Había quienes esperaban Luis D’Elía fuera condenado por la Justicia contravencional por no pedir permiso para realizar una movilización en la ciudad de Buenos Aires. Pero esas expectativas se vieron frustradas por el fuero contravencional porteño y los canales tuvieron que cambiar su videograph: D’Elía resultó absuelto. La jueza Cristina Lara consideró que el dirigente de La Matanza no había transgredido el código contravencional al organizar una marcha desde Liniers a Plaza de Mayo en reclamo de mayor presencia de candidatos de “sectores populares” en las listas del oficialismo. D’Elía festejó la decisión y la consideró un caso testigo que pondrá en riesgo la jurisprudencia que intenta aplicar el gobierno de Mauricio Macri en materia de protesta social y movilización callejera. “A Macri le entró en crisis el código contravencional, que es autoritario, violador de los pactos internacionales de derechos humanos e inconstitucional”, pronosticó D’Elía en diálogo con Página/12.

El fallo de la jueza Lara, miembro del fuero contravencional, penal y de faltas de la ciudad, consideró que D’Elía no había infringido los artículos 69 y 78 del código contravencional, que ordenan avisar con anticipación a las autoridades si se pretende realizar una protesta en la vía pública. El fiscal había pedido la aplicación de una multa de cinco mil pesos. En su alegato acusó a D’Elía por “obstaculización de la vía pública” y “afectación de los medios de transporte”. La jueza Lara no tuvo en cuenta ninguno de esos cargos. D’Elía atribuyó la resolución del juicio, que se conoció ayer a la tarde en la sede de la Justicia porteña de Tacuarí al 100, a la labor de su abogado, Adrián Albor. Distinta fue la reacción del gobierno porteño. La resolución del juicio produjo allí una visible irritación. “Decisiones como ésta son una burla a la sociedad”, se quejó Macri (ver recuadro).

Tras ser informado de la absolución, D’Elía se acercó a conversar con los periodistas. Estaba contento. Consultado por Página/12, el fundador de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) aprovechó la oportunidad para hacer un balance del juicio y analizó las consecuencias del fallo. “Mi abogado estuvo brillante. Explicó que los pactos internacionales de derechos humanos y los derechos constitucionales, los llamados supraderechos, están por encima del código contravencional, que es una norma menor. Y además objetó que el código contravencional no tiene facultades de generar penalidades, como imponer días de prisión y esas cosas. Los destruyó”, aseguró D’Elía.

–¿Cuáles serán las consecuencias políticas y jurídicas de este fallo?

–Ellos entraron en desesperación cuando vieron la calidad de nuestra presentación jurídica. Y se dieron cuenta de que si llegaba a la Corte Suprema se les caía todo el código contravencional. El sueño del fascista autoritario Mauricio Macri, que pretende que los ciudadanos de este país federal tengamos que pedirle permiso para hacer una protesta o una demostración de nuestras ideas, comenzó a desmororarse.

El juicio se había iniciado como consecuencia de la marcha del 7 de mayo desde Liniers a Plaza de Mayo organizada por la Central de Movimientos Populares (CMP) que encabeza D’Elía. El fallo absolutorio disparará una polémica sobre los alcances de la reglamentación para movilizaciones callejeras que contiene el código contravencional porteño. Ayer, tras quejarse en duros términos por la absolución, el propio Macri aseguró que el código en cuestión “dice claramente que hay que pedir permiso para realizar una manifestación”. Consultado por Página/12, el abogado Albor lo desmintió. “El código contravencional dice que no constituye contravención el ejercicio regular de los derechos constitucionales. También dice que se deberá dar aviso a las autoridades competentes con la debida antelación. Pero ojo, dar aviso no es pedir permiso”, dijo Albor.

Según el abogado de D’Elía, la resolución del juicio tendrá consecuencias jurídicas en un futuro no muy lejano. En su razonamiento, y recordando que el derecho a manifestarse está previsto en la Constitución, el código porteño no puede restringirlo: sí puede reglamentarlo pero siempre que esa reglamentación no atente contra el derecho constitucional de fondo. El tema de debate, entonces, es qué alcance puede tener esa reglamentación.

En diálogo con Página/12, Albor aseguró que el gobierno de Macri está pretendiendo ir más allá de lo que determina la legislación. “El año pasado, Macri mandó un proyecto a la Legislatura en el que decía que había que pedir permiso para manifestarse en la ciudad. La Legislatura no lo trató. Sin embargo, ahora, el gobierno de Macri pretende que para hacer una manifestación haya que llenar un formulario que está en la página web del ministerio de Espacio Público, luego pagar un timbrado en el Banco Ciudad y después rogarle a Dios que Macri te dé permiso. La idea de ellos es que si vos no querés meterte en problemas cumplas con esos requisitos. D’Elía no hizo caso y se comió un juicio de dos días. Pero hoy lo ganó. Lo que pretende imponer el macrismo va en contra de lo que sostienen la Corte Interamericana y la Europa de Derechos Humanos”, concluyó.