¿Cómo fue que un conflicto por despidos se transformó en un expediente judicial, que una fábrica de alimentos estuvo un mes con más policías adentro que obreros, y que todo derivó en un violento desalojo con balazos, gases, caballos, perros y “maniobras de disuasión” de la Bonaerense? ¿En qué momento las partes agotaron la negociación laboral e intervino la Justicia penal? ¿Cómo hicieron los 162 despedidos de Kraft (ex Terrabusi) para sostener la toma de la planta por más de un mes sin el apoyo de su sindicato? ¿Cuáles son los puestos de trabajo que la empresa se comprometió a mantener? ¿Por qué los funcionarios dicen que no pudieron frenar el operativo represivo que habían estado pidiendo la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) y la UIA (Unión Industrial Argentina), y terminaron pagando el costo político?

Todo comenzó el 3 de julio, cuando los trabajadores y trabajadoras de la ex Terrabusi hicieron un paro en reclamo de medidas de salubridad e higiene por la pandemia de gripe A. “Pedíamos que desinfectaran la fábrica porque había compañeros enfermos, la empresa respondió que iba a cerrar al jardín maternal, pero no les dio licencia a las madres, que no tenían dónde dejar a sus bebés. Se pusieron duros y no querían dar el asueto correspondiente con tal de sacar la producción. Después del paro les dieron la licencia, se dictó la conciliación obligatoria y el ministerio intervino obligando a la empresa a que dejara faltar a las personas con problemas respiratorios, a que les pagara a las madres esos días de licencia”, relató Gisella Floret, del sector de chocolates.

“El lunes 17 terminó la conciliación obligatoria y al día siguiente mandaron los telegramas de despido. Se sacaron de encima a los que les molestaban, dieron de baja a los gremialistas y a toda la gente que se ponía al frente para reclamar porque quieren implementar el sistema americano de doce horas de trabajo, que ya impusieron en San Luis, y así reducir un turno. Dicen que antes de recibir a esta gente, que marcaron a dedo, prefieren pagar multas”, agregó. La comisión interna, liderada por el histórico delegado Ramón Bogado, avaló esta interpretación con un dato: despidieron gente de todos los turnos, cuando el paro lo hizo el turno tarde. “La empresa nos trató de delincuentes, dijo que tomamos de rehenes a los de administración, que no podían salir por el paro”, agregó la trabajadora despedida. “La situación en la planta era desesperante, no se trabajaba, la empresa no les daba comida a los despedidos y nosotros les donamos nuestros bonos. Acampamos todos adentro”, describió sobre aquel momento del conflicto.

El 20 de agosto empezaron a recibir apoyo de otras fábricas, como Pepsico y Stani, y cortaron la Panamericana, como habían hecho en 2007. Al día siguiente volvieron a cortarla, a pesar de que la Gendarmería quiso impedirlo. El sábado 22 y domingo 23 se realizaron los primeros de sucesivos festivales artísticos solidarios, recibieron la adhesión de los docentes de Suteba y el dibujante Rep les mandó un dibujo.

El 25 de agosto el Ministerio de Trabajo dictó una nueva conciliación obligatoria, por lo cual los obreros se presentaron a trabajar. A las seis, cuando cruzaron la reja perimetral, se encontraron con decenas de policías, y a los despedidos los llevaron a un quincho donde les proyectaron el video El orgullo de ser Kraft, sin dejarlos salir ni tener contacto con sus compañeros. “La idea era empezar un operativo ablande como se hizo en General Motors con el famoso Chevy Club y al final de la conciliación proceder al despido de los que verdaderamente les molesten”, denunció la comisión interna. El 26 volvieron a parar la producción y esa semana recibieron el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y organismos de derechos humanos.

El viernes 4 de septiembre la empresa dio asueto, lo cual fue denunciado por los trabajadores como lockout (paro patronal). Estaba por terminar el plazo de una nueva conciliación obligatoria y el lunes 7 se presentaron a cumplir sus tareas, pero sólo pudo entrar a la planta de Pacheco un grupo de despedidos y delegados. La policía estaba adentro de la fábrica y reprimió con balas de goma a los empleados que hacían ruido contra la reja. Adentro los uniformados intentaron detener a miembros de la comisión interna, pero sus compañeros respondieron con una batahola de sillas y bandejas para impedirlo. El Ministerio de Trabajo se comprometió a investigar lo sucedido y convocó a las partes a una mesa de diálogo. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudió la represión.

Esa semana los familiares de los despedidos se manifiestan frente a la quinta de Olivos y comenzaron las marchas en Capital de agrupaciones estudiantiles y universitarias. Hubo nuevos cortes de la Panamericana, el escritor Osvaldo Bayer se pronunció a favor de los trabajadores, hubo marchas en Rosario, Bahía Blanca y Quilmes, y se solidarizaron los obreros de Zanon. El 15 marcharon a la Embajada de Estados Unidos. Víctor Hugo Morales difundió detalles del conflicto y dos pibes irrumpieron en el programa Justo a tiempo, que conduce Julián Weich, para reclamar por los despedidos. Jorge Zorreguieta, presidente de la Copal, fue repudiado por instar al Gobierno a reprimir para desalojar la fábrica.

Esta semana el clima se recalentó con los dos cortes de la Panamericana. Las declaraciones del titular del gremio de la alimentación, Rodolfo Daer, y del líder de la CGT, Hugo Moyano, que afirmaron que el conflicto está “ideologizado”, contribuyeron a aislar a los obreros de Kraft. Sin embargo, los despedidos sostuvieron casi 40 días de toma, con actividad productiva sólo en dos jornadas, porque contaron con el apoyo mayoritario del resto de los trabajadores que conservan sus puestos. Por la denuncia de ocupación que hizo la empresa, la fiscal Laura Capra intentó desde el primer momento concretar el desalojo. La Cámara de San Isidro dijo que el poder político debía instar a las partes al diálogo, pero advirtió que si no se concretaba esa negociación procedería a darle la razón a la fiscal. No fue necesario, porque el viernes lo hizo el juez Ricardo Costa.

Los voceros de Kraft desmintieron haber acudido a la Embajada de los Estados Unidos. Tanto la Justicia como el gobierno nacional dejaron en manos del gobernador Daniel Scioli la resolución del conflicto, que a todas luces fracasó. Y ordenó a la Bonaerense ponerse a disposición de la orden judicial de desalojo.

En la puerta de Kraft, el delegado Javier Hermosilla aseguró que no es que “no pudo” frenar el desalojo, sino que “no quiso porque desde el gobierno nacional le habían pedido mayor contundencia”. A juzgar por las vehementes explicaciones de los funcionarios del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ellos hicieron “denodados esfuerzos” para que las partes volvieran al diálogo. Sin embargo, cuando la empresa acudió al ministerio el viernes lo hizo acompañada por funcionarios de la cartera laboral provincial y presentó un paquete cerrado que nada tuvo de acuerdo ni de negociación. “Hablamos con ellos (los despedidos) hasta último momento para que salgan de la fábrica pacíficamente, pero no logramos que cedieran”, decían. El sábado a la madrugada una joven que había estado detenida varias horas en la planta tras el desalojo contaba otra versión. “Alejandro Chavarría (jefe de la delegación regional Tigre del Ministerio de Trabajo provincial) nos leyó el acta y le pedimos cinco minutos para salir, pero entraron enseguida los policías y no nos dieron tiempo a nada”, dijo mientras mostraba a las cámaras los golpes recibidos.