La paradoja contiene más de una coincidencia. El 30 de diciembre pasado, a las 17.15, al menos un policía robó legajos con denuncias por delitos de lesa humanidad, una computadora portátil, dos celulares, una filmadora y dinero de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, en la esquina de 8 y 54, en La Plata. Unas tres horas antes, a cuatro cuadras de allí, en el edificio de la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, en 51 entre 10 y 11, se cesanteaba a seis abogados de esa dependencia que instruían unos 1200 sumarios a uniformados por presuntos delitos graves. En ambos episodios, los damnificados acababan de celebrar el brindis de fin de año: el personal que se desempeña junto a Sara Derotier de Cobacho en el organismo asaltado y los despedidos que reportaban a las órdenes de la auditora general María Alejandra Provítola. Un par de días después diría la secretaria de Derechos Humanos: “En Asuntos Internos están en problemas, les sacaron personal civil”. El secretario de Organización de ATE, Julio Ortellado, gremio que intervino en el conflicto laboral, completó: “Resulta extraño que se despida a los trabajadores que investigaban a policías”.

En los cuatro pisos de la Auditoría General no siempre se siguió la pista de integrantes de la Bonaerense sospechados de delinquir. Antes de que se mudara allí Asuntos Internos, funcionaba una compañía de turismo, Silver Viajes, del ex presidente del club Gimnasia y Esgrima La Plata, Juan José Muñoz –aquel que cobrara triste notoriedad en el entretiempo de un partido con Boca por amenazar al ex árbitro Daniel Giménez–. Al Ministerio de Seguridad el inmueble se lo vendió Facundo Martín Muñoz, el hijo menor del controvertido dirigente futbolístico peronista. El Estado provincial habría pagado por él unos 6.300.000 pesos gracias al decreto 1516 del 15 de julio de 2005.

Así como hace cinco años en el edificio ya no hay vestigios de la agencia de viajes, tampoco quedan rastros de la reforma policial que había emprendido el ex ministro de Seguridad León Arslanian en 2004. Durante su gestión, Asuntos Internos se nutría de un 70 por ciento de civiles y un 30 por ciento de policías. Ahora la proporción se invirtió. El gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, desde 2007 profundizaron esta tendencia. El primero firmó el 3 de diciembre las cesantías de los seis abogados que recibieron la noticia cuando se disponían a alzar las copas con dos centenares de compañeros. Quizá se estimó que a fin de año no ofrecerían resistencia. Una de las afectadas, hija de un ex comisario de la fuerza, ex funcionario de la seguridad deportiva y, además, ex árbitro de fútbol, había sido elegida delegada por ATE y estaba a punto de recibir los fueros gremiales. A todos los echaron en medio de un acuerdo paritario incumplido. Y no les permitieron siquiera permanecer en el edificio tras el brindis.

Cada uno de los seis jóvenes letrados instruía unos doscientos expedientes contra policías por una grilla de delitos que van desde los apremios ilegales y la extorsión hasta el abuso sexual y enfrentamientos fraguados. De ahí sale el número de 1200 investigaciones que podrían quedar desactivadas o pasarían a manos de uniformados. La mayoría se siguen a vigilantes o suboficiales. Casi no había oficiales de alta graduación entre los imputados. Las pesquisas demoraban hasta seis o siete meses según los despedidos, que cobraban 3376 pesos mensuales para auditar, junto con un reducido número de compañeros que continúan en sus puestos, el desempeño de 55.238 efectivos en actividad.

La auditora Provítola (graduada en abogacía con promedio 8,92 en la Universidad de El Salvador) trabajaba con Stornelli en los tribunales federales de Comodoro Py cuando él era fiscal. Ambos desembarcaron juntos en la provincia de Buenos Aires a fines de 2007. La auditora y su adjunto, José Miguel Guerrero, quien suele interrumpir las asambleas que el personal civil realiza en el edificio de la avenida 51, le imprimieron a Asuntos Internos una disciplina que, según ATE, se transforma en maltrato. El sindicato difundió un comunicado donde describe que “los despidos se produjeron en condiciones humillantes, ya que los trabajadores fueron obligados a abandonar sus lugares de tareas de manera compulsiva por orden de la responsable del área, María Alejandra Provítola”. Por eso, concluyó que “se está produciendo un vaciamiento del área de Asuntos Internos, ya que con el despido de los trabajadores civiles sólo quedarán policías para proceder a la investigación del resto de los integrantes de la fuerza de seguridad”.

Las autoridades desmienten la interpretación del vaciamiento a partir de los despidos. En cambio, una fuente del Ministerio de Seguridad le dijo a Página/12 que “extraoficialmente se dice acá que los echaron porque trabajaban desde la época de Arslanian”. En el grupo de abogados había quienes tenían muchos años en Asuntos Internos, incluso estaban desde antes de que llegara el ex ministro en 2004, durante la gobernación de Felipe Solá. Los problemas para ellos comenzaron cuando decidieron sindicalizarse en ATE y reclamar un aumento de sueldo y el pase a planta permanente. Les sacaron expedientes y cayeron en desgracia. Con reserva de la fuente sostienen que “Provítola llamó por lo menos en seis ocasiones a cincuenta policías cuando protestamos con una radio abierta. El edificio fue vallado varias veces”. El 28 de diciembre se agregó personal de caballería a la custodia, dos días antes de las cesantías.

El ministro Stornelli también sufrió el repudio del gremio el día de Reyes. Le hicieron un escrache en la sede del ministerio, donde hubo quema de gomas y se denunció a su auditora general porque “tiene actitudes autoritarias”. Mientras ocurría esto, la sustracción de expedientes en la Secretaría de Derechos Humanos provincial reavivaba la contradicción con la disminución del control civil sobre una fuerza de seguridad de más de 50 mil hombres. En su declaración ante la Justicia, Cobacho afirmó que “no se trató de un robo común” y relacionó el episodio con “nichos de corrupción que todavía siguen enquistados en la Policía Bonaerense”. Uno de los despedidos sugirió que no habrá solución para ello porque “a Stornelli no le interesa investigar”.

El policía Juan Manuel Mateos, detenido por el hecho, era investigado por Asuntos Internos desde principios de diciembre. El domingo 6 de ese mes, desde su automóvil particular salió la bala que mató a Santiago Pellegrini, un niño de 8 años, en Gonnet. Tres individuos que se desplazaban en su Ford Ka intentaban cobrarse una vendetta con un joven que huyó por la misma calle donde jugaba el menor y dispararon al bulto. Separado de la Bonaerense por el presunto delito de encubrimiento agravado en ese crimen, el policía se entregó a la Justicia pero quedó libre. Unos días más tarde fue arrestado como uno de los dos autores del robo a la Secretaría de Derechos Humanos.