Un juez civil de La Haya decidirá mañana si concede o rechaza el pedido de extradición a Holanda del ex piloto naval Julio Alberto Poch, preso en España luego de haber confesado ante sus compañeros de trabajo que durante la dictadura arrojó personas al vacío desde aviones en vuelo. La resolución no sólo preocupa al marino. Su extradición a la Argentina, concedida en octubre por el Consejo de Ministros de España, tendría inevitables repercusiones sobre centenares de oficiales, suboficiales y civiles que participaron de los vuelos de la muerte y la Justicia argentina nunca investigó. Su eventual envío al Reino de los Países Bajos, donde sólo su abogado desea repatriarlo, reinstalaría en la agenda europea la historia de Jorge Zorreguieta, secretario de Agricultura del dictador Jorge Videla, directivo de la Unión Industrial Argentina y padre de Máxima, la mujer que se casó y tiene hijos con el príncipe de Holanda.

Poch fue detenido el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia y pasa sus días en una cárcel de Madrid. Según declaraciones de su amigo Hans Dekkers al programa Eén Vandaag (Hoy en Uno), fue trasladado a una celda de aislamiento luego de recibir amenazas de miembros de la ETA. El juez Sergio Torres pidió su extradición el 30 de diciembre pasado, luego de recibir la declaración en Holanda de los compañeros de la aerolínea Transavia que escucharon el relato de Poch en un restaurante de la isla de Bali, en Indonesia. La defensa del ex piloto militar en Europa está a cargo del abogado Gerard Spong, prominente defensor de causas impopulares, quien solicitó la extradición de su cliente al país en el que se radicó en 1988 e intenta forzar la decisión de la Justicia con una activa campaña mediática, de la que participa toda la familia del imputado.

El reino de los Países Bajos ya manifestó que, más allá de la doble ciudadanía de Poch, no existe ninguna razón para juzgarlo en Europa. “Los hechos de los cuales es sospechoso fueron cometidos en la Argentina, contra víctimas argentinas”, declaró la abogada que representa al Estado holandés, Cecile Bitter. La letrada destacó la importancia de “que los familiares de las personas desaparecidas puedan seguir el proceso” y apuntó que “las autoridades argentinas consideran que puede ser llevado ante un juez para un proceso de fondo de aquí a un año”, es decir cuando concluya el primer juicio a Astiz, Acosta & Cía.

La defensa de Spong, difundida en radio, televisión y diarios, consiste en intentar desprestigiar a la Justicia argentina con el argumento de que no existirían garantías de ser juzgado en un plazo razonable, desacreditar a los testigos de la confesión (aunque no encontró aún ninguna motivación que ponga en duda su veracidad) y difundir datos descontextualizados para sugerir la inocencia de su cliente. Por ejemplo, que era piloto de aviones de guerra y no de pasajeros, o que durante la dictadura estaba radicado en Bahía Blanca y destinado en la base Comandante Espora, no en la ESMA. El primero fue refutado por los propios registros de vuelo secuestrados durante el allanamiento en su casa, donde constan vuelos en aparatos con pasajeros. El segundo pasa por alto testimonios de sobrevivientes y de ex marinos como Adolfo Scilingo sobre la rotación ordenada por el ex almirante Emilio Massera para que toda la Armada se manchara las manos en la ESMA y participara de los vuelos, con el objetivo de sellar el pacto de silencio. El artículo del diario NRC Handelsbld, un equivalente a La Nación en la Argentina, también incluye testimonios de vecinos que definen a Poch como un hombre amable aunque de “sangre latina”, y declaraciones anónimas de pilotos de Transavia, algunos orgullosos y otros molestos por la denuncia de sus compañeros, que permitieron detener por primera vez a un piloto confeso de los vuelos de la muerte.