El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral el expediente que involucra al ex presidente Fernando de la Rúa en el pago de sobornos a senadores a cambio de la aprobación de la Ley de Reforma Laboral en abril de 2000. El trámite se concretó con un breve escrito, ya que la defensa no se opuso a que el caso sea enviado al Tribunal Oral Federal número 3, que ya tiene a su cargo el proceso en el que también serán juzgados los ex senadores Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la SIDE Fernando De Santibañes y el “arrepentido” Mario Pontaquarto.

“Nada me vincula con los hechos, es un fallo que es una herejía jurídica. Esto no cambia en nada”, dijo el ex presidente cuando lo interrogaron sobre la medida.

De la Rúa había sido procesado por Rafecas en febrero del año pasado. El magistrado consideró que el ex presidente fue “el máximo responsable” de los sobornos, lo embargó por quinientos mil pesos y dispuso que no podía ausentarse de su domicilio por más de 72 horas ni salir del país sin autorización de la Justicia. La decisión fue ratificada por la Cámara Federal en agosto pasado y así se inició el trámite para que el ex presidente vaya a juicio.

Hace dos meses, el fiscal federal Federico Delgado reclamó que De la Rúa sea juzgado por haber ordenado o consentido el pago de coimas. “La pieza que le faltaba a este esquema era Fernando de la Rúa que, como presidente de la Nación, participó del acuerdo ilegal, ordenó que se pague el dinero y controló en todo momento el desarrollo del delito a través de sus subordinados jerárquicos y ejecutó las acciones tendientes que el hecho quede impune”, señaló en su escrito.

La participación del ex presidente en el hecho surge, entre otras cosas, de una reunión relatada por el ex secretario parlamentario Pontaquarto que la Justicia dio por probada. En el encuentro, que se habría producido en la Casa Rosada, el ex senador radical José Genoud (que estaba imputado pero falleció) le dijo a De la Rúa que “el justicialismo está necesitando de otras cosas para tratar la ley”, a lo que el entonces presidente respondió: “Eso arréglenlo con (el jefe de la SIDE Fernando) De Santibañes”. El “arrepentido” –que confesó haber retirado de la SIDE cinco millones de pesos-dólares que luego se repartieron entre senadores– no dio precisiones sobre el cónclave. Los rastreos y cruces telefónicos y el reconocimiento en la Casa Rosada que hizo Pontaquarto fueron algunas de las medidas que hicieron que se considerara probada la reunión.