La presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió remover por decreto a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central. “Es una medida que no me hubiera gustado tomar”, dijo ayer durante una visita a La Matanza en la que la acompañó el gobernador Daniel Scioli. “El Banco Central no es unipersonal, es un organismo colegiado y tiene que funcionar todo su directorio”, subrayó CFK. La Presidenta había firmado el decreto el 18/2010 antes de trasladarse al conurbano. El DNU, que textualmente dispone la remoción “del licenciado Hernán Martín Pérez Redrado por incurrir en mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, fue firmado por todos los miembros del gabinete.

La idea de la Presidenta fue que el Gobierno diera una señal de unidad y capacidad de reacción ante la rebeldía planteada por Redrado. Tras el alejamiento del otrora Golden Boy, la presidencia del Banco Central quedará a cargo del actual vice, el radical Miguel Pesce. “Sigue en ejercicio el vicepresidente hasta que asuma el nuevo presidente”, adelantó CFK. Aunque no lo haya nombrado, se refería a Mario Blejer. Director por el Estado en el Banco Hipotecario, Blejer está dispuesto a asumir una vez que se estabilice la situación en la autoridad monetaria. La oposición, en tanto, rechazó el decreto y le pidió a Redrado que presente una medida cautelar en la Justicia para seguir en su cargo (ver página 4).

La Presidenta decidió firmar un nuevo decreto para ordenar el desplazamiento de Redrado tras analizar el tema con especialistas que conocen al detalle la Carta Orgánica que rige el funcionamiento al Banco Central. Después de estudiar las distintas alternativas, CFK ordenó al secretario legal y técnico, Carlos Zannini, que empezara a redactar un decreto que dispusiera la remoción de Redrado. En el texto, Zannini incluyó recriminaciones contra Redrado, cuya conducta se asoció con el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la mala conducta.

El decreto se cuestiona la “actitud remisa” de Redrado por “omitir, rehusar o retardar” el cumplimiento del decreto 2010/09, en el cual se dio origen al Fondo del Bicentenario. “Quien debe preocuparse por el cumplimiento de las norma se niega a aplicarlas y además trata de entorpecer o desconocer la acción del directorio de la entidad, siendo ello inadmisible”, dice en uno de sus párrafos. Tras delinear el contenido del decreto, la Presidenta ordenó al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que se contactara con todos los ministros y les pidiera que se presentaran lo más rápido posible en la Casa Rosada. Algunos se encontraban de vacaciones y tuvieron que arreglárselas para regresar a Buenos Aires.

Fue el caso de Carlos Tomada y Nilda Garré, que se encontraban en Pinamar y Villa Gesell, respectivamente. Ambos aprovecharon un vuelo que concertó a último momento el gobernador Scioli, quien también estaba en Gesell, para retornar lo más rápido posible a La Plata. Desde allí los tres siguieron viaje hasta la Capital Federal. Scioli se sumó al acto en La Matanza, donde se inauguraría una planta potabilizara de agua de la empresa estatizada Aysa. En ese lugar, la Presidenta apareció ante las cámaras para hablar por primera vez sobre el affaire Redrado.

Remover por decreto

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, fue uno de los especialistas con los que CFK analizó la alternativa de remover a Redrado por decreto. En uno de sus mandatos como senador, Capitanich presidió la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta. Desde esa función le tocó integrar la comisión que debe expedirse cada vez que el Ejecutivo pretende remover a un director del Central. Esa comisión está integrada por los titulares de las comisiones de Presupuesto y Economía del Senado, los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de Diputados, más el presidente del Senado, o sea el vicepresidente de la Nación. Capitanich actuó en el proceso de remoción del ex director del Central Ricardo Branda.

Según el artículo 9º de la Carta Orgánica de la entidad, lo que resuelva esa comisión no tiene carácter vinculante: lo que significa que el Ejecutivo puede o no tener en cuenta esa opinión. Ayer, en diálogo con Página/12, Capitanich elogió la decisión de la Presidenta de firmar un nuevo decreto para remover a Redrado. Dijo que la medida era entendible teniendo en cuenta el contexto: un Congreso en receso y la comisión respectiva sin perspectivas de poder conformarse a la brevedad. “La atribución de remoción del presidente del Banco Central es indudablemente del Poder Ejecutivo. Si la oposición quiere poner funcionarios que ganen las elecciones. Sus argumentos son endebles, de una ignorancia supina y mucho oportunismo político”, cargó Capitanich.

Mientras Redrado analizaba con sus abogados presentar en la Justicia un amparo para tratar de frenar su remoción, el resto del directorio del Banco Central se reunía bajo el mando de Pesce. Alguna vez vinculado al influyente Enrique “Coti” Nosiglia, Pesce fue secretario de Economía de la gestión de Aníbal Ibarra. En los últimos años se mantuvo dentro del espacio de los radicales K que siguen siendo aliados del oficialismo. Ayer, Pesce logró reunir a seis de los diez miembros del directorio: de los cuatro ausentes uno era Redrado, otro está de vacaciones y los dos restantes faltaron porque comparten la postura del ex Golden Boy. En el Gobierno respiraron aliviados cuando se enteraron de que Pesce había juntado a seis de los diez integrantes del directorio. “Tenemos la mayoría”, festejaron.

El decreto que ordena la remoción de Redrado ingresó al Congreso ayer mismo. Hoy será girado a la comisión bicameral de seguimiento de los DNU. Esa comisión está conformada por ocho diputados y senadores del oficialismo, más ocho diputados y senadores de la oposición. El miembro informante por el oficialismo es la senadora Diana Conti. Por la oposición, el mismo rol lo ocupa el senador radical por Formosa, Luis Naidenoff. Si la comisión bicameral emitiera dos dictámenes opuestos sobre un mismo decreto, y esos dictámenes recibieran la misma cantidad de votos –los presumibles cuatro y cuatro–, el empate obligaría a trasladar la discusión al recinto de ambas cámaras. En ese caso, para que el decreto sea finalmente anulado, tanto el Senado como Diputados deberán expedirse en contra. En el Gobierno confían en que la composición actual del Senado les garantizará al menos un triunfo en la Cámara alta. Pero para que todo esto suceda, primero habrá que esperar hasta la apertura de las sesiones ordinarias: el 1º de marzo.