Luego de resistir en su puesto un día, el ahora ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, bajó la bandera de rebeldía y dejó el cargo. Su objetivo es acudir a la Justicia la semana próxima para solicitar la nulidad del decreto de necesidad y urgencia de remoción. El banquero mantuvo ayer una extensa reunión con algunos de los abogados del organismo monetario para analizar las diez carillas del decreto y encontrar en el texto un hueco legal para lograr mantenerse al mando del directorio del Central. Entre las posibilidades que se barajaba llegó a analizar “presentarse mañana (por hoy) a trabajar como si nada”, señalaron desde el Central este diario. Por su parte, insistieron en que el dictamen del gerente principal de Asuntos Legales, Marcos Moiseeff, no tiene validez porque ese departamento no tiene autoridad para emitir opinión al respecto. En cambio, difundieron la respuesta de su Gerencia de Asuntos Jurídicos, que sostiene que el Ejecutivo nacional “carece de potestad para dar instrucciones” al BC.

Con un DNU firmado por la Presidenta y todos los ministros del Poder Ejecutivo y un directorio funcionando en contra, Redrado insistía en encontrar la manera de no dejar el cargo. “Está reunido con sus abogados analizando el carácter legal del decreto”, contestaban sus colaboradores a este diario en las reiteradas oportunidades en que se consultaba. La reunión con sus asesores legales se prolongó por más cinco horas. Además de los letrados del Central, consultó a sus propios abogados. Redrado abandonó su despacho a las 23.

Minutos después se conoció su decisión: “Deja el cargo, pero no hay renuncia”. Así lo aseguró a este diario un estrecho colaborador de Redrado. “No queda otra que cumplir con el decreto”, agregó. A pesar de haber estado buscando por más de cinco horas una manera de mantenerse en el cargo, desde el Central sostuvieron que aceptó la remoción para evitar sumar incertidumbre al funcionamiento del sistema financiero.

De todos modos, se informó que el lunes próximo presentará un recurso de amparo ante la Justicia para solicitar la nulidad de la medida. Horas antes, incluso, se manejaba la posibilidad de continuar hoy en funciones, dejando constancia notarial de su asistencia, a la par de la presentación de un recurso judicial. El espíritu del amparo será “atacando la legalidad del decreto”, aseguraron.

En los considerandos del DNU que eyectó de la poltrona principal del Central a Redrado, se hace mención al dictamen proveniente de la Gerencia Principal de Asuntos Legales del organismo. En esa respuesta, tal como publicó ayer Página/12, se daba vía libre al traspaso de parte de las reservas excedentes al Tesoro nacional, “quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Esto fue reiterado en el texto del decreto de remoción de Redrado. “Como ha sostenido el gerente principal de Asuntos Legales, no se trata de una mera orden del Poder Judicial, sino del uso de una facultad excepcional que éste tiene de dictar normas legales”, asegura el decreto.

No bien el gobierno tomó conocimiento de ese dictamen sumó el cargo de incumplimiento del deber de funcionario público sobre Redrado por desoírlo. Sin embargo, desde el Central aseguraron que la única aprobación con validez en este caso es el departamento Jurídico a cargo de María del Carmen Urquiza. “Legales sólo se encarga de llevar adelante los juicios del Banco, no de emitir opinión”, señaló a este diario un colaborador de Redrado. Por su parte, difundió la respuesta de este último.

La contestación del departamento Jurídico –que se esperaba hace varios días– señala que la Carta Orgánica es “clara y categórica” en que el Central “no ha de seguir órdenes, indicaciones o instrucciones del Ejecutivo”. “Ningún sentido tendrían las prohibiciones y recaudos establecidos si el Ejecutivo pudiera modificar y fijar excepciones a dichas disposiciones, con la mera invocación de existir urgencia e imposibilidad”, agrega. El dictamen de Urquiza reconoce que hay mecanismos para verificar circunstancias excepcionales. El documento concluye que “se entiende aconsejable que esta Institución (BC) aguarde la intervención parlamentaria correspondiente para seguir el curso de la acción previsto por el artículo 3 del decreto 2010/09”.