura. Para agosto-septiembre sólo se pagará un 30 por ciento del ajuste, ya que el Estado mantiene el 70 por ciento del subsidio que venía a reemplazar el aumento del valor final para el usuario. Pero a partir de octubre recuperan plena vigencia las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo que explicaron los ajustes resistidos. Este viraje provisorio fue explicado ayer por Julio De Vido en la Comisión de Energía de Diputados, adonde también asistieron el secretario de Energía, Daniel Cameron, los titulares de entes reguladores y otros funcionarios. La medida provisoria anunciada en ese escenario no conformó a la oposición, que apenas terminó el cónclave produjo dos dictámenes contrarios a la política tarifaria en curso.

“Fue una orden de la Presidenta”, coincidieron tanto Cameron como De Vido a la hora de explicar la decisión de desactivar los controvertidos aumentos. La medida, que hasta anoche no tenía forma legal precisa, le costará al Estado 493 millones de pesos: lo que no se recauda por las tarifas, lo aportan las arcas públicas. Ese dinero va a mejorar la remuneración de las generadoras de electricidad y las productoras de gas. Y a cubrir la importación de combustible que hace Enarsa o Cammesa.

El Gobierno se comprometió a enviar hoy un instructivo a las empresas para que corrijan la facturación en función del nuevo criterio. Pero ya es un hecho que para el servicio prestado en junio y julio tendrán que rehacer las boletas y devolver en la próxima al usuario el importe que hubiera pagado de más, no en efectivo, sino como un crédito: sin el cargo, en el caso del gas, y con la tarifa vigente en septiembre pasado, en el caso de la energía eléctrica. Eso supone también revisar las penalizaciones (Puree, en caso de electricidad), ya que éstas se fijan en base al precio de la energía que paga cada usuario.

Quedan en una zona gris quienes ya recibieron su factura con los nuevos valores (quienes consumen más de 1800 metros cúbicos al año de gas o más de 1000 kilowatt/hora de suministro eléctrico en el bimestre), pero aún no la pagaron. Si lo hacen, luego recuperarían el importe “mal facturado” en la próxima boleta. Pero también pueden pedir en la oficina comercial correspondiente que les haga el recálculo de lo que deben pagar, invocando el amparo dispuesto a instancias del defensor del Pueblo y de estas nuevas pautas.

Para los meses de agosto y septiembre se suprime el 70 por ciento de aquellos conceptos, que vuelven a regir plenamente a partir del décimo mes del año. Justamente, el ministro de Planificación ayer ratificó la vigencia del decreto 2067, que crea el cargo sobre el gas, así como la recomposición en las tarifas eléctricas. Las boletas que causaron tanta reacción son producto de aplicar decisiones adoptadas hace más de diez meses por el Gobierno, en acuerdo con todas las empresas concesionarias de la cadena energética. Más que errores en la forma de facturar, parece haber fallado el cálculo sobre el impacto político que tendría aplicarlas. “Vimos la enorme cantidad de reclamos que se produjeron en las últimas semanas, en función de la mala evaluación del mercado eléctrico hecha por las concesionarias, que nos llevó a realizar una segmentación que en principio contemplaba que en estos meses iban a tener un nivel de consumo menor”, responsabilizó De Vido. “Esta mala evaluación estuvo basada en que la gente ha utilizado en forma masiva la energía eléctrica para calefaccionarse”, añadió el ministro.

El pecado de las distribuidoras eléctricas, según sugiere el titular de Planificación, fue no alertar al Gobierno de que aplicar una carga progresiva sobre los consumidores (pagan más los que más consumen) traería aparejado un problema de esta magnitud. “Viendo la foto de cómo estaba el consumo, igualmente facturaron sin elevar la inquietud para poder analizar en conjunto esto”, reprochó el funcionario a Edenor, Edesur y Edelap.

Pero la lógica del sistema diseñado sobrevivirá intacta, al menos por ahora. Cameron ayer defendió ante los diputados el camino seguido por el Gobierno para recomponer los precios de la energía, del mismo modo que lo hace su jefe, quien en una entrevista a un matutino destacó que “solamente quienes consumen más de 2800 kwh bimestrales están pagando los costos reales que exigen la producción, el transporte y la distribución de energía”. Ese es justamente el problema. Hay una brecha entre los costos de producción y las tarifas finales que el Estado trata de contener. Hasta ahora, con subsidios. De ahora en más, con el aporte de los consumidores presuntamente más pudientes.

La oficialista titular de la Comisión de Energía de Diputados, Roxana Bertone, desarticuló rápido la reunión en la que ayer irrumpió De Vido sin previo aviso. Pero el radical chaqueño Carlos Ulrich, vicepresidente primero de ese cuerpo, después de que se retiraran las visitas logró dos dictámenes adversos. Uno que pide la derogación definitiva del aumento en las tarifas eléctricas y otro que plantea lo propio con el cargo gasífero. Esos pronunciamientos tendrán que pasar ahora la difícil prueba de la Comisión de Presupuesto, donde el oficialismo tiene mayoría.