Se han cometido y se siguen cometiendo crímenes en nombre de la ley de drogas. Crímenes que tienen como culpable a la policía, aunque no siempre se denuncian, y que comienzan con una requisa ilegal, con una prueba plantada o porque alguien es encontrado con un porro en la calle. Son, en su mayoría, casos en los que se aplica la figura que pena la “tenencia de estupefacientes para consumo personal”, un castigo que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación el martes pasado. Como señaló una investigación de la asociación Intercambios y la Universidad de Buenos Aires, el 70 por ciento de los causas de drogas en los últimos veinte años fueron contra consumidores, en su mayoría jóvenes, que llevaban menos de cinco gramos de marihuana o cocaína. Son las víctimas de una norma que por primera vez desde su sanción tiene buenas chances de ser modificada.

Ayer, luego de que se conociera el fallo de la Corte sobre el tema, se divulgó uno de estos crímenes que tiene como protagonista a David, un joven universitario que reclama una indemnización millonaria al Estado por “el delincuente que contrató para cuidar la vida y los bienes de los ciudadanos”, tal como define al policía bonaerense implicado el abogado del joven, José Vega. David fue detenido por un patrullero mientras manejaba y luego de requisarlo ilegalmente le secuestraron un porro. El hecho ocurrió en San Isidro hace cinco años, él tenía 18, y no se lo llevaron preso. Le dijeron que tenía una causa por tenencia, que lo iban a citar.

“Esa citación nunca llegó”, dijo su abogado. “Tres años después, en un operativo de control, piden sus antecedentes y aparece un pedido de captura por rebeldía del Juzgado Federal de San Martín 1 por no haberse presentado. El pensó que se había acabado esa causa”, detalló Vega. Fue el principio del calvario. Ese día, el 3 de febrero de 2007, David fue llevado a la comisaría tercera de Boulogne, partido de San Isidro, y lo dejaron incomunicado en los calabozos.

Según relató David, no bien llegó de la revisión médica de rutina durante la madrugada del día siguiente, un agente le ordenó aguardar en un baño separado de las celdas por una reja. El joven vestía solo ropa interior, pero el lugar estaba aislado de los demás detenidos, a excepción de “El Cabezón”, cuya celda no tenía candado. Era uno de los beneficios de los que gozaba dentro de la comisaría a la que había llegado procesado, luego de pasar por varias unidades penitencias.

El Cabezón le pidió al guardia que fuera a traer hielo y se acercó al David con un palo de escoba con una “faca” en la punta. “¿Así que sos antichorro? Yo soy chorro y vos vas a ser gato mío. Vení, puto, dame las zapatillas, dame las cosas”, dijo Juárez metiendo la faca a través de la reja. Luego lo obligó a darse vuelta y le decía “qué linda cola tenés”, mientras lo manoseaba. Al otro día lo violó, a la vista de uno de los guardias, que supuestamente dormía.

El relato y los diálogos surgen de la sentencia emitida ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Isidro que condenó al “Cabezón” Juárez a 23 años de prisión “por abuso sexual agravado por acceso carnal y por uso de arma, en concurso con el robo de la ropa”. En el fallo se ordena una nueva investigación contra el guardia que no lo custodió. David no fue la única víctima de violación en la cárcel a partir de una causa por tenencia de drogas. Hubo otros casos, como el de una joven pareja detenida cerca de la cancha de San Lorenzo en el 2000.

Según surge del expediente, dos policías les plantaron cocaína, golpearon salvajemente al hombre y más tarde, en la Comisaría 32ª de Parque Patricios, la mujer fue violada por un oficial en su celda. El uniformado la amenazó diciendo que si hablaba iba a poner un kilo de cocaína en el auto y no volvería a ver ni a su hija ni a su marido. El hecho fue constatado por varias pericias médicas, pero la pareja denunció la golpiza y no la violación, que no pudo ser investigada por tratarse de un delito de instancia privada (es decir, sólo puede hacérselo si la víctima está de acuerdo).

En ambos casos, las víctimas estuvieron poco tiempo encerradas, lo suficiente como para sufrir los abusos mencionados antes de que un juez los liberara, como suele pasar en la mayoría de las causas por tenencia de drogas para consumo. Sin embargo, no todos los jueces actúan de este modo. Es lo que les pasó a Fernando Oscar Rodríguez y a su hijo Fernando Emanuel que salieron en libertad el 27 de mayo del año pasado luego de estar 115 días presos en una alcaidía salteña. Ambos fueron detenidos luego de un allanamiento a la casa paterna. Aunque era evidente que las plantas de cannabis sativa y la piedra de porro prensado que portaba el hijo eran para consumo personal, fueron acusados de traficar marihuana “para fumar, comer y beber”.

El operativo estuvo a cargo de la División Operaciones de Drogas Peligrosas de Salta capital y según el acta se secuestraron tres plantas, tres plantines, dos recipientes con las flores de cannabis y un frasco en el que la marihuana “estaba siendo sometida a una etapa de maceramiento con licor o alcohol”, supuestamente, “para potenciar la droga y beberla”. Fernando tenía además 29 gramos de prensado que pensaba llevar a un viaje por el Iruyá. El padre, un ingeniero y profesor de Física devenido en reparador de electrodomésticos, había permitido que su hijo cultivara para que no les comprara los narcos.

