[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“Los funcionarios permitieron que estos bancos vaciaran las reservas del Central y el costo fue que los pobres perdieran todo.” A esta conclusión llegó la jueza federal María Servini de Cubría, según relató a Página/12 uno de sus allegados, y decidió llamar a indagatoria al ex presidente de esa entidad Roque Maccarone en la investigación por la fuga de dinero durante el corralito. En los allanamientos realizados la semana pasada al Banco General de Negocios (BGN) Servini secuestró biblioratos correspondientes a depósitos a plazo fijo de más de 500 clientes “ricos y famosos” que sacaron sus ahorros del país después del 3 de diciembre, cuando entró en vigencia la restricción bancaria. Los técnicos que trabajan en el juzgado llevan analizada la mitad de las operaciones pero ya determinaron que salieron 76 millones de dólares. Estos depositantes VIP, entre los que se encuentra el ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, habrían puesto a resguardo su efectivo en el exterior con transferencias de hasta 1 millón y no inferiores a 15 mil dólares. Y algunos incluso pudieron hacerlo antes del corralito porque habrían sido avisados por personas influyentes. Al respecto, Página/12 pudo saber que la Justicia maneja un indicio: algunos jueces de la Corte Suprema se habrían encargado de “avisar a los amigos”. Martínez de Hoz y otros 120 clientes del BGN fueron citados a declarar, por presunto encubrimiento. Mientras tanto, el presidente del BGN José “Puchi” Rohm permanece prófugo. Está acusado de asociación ilícita y subversión económica al igual que su hermano Carlos, que sigue detenido.
“Los bancos dijeron que no tenían dinero y por otro lado descubrimos que lo entregaron ocultando las maniobras”, describió a este diario una alta fuente del juzgado. “En el contexto actual del país esto es subversión económica y asociación ilícita”, concluyó. El fiscales del caso Luis Comparatore solicitó que, además de Maccarone, sea llamado a indagatoria el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo. Aunque accedió a indagar, la jueza fue más cauta con Cavallo. “Hay que establecer primero en qué condiciones fue otorgado en diciembre un redescuento (préstamo) de 35 millones al BGN y si Cavallo estaba al tanto”, indicó la fuente consultada. Servini estableció que el Banco Central otorgó redescuentos a otros bancos estatales y privados, pero por ahora está dedicada al BGN.
Comparatore sostuvo que los ex funcionarios “no resultarían ajenos a los hechos que se investigan por la íntima relación de las funciones que desempeñaron con la hecatombe económica financiera provocada por las medidas que adoptaron”. El fiscal sugirió que la diputada del ARI Elisa Carrió debería dar su testimonio, dado que aportó datos esenciales en el caso. La diputada Graciela Ocaña, también del ARI, denunció que habría existido un mecanismo ilegal de fuga de dinero antes y después del corralito.
La investigación judicial, cuya tarea de inteligencia previa estuvo en manos de la SIDE, detectó un circuito mediante el cual “se constituían los plazos fijos en el país pero quedaba constancia de que se realizaban en Uruguay”. Fue allanada una imprenta y secuestraron formularios en blanco y recibos de todo tipo de operaciones bancarias con dirección en Montevideo. Los investigadores entienden que esto demuestra la intención de eludir los controles del Banco Central. Además de dos habitaciones colmadas de documentación y una dependencia del BGN que está clausurada con custodia también poseen las instrucciones por escrito que recibieron los empleados del BGN para sacar del país la plata de sus clientes. En principio determinaron que el destino fue una empresa panameña y bancos suizos.
“Dimos con una impresionante ingeniería financiera que funciona desde 1991”, comentó la fuente. Los técnicos bajo las órdenes de Servini pudieron armar una operación tipo: a través de una planilla de computación compararon los saldos de un cliente a lo largo de diciembre. A mediados de ese mes aparece una transferencia al Banco Comercial de Uruguay y luego un pase a una “cuenta puente” en el exterior. La prueba final es una copiacarbónica de un certificado de depósito efectuado en una empresa extranjera. Entonces, del BGN de Buenos Aires el dinero pasaba a la Compañía General de Negocios (CGN, también de los Rohm) en Uruguay. De allí algunas transferencias iban a la Compañía General de Mandatos, en donde intervenía el prófugo Carlos Pando, y otras al Banco Comercial de Uruguay.
Por ahora los indagados VIP convocados son 120 y desfilarán por los Tribunales Federales de Retiro hasta el 15 de febrero. La conductora Cecilia Zuberbühler, Jorge Pereyra de Olazábal, María Teresa Blaquier, Carolina Calvo Woodgate de Anchorena e Ignacio Keller Sarmiento son algunos de los citados. “Son muchos de la Guía Azul”, comentó la fuente en referencia al origen aristocrático de la mayoría de los imputados. Martínez de Hoz está vinculado a los negocios de los Rohm a través de la empresa Química Estrella. Pero también sacó dinero: el 7 de enero logró transferir a través del BGN 75 mil dólares.
Servini de Cubría libró una nueva orden de detención contra José Rohm, que se encontraría en los Estados Unidos, por los delitos de “subversión económica, asociación ilícita y contrabando de divisas. Su hermano Carlos está acusado de los mismos delitos y permanece detenido en dependencias de la Prefectura. Continúa imputado, aunque excarcelado, Rufino Basavilbaso de Alvear, apoderado de la CGN, al igual que otros cuatro directivos.