Con el visto bueno de las autoridades del Hospital Naval y ante la incompetencia de los responsables de controlar el cumplimiento de su prisión preventiva, el capitán Ricardo Miguel Cavallo, imputado por crímenes de lesa humanidad en la ESMA, cumplió ayer un mes sin pisar el penal de Marcos Paz, en teoría internado y con diagnóstico de “lumbalgia”. El dato lo reveló el abogado Rodolfo Yanzón, del equipo jurídico Kaos, durante la segunda audiencia del juicio oral y público a Acosta, Astiz & Cía., al que se sumó ayer el capitán Alberto González, alias Gato, ausente en la jornada inicial gracias a un certificado con idéntico diagnóstico y emitido por los mismos médicos de la Armada. El letrado les solicitó al Tribunal Oral Federal 5 (TOF-5) y al juez federal Sergio Torres, responsable de la megacausa ESMA, que controlen la situación de detención de los represores y aparten de sus cuidados a los profesionales del Hospital Naval. De los mismos magistrados dependía en diciembre de 2007 la comparecencia ante la Justicia de Héctor Febres, envenenado con cianuro en su celda VIP de Prefectura días antes de escuchar su sentencia.

El primer juicio significativo a represores de la ESMA continuó ayer con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio del fiscal Eduardo Taiano, que el domingo recibió una amenaza anónima en el teléfono de su madre. Los imputados continuarán escuchando las imputaciones hoy, mañana y el martes próximo. Las audiencias se interrumpirán por Navidad y Año Nuevo y, como los juicios no pueden interrumpirse por más de diez días, se realizarán durante enero de manera esporádica, cada diez días, para que la familia judicial pueda gozar de sus vacaciones.

Página/12 informó el sábado que Cavallo estaba internado pese a que “a simple vista desborda de salud”. El dato lo brindó su padre, Oscar Cavallo, durante sus charlas con los policías de Comodoro Py. “Esa época fue un despelote, andábamos todos armados y hubo miles de atentados, aunque, ojo, eso no justifica lo otro”, fue una de las ricas reflexiones del suboficial naval. Ante las consultas de los querellantes, miembros del TOF-5 informaron que, según el Servicio Penitenciario Federal (SPF), Cavallo estaba en la cárcel. Yanzón hurgó en las constancias obrantes en el juzgado de Torres y concluyó que burla los controles desde hace un mes.

“Torres dispuso hace tiempo revisaciones semanales del Cuerpo Médico Forense (CMF) para estar informado sobre la salud de los imputados y para analizar los datos brindados por el Hospital Naval”, explicó Yanzón. “El 12 de noviembre el juez autorizó a Cavallo para que el 16 lo revisara un traumatólogo, por una alegada hernia de disco. Desde aquel momento está formalmente internado, sin que nadie lo pusiera en conocimiento de los jueces y sin que podamos conocer si se efectuaron los debidos controles”, agregó. “De los informes del CMF surge que Cavallo no fue revisado en las últimas semanas porque estaba en el Hospital Naval. Según los informes penitenciarios, Torres había autorizado la internación, lo cual es falso: sólo autorizó el traslado para una consulta”, detalló Yanzón, quien solicitó que se investiguen las responsabilidades administrativas y penales de penitenciarios y marinos. Antes del comienzo de la audiencia, el juez Daniel Obligado notificó a las partes que el tribunal que preside requirió un informe urgente al SPF sobre egresos del penal de Marcos Paz y modos de traslados de los represores.

La segunda medida obedece a un cuestionamiento que luego planteó Yanzón: el viernes, tras la audiencia inicial, el teniente Julio César Coronel, que goza de arresto domiciliario, fue visto mientras se retiraba de Comodoro Py sin custodia y por sus propios medios. Si bien sobran ejemplos de represores que han burlado la prisión hogareña (desde Massera hasta Carlos Tepedino y Pascual Guerrieri), se supone que el régimen previsto para mayores de 70 años o enfermos terminales no incluye burlar los controles ante las citaciones de la Justicia. De los 17 represores de la ESMA que juzga el TOF-5, no sólo Coronel disfruta del arresto domiciliario: también el ex canciller Oscar Montes, el contraalmirante Manuel García Tallada y el comisario Ernesto Frimon Weber.