Por lo general han expresado más odio los que defienden a los represores, que los familiares de las víctimas. Eso ha sido una constante desde que se fueron los militares. En un sentido tendría que ser al revés: los familiares tendrían más motivos para odiar. Pero lo que se hizo durante la dictadura tenía que cabalgar sobre un odio tan profundo que fuera capaz de galvanizar cualquier objeción, cualquier atisbo de conciencia. Esa clase de odio no tiene competencia.

Este zumbido de arco voltaico, de cable de alta tensión, se sintió los primeros años de democracia cuando Alfonsín hizo los juicios a los comandantes. En esos años se manifestaba en forma abierta en levantamientos carapintada, bombas, solicitadas y editoriales. Pero cuando la sociedad aceptó como reales los crímenes que trataban de defender, el odio persistió como un movimiento subterráneo que buscaba alimentarse de otros descontentos.

Cuando Kirchner reivindicó a los militantes de los ’70, cuando condenó las violaciones a los derechos humanos, anuló la Obediencia Debida y el Punto Final, entregó la ESMA a las organizaciones de derechos humanos, cuando desarrolló una política para cerrar heridas a partir de la justicia, el zumbido de furia aumentó y se convirtió en telón de fondo, en condimento de desborde de protestas como la de las entidades patronales del campo o las de la inseguridad. Ese odio de grito desaforado, de insulto explosivo, no fue sólo por las retenciones ni por la ola delictiva. Esas protestas quedaban engarzadas en una modalidad para odiar que se relaciona con la política de derechos humanos. En algunos de los actos de estas protestas siempre se escuchó atacar a los organismos de derechos humanos, a veces con la excusa del garantismo, a veces con la excusa del orden reclamado. Y en todos estos movimientos siempre aparecieron personajes relacionados con este odio, ahora reconvertidos en ruralistas o antigarantistas. Es una forma de odiar que tiene un sector de la sociedad argentina que respaldó a la dictadura y se siente humillada por la política de derechos humanos.

Cuando se anuló la Obediencia Debida y el Punto Final, hubo voces que dijeron que eso era fácil porque era una vía de acción que ya no tenía costo político. El secuestro y la desaparición de Julio López demostró que el odio estaba vivo.

Para los que vivieron la dictadura y se formaron en una sociedad hipócrita que llamaba democracia a un sistema de tutela de las fuerzas armadas, las ideas que publicó el ministro de Educación porteño, Abel Posse, tienen muchas reminiscencias con el sentido común de época de los años ’60 y ’70 que preparó el clima para justificar los crímenes de la dictadura. Podía ser una tía, una maestra en la escuela, el almacenero, no eran personas particularmente malas o violentas, pero repetían la idea de que había que hacer cualquier cosa para sobrevivir. El odio se induce por el miedo, por la idea de que estamos en peligro por el caos. A ese peligro se responde con odio o mano dura. Cualquiera sabe que el odio es la peor forma de reaccionar porque tiene consecuencias peores que su causa. El odio no soluciona nada pero se usa políticamente, ya no para la inseguridad ni para las retenciones, sino para debilitar a un gobierno o provocar su caída. Ha sido así en la historia reciente de nuestro país. Esa tía, la maestra o el almacenero odiaron y después se arrepintieron. Reflexionaron que no había motivo para tanto odio y hasta se olvidaron que lo sintieron. Qué estupidez, el daño ya estaba hecho.

Una voz en el helicóptero pidió que asesinen a Cristina Fernández el día que comenzó el juicio de la ESMA. Es la señal del odio que eligió ese momento para aparecer. Demasiada, sospechosa, imposible casualidad. Esa voz demuestra que a pesar de lo que diga Posse, los juicios y las condenas son más necesarios que nunca. Porque, justamente por lo que dice Posse, ese odio sigue vivo y se alimenta de malos pero también de inocentes que dejan de serlo aunque después se arrepientan.