Martín Irrazabal dice antes de quebrarse en llanto sobre su silla de ruedas: “El concejal Edgardo Alberto Silva y su esposa, Diana Degregorio, me usaron políticamente en beneficio propio”. Discapacitado por un accidente en el que perdió las dos piernas, después de militar un tiempo en el PRO de Avellaneda, se transformó en una víctima propicia del clientelismo. La pareja le prometió trabajo estable en el municipio a cambio de colaborar en la campaña electoral de 2007. Su aporte consistía en acudir a los actos de la fuerza que lidera Mauricio Macri en el orden nacional y hasta prestarse a ser usado como relleno en la lista del distrito (figuró como cuarto candidato a concejal suplente). Pero el futuro que imaginaba para sí nunca se cumplió, más allá de las fotografías que lo muestran sonriente junto al jefe de Gobierno porteño, Francisco de Narváez y Jorge Macri. Al contrario, cuando ya había desistido de pedir por su puesto de trabajo, y después de una discusión con Silva, recibió un golpe que le provocó la rotura de la prótesis de la pierna izquierda y hasta lo amenazaron de muerte. Irrazabal denunció al concejal por esos hechos en la Justicia y, además, lo acusó por discriminación ante el Inadi. Esta, su historia, es la historia de la defraudación y el abandono.

“Hace dos años yo trabajaba ad honórem con Degregorio en el área de discapacidad. Me había prometido que si el marido ingresaba como concejal tendría un puesto para mí. Así lo hizo con mucha gente. Hasta me puso junto a dos compañeras más en la lista como relleno. Les faltaban personas para completarla. Pero cuando les fui a preguntar por el trabajo, me dijeron que lamentablemente no había. Les pedí por mi familia, yo tengo cuatro chicos, pero no me dieron ningún tipo de ayuda. Por eso me retiré de ese espacio”, cuenta Irrazabal acompañado por Omar Marañón, otro discapacitado que también colaboró con Degregorio y el abogado Fernando Javier García, quien lo patrocina en la denuncia por discriminación, amenazas y lesiones presentada en la UFI Nº 2 de Avellaneda.

Según Irrazabal, un hombre de 33 años que perdió ambas piernas por una descarga de alto voltaje en un accidente doméstico, el 28 de septiembre pasado, enterado de que Degregorio hablaba mal de él en el Concejo Deliberante de Avellaneda, fue a su búsqueda y la de Silva con el objetivo de saber por qué lo hacia. En la ampliación de su denuncia ante el fiscal –primero le habían tomado declaración en la comisaría 1ª– describió que le solicitó al concejal “dos minutos para charlar y aclarar lo dicho por su mujer, a lo que accedió, permitiéndole la entrada a su despacho”. Acto seguido y después de rechazar el planteo de Irrazabal, el presidente del bloque Unión PRO de Avellaneda comenzó a insultarlo, según consta en el escrito presentado en la Justicia: “Rengo de mierda tomátelas, tomátelas... rajá de acá”.

“Le dije: ‘Bueno, quedate tranquilo’, pero cuando me quise levantar, apoyé mis manos sobre su escritorio y sin querer se cayeron unos papeles del mismo. Con la mano derecha me dio un manotazo en la cara, me caí contra la pared, trastabillé y me golpeé la pierna izquierda, en la que sentí un fuerte dolor. Fue un shock para mí porque vino directamente a pegarme y ahí intervino su mujer, que lo tomó por los brazos y le gritaba: ‘Pará Beto, pará, dejalo a este rengo hijo de puta, está bien que le falten las dos piernas’”, reconstruye la agresión Irrazabal en su visita a la redacción de Página/12.

García anticipa que cuando lo citen a su cliente a ratificar la denuncia “vamos a solicitar que el fiscal llame a más testigos, porque las paredes del Concejo son finitas y todo el mundo, que estaba por ahí, escuchó lo que pasó. Hay dos testigos presenciales, Daniel Durán y Diego Ramírez, pero tanto en el bloque Unión PRO como en el de la Coalición Cívica, escucharon los gritos porque se trató de un escándalo”.

La denuncia que amplió Irrazabal señala que “como consecuencia del hecho sufrió heridas del muñón de la pierna izquierda por la rotura de la prótesis que usaba y que la misma tiene un valor de 15 mil pesos a la fecha”. El joven que preside la institución Volver a Empezar y que también trabajó durante el último verano en las piletas de Avellaneda con chicos discapacitados, dice que hace pocos días “me llamaron al celular un par de veces. Un hombre me dijo que me quedara callado, que si no, iba a sufrir yo las consecuencias o mi familia. Aunque no pasó de eso, tengo miedo y prefiero quedarme en mi casa a andar por la calle y que me peguen un tiro en la cabeza. Hasta pensé en quitarme la vida o dejar todo”, cuenta entre sollozos, seguido con atención y en respetuoso silencio por su amigo Marañón.

“Silva nunca se atrevió a decirle: ‘Martín, vamos a consensuar, disculpame’. En ningún momento le dijeron ‘me equivoqué’. Al contrario, tuvieron una actitud mafiosa, patotera”, comenta el abogado, quien además acompañó la denuncia judicial con una presentación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi). “Para nosotros es importante que se pronuncie, aunque no va a pasar de una condena moral y ética porque se trata de una denuncia administrativa.”

Las boletas de Unión PRO o lista 505 en la provincia de Buenos Aires durante las elecciones generales del 28 de octubre de 2007 llevaban a Silva como segundo candidato a concejal en Avellaneda y tenían a Irrazabal como cuarto suplente. En la misma papeleta también figuraba Degregorio como segunda suplente en la nómina de consejeros escolares. El aspirante a la gobernación en la misma boleta sábana, y perdedor por entonces, había sido De Narváez.

La inclusión como candidato de relleno del discapacitado completaba así una faena política típica del clientelismo. Esa que también consistía, tal como la recuerda Irrazabal, en “llevarnos a los actos cuando iban Mauricio Macri, Francisco de Narváez o Néstor Grindetti, sacarnos fotos con los candidatos, ponernos remeras del PRO y hacer creer que estaban ayudando a los discapacitados. Pero todas eran promesas, porque nunca nos llegaron a dar nada. Ni un plato de comida”.