La denuncia fue anónima y la inteligencia policial consistió en sacar fotos del jardín desde la casa de un vecino. Con las imágenes de esas seis plantas consiguieron la orden de allanamiento. El juez denegó la excarcelación porque estaban acusados de tráfico y recién con el cambio de carátula a “tenencia para consumo personal” lograron abandonar la alcaidía, donde conocieron el desamparo de mulas y paqueros. Ambos siguen procesados.

Durante el encierro, Fernando Emanuel Rodríguez, de 23 años, hizo difundir una carta titulada “Desde un pequeño infierno al que temporariamente llamo ‘casa’”. Allí precisaba: “La injusticia que hoy me agarra las pelotas podría haberle pasado a cualquiera. Acá la realidad que se vive, aparte del problema social que recae en ello, es que están volteando a todos los de abajo que tengan o no algo que ver, pero te incriminan igual”.

Esto último puede ser comprobado fácilmente. Página/12 se contactó con una abogada que trabaja en una asociación que defiende a gente en situación de calle. Antes de hablar, la mujer pidió reserva de su identidad así como la de su asociación. “Sacamos muchos chicos pobres de las comisarías, si se publican mis datos puede que se complique la próxima vez que vaya a una comisaría”, explicó. Entre la decena de casos de chicos y chicas demoradas y torturadas por poseer drogas, la abogada recordó el un joven bonaerense de 14 años, que mendigaba en la estación Constitución y tenía su familia en Gerli, partido de Avellaneda.

“Venía de un hogar muy vulnerable, tenía siete hermanos y el papá los había abandonado. Dormía en la calle y a veces volvía a su casa. Lo agarraron una noche, en el 2004. Estaba fumando porro con otros chicos en situación de calle en San Telmo. Se los llevaron a todos a la comisaría cuarta y el chico recibió una paliza. Le pegaron tanto que se los mismos policías tuvieron que llevarlo al hospital”, recordó la abogada. Cuando llegó, los médicos se dieron cuenta de que la situación era grave. Le habían roto parte de los intestinos y tuvieron que operarlo de urgencia.

El chico se salvó y los médicos denunciaron los ocurrido. “No estoy segura de cómo terminó la causa contra la policía, lo que sé es que el chico volvió a la calle y ahora está preso en un pabellón de jóvenes adultos en Ezeiza. Y no por tenencia de drogas”, comentó la fuente. Peor suerte tuvo Germán Medina, un chico de 16 años que llegó a la Justicia por tenencia de marihuana y luego de recorrer varios institutos de menores y comunidades terapéuticas, falleció en febrero de 2007, supuestamente ahorcado, en una celda del Instituto Rocca. Una pericia posterior comprobó que Medina había sido violado en ese instituto.

Entre las demandas por daños y perjuicios como la comentada en el primer caso, el de David, hay una muy peculiar. Es la que tiene como protagonista a Walter Marcelo Anderson, que vive en Florida, partido de Vicente López. En enero de 1994, el protagonista de esta historia residía en la ciudad de Pontevedra, España, y envió a Argentina varios regalos para un amigo íntimo, sus hijos y su esposa.

“En esa oportunidad y sin medir las consecuencias que podría producir en este país, incluí sesenta y ocho gramos de hachís. Debo destacar que lo hice como una broma”, comenta Anderson en la demanda. El envío fue detectado por la Dirección General de Aduanas de la Argentina y conllevó un trámite judicial. El acusado se presentó en la Comisaría de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, y allí supo que había un pedido de captura internacional en su contra. Fue detenido de inmediato y estuvo 45 días encerrado, quedando a disposición del juez Baltasar Garzón.

El magistrado español denegó la extradición, aclarando que el delito cometido había sido en España y no en Argentina. Luego decretó la libertad provisional y dos años más tarde fue sobreseído. Del otro lado del océano no se presentaron recursos, ni quejas, Anderson se creyó definitivamente libre. Ocho años después, en 2004, viajó desde España a Foz de Iguazú, en Brasil. Antes de regresar, cruzó la frontera de Argentina para saludar a algunos familiares y en Migraciones le informaron que su pedido de captura se encontraba vigente.

Lo trasladaron a Buenos Aires, por disposición del juez federal Vidal Durán, y quedó preso en el cárcel de Devoto. “A esta grave situación de detención improcedente, se sumaba otra, que resulta también trascendental considerar para poder determinar mis padecimientos, era y soy enfermo de HIV sida”, aclaró en la demanda. Con la enfermedad a cuestas, sufrió el hacinamiento y las peleas hasta que lo trasladaron a un pabellón para enfermos donde debió dormir en el piso, como el resto.

“No se me administraba medicación alguna”, aseguró Anderson, quien agregó que tampoco dejaron que su familia se la enviara. Luego lo derivaron a Marcos Paz, en medio de una fuerte recaída en su salud. “Transcurridos once meses de detención se me realizó un análisis que determinó que la carga viral y CD4 era preocupante, como consecuencia directa de la falta de tratamiento”, aseguró. Salió vivo de milagro, tras estar casi tres años esperando el juicio. El propio fiscal tuvo que pedirle perdón porque no había nada que juzgar.