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En materia educativa, nuestro país ha producido diversos avances en pos de los objetivos establecidos por la Unesco en la Declaración Educación para Todos y la Estrategia a Mediano Plazo 2008-2013. Dichos objetivos expresan, fundamentalmente, mejores condiciones de vida para los sectores menos favorecidos de la población mundial.

A principios del nuevo milenio, la Argentina atravesó una dramática crisis económico-financiera. La pobreza, la desigualdad, la fragmentación y la exclusión social fueron consecuencia de las políticas erráticas aplicadas, que implicaron una alta dependencia del capital financiero internacional y un significativo achicamiento del aparato productivo. Desde 2003, en cambio, el gobierno nacional puso en marcha un modelo de desarrollo económico con justicia social, que ha tenido su correlato en materia de políticas educativas, culturales y científico–tecnológicas, con una continuidad inédita en nuestra historia contemporánea.

En el sector educativo, hemos salido de la situación de emergencia y elevado la inversión en educación hasta el 6 por ciento del Producto Interno Bruto, porcentaje que alcanzaremos el año entrante. Además, con un vasto consenso social y político, hemos sancionado un nuevo marco legal que regula nuestro sistema educativo y representa una verdadera política de Estado en la materia.

Sabemos que la inversión educativa debe estar protegida, al resguardo de las crisis económicas que reiteradamente nos afectan. Por ello ratificamos el valor de las herramientas que permiten obtener recursos para la educación, como el canje de deuda por educación. En este sentido, nuestros objetivos coinciden plenamente con los de la Unesco: estamos promoviendo la inclusión educativa, al tiempo que trabajamos para mejorar la calidad de la educación sobre la base de un incremento sostenido del financiamiento de la educación.

En definitiva, en los últimos años hemos resuelto algunos problemas importantes y comenzamos a recorrer el camino para solucionar otros. Hoy estamos trabajando fuertemente en la transformación de la educación secundaria. A partir de la Ley Nacional de Educación, el sistema educativo se reorganiza y se establece la obligatoriedad de este nivel. En este marco, el secundario se constituye en una de las prioridades de la agenda educativa nacional.

Sabemos que este tramo es clave en los procesos de formación de ciudadanía y de desarrollo de proyectos de vida, ligados a la inserción en el mundo del trabajo o de la prosecución de estudios superiores. El desafío, entonces, es lograr que todos los que ingresan en la educación secundaria puedan egresar de ella con aprendizajes significativos.

Por otra parte, las políticas científico-tecnológicas y culturales también son una prioridad para nuestro gobierno. En materia de ciencia, se incrementó la inversión, se repatriaron centenares de científicos y se vinculó con el sistema productivo. En relación con la cultura, se está por dar un paso decisivo respecto de la democratización del acceso y de la producción de la información, con la aprobación inminente de la nueva ley de Servicios Audiovisuales. Un nuevo marco legal representará la posibilidad de que nuevas y múltiples voces –como las de las universidades u otras instituciones– reflejen y enriquezcan nuestra diversidad cultural.

En suma, los propósitos de nuestra tarea de gobierno están firmemente orientados a generar las condiciones de igualdad que permitan el acceso a la educación a todos los habitantes. La educación pública de calidad, la cultura, la ciencia y la tecnología son, en efecto, los pilares básicos sobre los cuales reedificar un país con procesos de inclusión, movilidad social ascendente e igualdad de oportunidades.

* Ministro de Educación de la Nación. Estas líneas integran el discurso ofrecido ante la 35ª Conferencia General de la Unesco.