Con fecha del 30 de septiembre, dos días después del ataque que denunció Martín Irrazabal en el Concejo Deliberante de Avellaneda, el líder del bloque Unión-PRO, Edgardo “Beto” Silva, presentó una nota dirigida al presidente del cuerpo, Armando Bertolotto. El texto puede interpretarse como una contradenuncia y comienza así:

“Informo a usted a efectos de tomar las medidas pertinentes con respecto al señor Martín Irrazabal quien se apersonó en mi despacho de este H.C.D amenazando de muerte a mí, a mi familia y a los trabajadores, provocando destrozos en la oficina escudándose en su condición de discapacitado, actitud observada por vecinos que estaban realizando trámites en este H.C.D, esta persona quien presta o prestó servicio en la Dirección de Discapacidad, quien además dijo estar desarrollando tareas en este cuerpo legislativo...”.

Con sólo observar a Silva, un hombre alto, al que en las fotografías de determinados actos de campaña se lo ve sonriendo junto a Macri, De Narváez y hasta el propio Irrazabal, su descripción de los hechos suena un tanto asombrosa si se consideran las condiciones en que se mueve el denunciante. En el escrito dirigido a Bertolotto pide la “baja inmediata de acuerdo a las normativas vigente” (sic) y si su acusador “dejó de cumplir tareas en la dirección de discapacidad se solicita cuál fue el motivo de su baja”.

Por último, Silva remata su alegato con una segunda solicitud: “Si cumple tareas de acuerdo con lo indicado por él en este H. C. D., se solicita su baja y que se tomen las medidas pertinentes a efectos de resguardar la integridad física de los que desarrollan tareas en este ámbito, de la misma manera se proceda a retirar a dicha persona del seno de este Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda a efectos de evitar daños mayores”.