La idea nació de organizaciones sociales y barriales porteñas y está contemplada en el artículo 67 de la Constitución de la Ciudad. Es difícil de concretar, pero no imposible. Consiste en pedir un referendo revocatorio para intentar que Mauricio Macri sea de-salojado de la jefatura de gobierno por mal desempeño de sus funciones. Horacio Avila, de Proyecto 7, una ONG que trabaja con personas en situación de calle, sostiene que “se trató hace como veinte días en un espacio de militancia que se reunió bajo la consigna ‘La dignidad no se privatiza’. Nos juntamos en la CTA de Capital y nos propusimos salir a juntar firmas”. Esta es la parte más complicada del trámite que debe presentarse ante el Superior Tribunal de Justicia (TSJ) local. Porque se exige como requisito para que sea viable el respaldo del 20 por ciento del padrón de electores. Y eso significa en Buenos Aires unas 504.983 personas (en los comicios del 28 junio podían votar 2.524.915).

El referendo revocatorio permite que los porteños den por terminado antes de tiempo el mandato de cualquier funcionario electivo. El 30 de marzo de 2000 se sancionó la ley 357 que, en su artículo 4º, señala como requisitos para solicitarlo “que hayan transcurrido más de doce meses desde la asunción del cargo de la funcionaria o funcionario y resten cumplirse más de seis meses de la finalización del período para el que hubiere sido electo/a, que reúna al menos la firma del 20 por ciento de los electores y electoras de la comuna, según corresponda, y que se funde en causas atinentes al desempeño de sus funciones”.

Los sectores que alientan este objetivo comenzaron a pensar en la revocatoria cuando se produjeron las muertes de seis hermanitos de entre 1 y 13 años en el Banco de Italia y Río de La Plata, un antiguo edificio tomado en el barrio de La Boca que se incendió el 10 de enero pasado. Se les ocurrió exigir un juicio político contra Macri por su presunta responsabilidad en la inacción que desembocó en el siniestro (las condiciones en que vivían varias familias en el lugar eran deplorables), pero con el tiempo percibieron que lo más viable era el referendo.

Para ello empezaron a enviar correos electrónicos con una serie de diapositivas en las que acusan al jefe de gobierno de una serie de irregularidades. “Basta Macri de desa-tención en el Hospital Argerich. Se suspendieron montones de operaciones urgentes por falta de insumos, suspensiones de sesiones de diálisis por falta de técnicos. Basta Macri de bajas raciones en los comedores populares y escolares y de dar soja transgénica. Basta Macri de decir que no hay plata para el aumento docente y a su vez aumentar los subsidios a tus empresas de basura. Basta Macri de escuelas sin calefacción en invierno. Basta Macri de suspensiones en la construcción de viviendas sociales”, dicen algunas de las consignas. Y las rematan con una exhortación a aplicar el artículo 67 de la Constitución local: “Que no siga destruyendo Buenos Aires. Hagamos lo concreto... ¡Revocatoria de mandato!”.

Consultadas por Página/12, dos diputadas porteñas, Patricia Walsh y Liliana Parada, se pronunciaron en forma genérica sobre este tipo de iniciativa que no prosperó cuando la ciudad era gobernada por Aníbal Ibarra después de la tragedia de Cromañón (ver aparte). La primera, de Nueva Izquierda, comentó: “Creo que una idea de este tipo se legitima porque hace visible lo que ha pasado en la Ciudad todo este tiempo. Hay cuestiones gravísimas que los medios nacionales omitieron y se volverían tangibles por la recolección de firmas. Eso sí: no será sencillo, aunque existan motivos para la revocatoria”. Parada, quien asimismo es diputada nacional electa por Proyecto Sur, afirmó que “es correcto (el referendo) desde el punto de vista institucional, y así también la jurisprudencia se ha expedido al considerar que el requisito de la recolección del 20 por ciento de las firmas constituye el único barómetro para reflejar, con la seriedad indispensable, la voluntad de un vasto sector de vecinos y brindar, en definitiva, la legitimación política a la revocatoria”.

Proyecto 7, la Asamblea de Plaza Dorrego, Poetas en Lucha, la Asamblea permanente contra los desalojos, entre otras ONG, movimientos piqueteros, asociaciones barriales, centros culturales y organizaciones sociales que apoyan el referendo, marcharán el 1º de octubre por la Ciudad como lo habían hecho contra la designación de Jorge “Fino” Palacios al frente de la Policía Metropolitana o la patota de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). Estas decisiones políticas de Macri fueron las que generaron que se lo caricaturizara en una de las diapositivas que circulan entre los grupos convocantes: allí se lo ve con un bigotito corto al estilo de Adolf Hitler y una cruz esvástica detrás.

El trámite de revocatoria hoy parece una tarea formidable si no es acompañado políticamente por otras fuerzas, ya que requiere que se consigne “la firma, la aclaración de firma, domicilio y número de documento de cada uno de los electores y electoras presentantes” que, como está fijado, deberían ser poco más de medio millón de porteños. Si se cumpliera ese paso, por un número igual o superior al 20 por ciento del padrón, se tendrá por iniciada la petición de revocatoria de mandato. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia estaría obligado a girar al Tribunal con competencia electoral en la Ciudad las firmas recolectadas para que éste, en treinta días, verifique su legitimidad.

El proceso legal para desplazar a Macri de su cargo, siempre que se cumplieran todos los requisitos, sólo se concretaría mediante el referendo en los noventa días posteriores a la aprobación del TSJ. El artículo 15 de la ley establece que “si la opción por la revocatoria del mandato hubiere obtenido el apoyo de más del 50 por ciento de los electores inscriptos en el padrón electoral del distrito correspondiente, el funcionario o funcionaria, luego del escrutinio definitivo, quedará separado de su cargo. En dicho caso, se habilitarán los mecanismos previstos para el reemplazo del funcionario/a removido/a y asumirá su cargo quien legalmente deba suplantarlo/a”. En este caso sería Diego Santilli, la máxima autoridad de la Legislatura después de que renunciara Gabriela Michetti.