Cuando se produjeron las 194 muertes de Cromañón, el entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, cercado como estaba por la tragedia, intentó instrumentar el referendo revocatorio. No era para inmolarse, aunque sí para contraatacar a quienes él sostenía que intentaban desestabilizarlo. Su maniobra no prosperó, porque cuando se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia, quiso exceptuar del trámite la recolección de firmas que fija el artículo 67 de la Constitución porteña. Por entonces, el fiscal general de la ciudad, José Luis Mandalunis, se había opuesto a esa intención del ahora diputado y el TSG le dio la razón. El objetivo de Ibarra había sido revalidarse en el cargo mediante el referendo, a sabiendas de que ciertas encuestas arrojaban que no debía ser destituido.

Tampoco pudieron desplazarlo tres ONG que se encolumnaban detrás del abogado Fabián Bergenfeld, presidente de la Asociación Civil para la Defensa Ciudadana, ya que no resultó necesario cuando avanzó el pedido de juicio político que formularon los diputados de Recrear Jorge San Martino y Carlos Araujo. En su proyecto de resolución, los legisladores pidieron que se abriera una “causa por mal desempeño de su mandato y posible comisión de delito contra el señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Aníbal Ibarra, según el procedimiento del Juicio Político previsto en los artículos 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad”.

El 10 de marzo de 2005 se convocó a la sala acusadora que sesionó en la Legislatura y que terminó con Ibarra desplazado del gobierno casi un año después, el 7 de marzo de 2006, por diez votos a favor de su remoción, cuatro por la absolución y una abstención.