María Eugenia Estenssoro, senadora de la Coalición Cívica por la ciudad de Buenos Aires, está en desacuerdo con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para ella, no se trata de hacer modificaciones sino del espíritu de la iniciativa, que, a su entender, “es un proyecto donde el Estado tiene un ánimo de enorme control de los medios”.

–El senador Ernesto Sanz, presidente del bloque radical, ha dicho que si se modifica la autoridad de aplicación y el artículo 161 (el plazo para que las empresas se adecuen a la nueva normativa), votaría la ley. ¿Usted opina lo mismo?

–No es lo mismo que he hablado con el senador Gerardo Morales (presidente la de la UCR), que me dijo que ideológicamente no está de acuerdo con este proyecto, porque es un proyecto donde el Estado tiene un ánimo de enorme control de los medios. Cuando en realidad son los medios los que deben controlar al Estado. Yo coincido con este punto. Los medios son el vehículo a través del cual los ciudadanos pueden controlar a sus gobernantes. Los gobernantes no son los que pueden tutelar la opinión pública y decirle a la gente lo que tienen que pensar y quién puede dice tal cosa...

–Pero estamos hablando de empresas y de su regulación.

–La regulación de las licencias, de que todo se ajuste a ley, a la Constitución y regulaciones técnicas. Exigir a las empresas comerciales que transmiten en cadena que deban producir localmente contenidos, que me parece bien, es difícil de sustentar económicamente. El canal público también tendría que tener corresponsalías y producir contenidos locales porque tiene una gran ventaja, que se financia con fondos públicos y no depende de la publicidad comercial, y se puede dar lujos que los que dependen de la actividad comercial no pueden. Por eso sorprende que haya tantas exigencias para los privados.

–¿Está de acuerdo o no con que haya una nueva ley de Radiodifusión?

–Yo presenté un proyecto de ley para modificar el artículo 96, que en vez de seguir con un Comfer intervenido y discrecional –que permite de repente fusiones de empresas que ahora parecen que son monopólicas, pero hasta antes de ayer no– tuviéramos una autoridad de aplicación que fuera plural, democrática, lo más autónoma posible, y un organismo del Estado, no del partido dominante. No me parece que cualquier ley de la democracia sea buena, y si esta ley del Gobierno se sanciona sin modificaciones, voy a insistir para que se modifiquen artículos clave como la autoridad de aplicación y que no defina los límites de la publicidad oficial, porque si no vamos a tener un monocolor estatal y paraestatal.

–¿Considera que en la actualidad hay grupos monopólicos en los medios de comunicación?

–Creo que tienen posición dominante y que si este gobierno hubiera cumplido con la Ley de Defensa de la Competencia, hoy no habría el grado de concentración que hay en el sector del cable. O el otorgamiento de licencia de Radio Diez, durante el gobierno de (Carlos) Menem, que pertenecía a Radio Municipal, una radio pública, que me gustaría que se restituya a la ciudad de Buenos Aires. O que haya medios que son enteramente de propietarios extranjeros, cuando la Ley de Bienes Culturales no lo permite, es porque los intereses de los gobernantes hacen que no se cumplan las leyes.

–¿Esta ley sería un avance o no?

–Para mí no, porque el ciudadano es el dueño de la información y es el que puede investigar y controlar al gobernante. En las democracias, como las que conocemos hoy, son los medios de comunicación los que cumplen ese rol.

–¿Pero esto no está sobredimensionado, por ejemplo, con la inacción de otros organismos del Estado como la Justicia?

–No, los medios tienen un gran rol, como lo hicieron con el crimen de José Luis Cabezas, si no hoy (Alfredo) Yabrán sería dueño de un medio de comunicación; en Catamarca con el asesinato de María Soledad Morales, con el asesinato de (Maximiliano) Kosteki y (Dario) Santillán, a través de los fotógrafos. Pero no pasa lo mismo con los medios del gobierno de turno.

–El Grupo Uno en Mendoza boicoteó la transmisión directa de Canal 7, que no podía ser visto si no era por la señal del cable de su propiedad.

–No sé cómo habrá sido, pero me parece increíble que Canal 7 no haya podido retransmitir con su antena propia, debe ser porque el Gobierno no ha hecho cumplir la ley.

–¿Cómo tendría que estar conformada la autoridad de aplicación?

–Que la autoridad sea autónoma. Ahora, de los siete miembros cinco son afines al gobierno.

–El proyecto plantea que habrá dos miembros designados por el Ejecutivo, una representación parlamentaria para las tres primeras fuerzas políticas y el Consejo Federal tendrá dos representantes, uno de los cuales debe pertenecer al ámbito académico.

–Si el Consejo Federal lo definen los gobernadores, ya sabemos cuál va a ser el color político. Y van a buscar un académico que tenga afinidad con este gobierno.

–El titular del Comfer, Gabriel Mariotto, afirmó que no existe antecedente internacional donde la autoridad de aplicación no esté en manos del Ejecutivo y nadie de la oposición lo ha refutado.

–Sí, pero debe establecerse por audiencias públicas y con autorización del Senado y acá no hay nada de eso. En el proyecto también se establece que puedan ser removidos y me parece muy importante que no puedan ser removidos porque al Gobierno no le guste lo que piensan. Esto va a estar supervisado por el Consejo Federal y no por el Congreso, me parece anticonstitucional.

–¿Está de acuerdo con el reparto en partes iguales para el sector público, y los privados con y sin fines de lucro?

–Me parece muy bien que se le asigne al sector sin fines de lucro acceso a las licencias que no sea igual que los que tienen fines comerciales. Es mucho para el Estado y los privados sin fines de lucro. Lo importante no es el reparto sino el contenido, porque si el Estado y los comunitarios no mejoran nadie los va a ver.

–¿No le parece prematuro juzgar el contenido que puedan tener los futuros licenciatarios?

–No me parece que los comunitarios deban competir con los de carácter comercial. Las cuotas así, tan rígidas, no lo veo necesario.

–¿Cuál es el plazo que, a su criterio, deberían tener las empresas monopólicas para desprenderse de algunos de sus activos?

–De tres a cinco años sería un plazo razonable y despejaría las susceptibilidades que lo que se quiere hacer es rematar los medios actuales y que en un año los amigos del Gobierno se queden con los medios. Además estamos en una recesión, evidentemente también daña el valor al que se van a vender los medios y los que van a poder comprar son los que tengan un financiamiento con ayuda del Gobierno.

–Usted reconoció que muchas de las empresas han adquirido bienes en forma irregular, ¿por qué tanta preocupación por las empresas?

–Tiene que haber normas claras, donde no haya favoritismos ni revanchas, que sean viables y sustentables económicamente. No sustentados por el Gobierno, porque si no van a ser oficialistas.

–¿La ley tendría que resguardar también las fuentes laborales?

–No, no se puede poner una cláusula. Tenemos que hacer una ley que garantice que va a haber más y no menos trabajo.