En medio del debate y los cruces entre el Gobierno y la oposición en relación con los proyectos de asignación universal para niños y jóvenes, ayer la Iglesia Católica, a través de la Comisión de Justicia y Paz, oficializó su propuesta bajo el título de ingreso BIEN (Básico para la Igualdad y la Equidad de la Niñez). La iniciativa eclesiástica busca “establecer igualdad de oportunidades para el desarrollo humano y tender a una seguridad social para todos”, según se consignó en un comunicado de prensa. La decisión de presentar la propuesta ya había sido adelantada por los representantes de la Iglesia en la “semana social”, en Mar del Plata, el pasado 11 de octubre.

El ingeniero Eduardo Serantes, presidente de Justicia y Paz, dijo al respecto que “esta propuesta aspira a convertirse en una política de Estado independientemente del gobierno de turno”. La Iglesia envió la propuesta tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo, “como un aporte a la construcción del bien común de nuestro país”. El proyecto propone equiparar el derecho a la asignación familiar por hijo a todos los niños y niñas, adolescentes y embarazadas en situación de vulnerabilidad social, independientemente de la condición económica, social o laboral de sus padres. Según las estimaciones de la Comisión de Justicia y Paz, esto significa sumar estimativamente a seis millones de niños que hoy no reciben una asignación familiar, y el pago se haría mediante una tarjeta de débito bancario. Tomando como base un subsidio de 180 pesos por niño, para equiparlo al nuevo monto de las asignaciones familiares, el BIEN implicaría una inversión total de 12.900 millones de pesos. La Iglesia propone reasignar 2700 millones que actualmente se dedican al Plan Familias y al Jefas y Jefes de Hogar y obtener un financiamiento extra de 10.200 millones, equivalentes al 4,4 por ciento del presupuesto nacional y al 0,9 por ciento del PBI.

La Iglesia Católica, a través de Cáritas, tuvo una activa participación en la implementación del Derecho Garantizado para la Niñez (DGN), la iniciativa de este tipo que se implementó desde el año anterior en la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Daniel Arroyo como ministro de Desarrollo Social.

Serantes dijo también saber “que un derecho universal no soluciona totalmente el problema de la pobreza. Este derecho deberá ser complementado con otras políticas públicas y sostenido por el apoyo de la sociedad civil en su conjunto. Pero hay que corregir la desigualdad de origen que existe hoy y, además, cumplir con lo que manda la Constitución, los tratados y las leyes en torno de la protección de la niñez”.

Por su parte, el obispo Jorge Casaretto, presidente de Pastoral Social y asesor de Justicia y Paz, dijo que “confiamos en que en un diálogo institucional maduro se puedan encontrar las leyes más aptas que respondan a las urgentes necesidades de nuestros hermanos más pobres, alejándonos de actitudes que puedan ahondar las divisiones y la fragmentación de nuestra sociedad”.