Dos desconocidos ingresaron en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, ataron a su titular, Sara Derotier de Cobacho, y a otras siete personas que se encontraban en la oficina y robaron documentos de investigaciones que realiza la Secretaría sobre delitos que involucran a la Policía provincial, además de material relacionado con crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Los ladrones se llevaron la computadora personal de la funcionaria, teléfonos celulares y también unos ocho mil pesos, aunque en la gobernación se mostraron convencidos de que el móvil del robo no fue el dinero. El gobernador Daniel Scioli descartó la posibilidad de un delito común y calificó lo sucedido como una “actitud mafiosa e intimidatoria”. Pareció aludir así a la fuerza con la que está en crisis: hace quince días, el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, había acusado a la policía de instigar robos y asesinatos para “desestabilizar” el gobierno provincial. Un ex agente de la Bonaerense fue detenido y acusado de haber participado en el asalto.

El robo ocurrió el miércoles 30 de diciembre entre las 17.15 y las 17.30, aunque trascendió recién ayer. Los delincuentes, armados y a cara descubierta, redujeron a las personas que había en la Secretaría, que unos minutos antes habían realizado el brindis de fin de año. Ataron sus manos con precintos y obligaron a Cobacho a que les diera la llave de la caja fuerte. De su interior se llevaron las denuncias contra la policía que había recibido la oficina, muchas de ellas formuladas por efectivos en actividad, y papeles con datos de las investigaciones en curso. También robaron expedientes de ex agentes penitenciarios y de otros represores acusados por crímenes cometidos durante la dictadura en juicios que están por entrar en la etapa de audiencias orales.

Cobacho aseguró que los ladrones parecían conocer el lugar y tenían “un proceder muy policíaco” (ver entrevista aparte), empezando por los precintos que usaron para atarlos. Las armas que llevaban y el hecho de que entraran y salieran sin dificultades del edificio, situado en la céntrica cuadra de 53 y 8, en La Plata, a metros de donde permanecía la custodia de la Legislatura, le reforzaron esta impresión. Si bien en la entrada del edificio la Secretaría había mandado a instalar una cámara de seguridad, el día anterior la cámara había amanecido rota.

Un detenido

Como los ladrones actuaron a cara descubierta, la secretaria y sus asistentes pudieron colaborar con la confección de identikits. Al día siguiente del robo fue detenido un ex agente de la Bonaerense de apellido Mateos. El ex policía fue arrestado en su casa; en el allanamiento le encontraron once mil pesos –de la Secretaría se llevaron sólo ocho mil– y unos teléfonos. En cambio, no fueron hallados ni los documentos ni la notebook sustraídos.

El fiscal Marcelo Martini, a cargo del caso, detalló que “hay una huella dactilar que lo involucró, encontrada en el lugar del robo” y por la que fue ordenado el arresto. El detenido se negó a declarar y deberá ahora pasar por varias ruedas de reconocimiento, previstas en principio para el próximo jueves. La causa quedó caratulada como “robo calificado por el uso de armas y privación ilegítima de la libertad” y todavía no han declarado en ella todos los damnificados.

Ayer, en las primeras declaraciones públicas después de que trascendiera lo sucedido, el gobernador Scioli respaldó a su funcionaria. “Nada hará quebrar la voluntad y el trabajo de Sara y del gobierno provincial por el esclarecimiento de delitos de este tipo”, declaró, tras considerar que el episodio había sido un mensaje mafioso.

La provincia atraviesa una de las recurrentes crisis con la actuación de la Policía Bonaerense. El capítulo actual empezó hace poco más de un mes, con los asesinatos de tres mujeres –Renata Toscano (de 43 años), la maestra Sandra Almirón (37) y la bioquímica Ana María Castro (54)–, todas atacadas mientras estaban en sus autos, en supuestos intentos de robo. Los crímenes generaron movilizaciones de vecinos que tuvieron fuerte repercusión y se sumaron a las críticas por las fallas en la investigación sobre la muerte de la familia Pomar. El ministro de Seguridad Bonaerense, Carlos Stornelli, denunció poco después que los homicidios pudieron ser “instigados por personal policial” para “desestabilizar” a la gobernación. Stornelli apuntó sus sospechas de que la policía estaba reclutando a menores en los asentamientos para cometer estos delitos y lo interpretó como una reacción a su decisión de desplazar de sus cargos al jefe del área de Delitos contra la Propiedad Automotor, el comisario Marcelo Andrade, y sus subalternos.

Ayer, Derotier de Cobacho señaló que en diciembre –luego de que Stornelli formulara esta acusación– la Secretaría de Derechos Humanos había comenzado a recibir denuncias diarias sobre la Bonaerense. La funcionaria apunta sus sospechas sobre la policía y los papeles con datos de los denunciantes que guardaba en la caja fuerte sobre hechos de corrupción de esa fuerza, muchos de los cuales no tenían todavía estado judicial.