Al igual que María Eugenia Estenssoro, Eric Calcagno es periodista. En su caso, defiende el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual y asegura que los cambios que reclama la oposición no son necesarios. “Esto es un capri-cho de este gobierno. Esta ley tiene un consenso social mucho más importante que el que se deja ver.”

–La oposición considera que las dos cuestiones centrales a modificar del proyecto son la integración de la autoridad de aplicación y el artículo que establece el plazo de un año para que las empresas dominantes se desprendan de algunos medios para adecuarse a la nueva normativa. ¿Ha evaluado el oficialismo algún cambio sobre estos temas?

–Nosotros vamos a defender la media sanción de Diputados porque además nos parece que la autoridad de aplicación es similar a la que se da en otros países. En el caso de Francia son 9 personas: 3 nombrados por el presidente, 3 por la Cámara de Diputados y 3 por el Senado. En el caso de que el oficialismo tenga las dos presidencias de las cámaras, sería una configuración mucho más observable desde el punto de vista de la oposición. Además tal cosa no existe, nosotros lo vamos a crear. Creo que la autoridad de aplicación va en un camino similar al de la Corte Suprema. Decir que “no, porque el oficialismo va a tener mayoría”, es un ejercicio de futurología.

–También se plantea que los integrantes de la autoridad de aplicación no van a ser elegidos como los integrantes de la Corte Suprema, por audiencias públicas.

–La cuestión de fondo es si la agenda política la van a fijar los partidos políticos o si lo van a hacer las corporaciones, creo que esa es la discusión. También la estrategia de la oposición ha sido un debate sobre los procedimientos: “Dos comisiones no, cuatro”. Ahora tenemos cuatro, además de las audiencias con capacidad de repregunta y sin límites de horario.

–¿Y el plazo para las empresas?

–Creo que el plazo de un año es correcto y razonable. Cuando fue el plazo en Estados Unidos con la telefónica, con la ATT, que se separó en siete compañías, tardaron dos años. Estamos hablando de una complejidad y envergadura de una situación en EE.UU., que sin embargo se pudo hacer. Algunos plantean la inconstitucionalidad de la medida según los plazos que tengan las empresas.

–Hay cuestionamientos sobre la “retroactividad” de la ley, que no respeta los “derechos adquiridos”.

–No debería haber ningún problema en la legalidad de la nueva ley. Este es el nuevo marco y una transición en el mapa comunicacional, es un cambio de paradigma, puesto que vamos a tener las emisoras públicas y las privadas con y sin fines de lucro. Este tipo de panorama, que ha sido reconocido por el relator de la ONU, Frank La Rue, como un verdadero ejemplo de la participación de la sociedad civil en la posibilidad de comunicar, es reconocer una clara finalidad y lazo social. No se trata de quitarle pantalla o éter a nadie, sino de que haya más voces y más independencia.

–Un argumento recurrente es que estas nuevas emisoras estarán condicionadas a la pauta oficial para subsistir.

–La exposición del representante de Farco (radios comunitarias) ante el plenario de senadores señaló que el reparto oficial para esas radios fue de 32 mil pesos, es decir que no van a dejar de existir de acuerdo a la pauta del Estado que reciban. También aclaró que la pauta privada era de siete mil millones de pesos y que la pública no llega ni al diez por ciento de eso. Hay que ver cómo funciona la publicidad privada y hasta cuándo un periodista puede ser realmente independiente. Eso ya forma parte de la profesión y debe ser motivo de otra ley.

–¿No dependerían, según su alcance, de las pautas publicitarias de gobernaciones y municipios?

–Creo que hay una idea de que se van a distribuir licencias por favores políticos y eso no es real. La sociedad argentina es rica y compleja, y en ese marco también va a querer expresar su opinión a nivel local, provincial o regional. Se construye un relato casi orwelliano, que “esta ley va a hacer que haya un montón de medios que respondan a una misma voz”. Es una fantasía, un sueño oscuro, una utopía negativa que está alejada absolutamente de la letra de la ley. Al contrario, la mejor garantía es que hay una pluralidad de voces. Si tenemos pocas voces, y esas voces son con fines de lucro, estamos hablando de empresas y siguen las leyes del funcionamiento económico y muchas veces, en esas leyes, hay fenómenos de posición dominante y cartelización. Nosotros queremos que la construcción de la realidad sea mucho más completa. Si no, lo que no se ve y lo que no se oye no existe.

–¿Usted adhiere a que los medios que hoy transmiten en cadena tengan también un 70 por ciento de producción local en aquellos lugares hasta donde llegan con su mensaje?

–Una vez llegué a Resistencia, Chaco, y vi en una retransmisión cómo estaba el tránsito en la Capital Federal. Se reproducía el mismo esquema centro-periferia que los países desarrollados hacen con el resto del mundo. Que se refleje la situación local va a contribuir a construir un espejo de esas realidades locales, que muchas veces no son tomadas en cuenta.

–¿Qué opina de las campañas publicitarias de algunos medios que dicen que sus voces no van a ser escuchadas con la nueva ley o que algunos podrían desaparecer?

–Son condicionales, “podrían”: es futurología. Es una línea más emocional que reflexiva. Es cierto que hay medios de comunicación que tal vez llevan una lógica devoradora de noticias que nos hacen vivir en un presente perpetuo. Los tiempos que plantean los medios existentes no son los tiempos que precisa uno de los poderes del Estado, como es el Congreso, para reflexionar.

–¿Pero pueden desaparecer?

–No, no. Es una cuestión de respeto con la ley. La ley plantea multiplicar las voces, no disminuirlas.

–Algunos sectores que respaldaron en general la ley en Diputados plantearon ampliar el plazo de un año para desprenderse de ciertas licencias, pero también garantizar la continuidad laboral en esos medios. ¿Usted concuerda?

–La ley apunta, más que al mantenimiento, a la creación de una mayor cantidad de puestos de trabajo. Un año es un tiempo razonable para la adecuación. También esta es una estrategia de la oposición de decir hay que plantear tres años, especulando tal vez con un cambio de gobierno o que la ley pase a las calendas griegas.

–¿Tiene que ser este Gobierno o puede ser otro el que aplique la ley?

–No es un tema de tiempos. Esta ley lo que hace es establecer la supremacía de la política por sobre una definición de la agenda económica y social fijada por corporaciones. Desde 1983 que la cuestión mediática de la Argentina es objeto de discusión, motivo de posicionamiento y realmente una línea divisoria, de las tantas que hay en la sociedad.

–También existen sospechas sobre que esta ley sería una actitud revanchista hacia algún grupo monopólico.

–Hay un relato de buenos y malos, y que esto es un capricho de este Gobierno. Esta ley tiene un consenso social mucho más importante que el que se deja ver. Esto trasciende la anécdota, no hay que empequeñecer lo grande y engrandecer lo pequeño.