El Gobierno apuesta a que la Cámara en lo Contencioso Administrativo se reúna con urgencia y revoque la medida cautelar que repuso a Martín Redrado al frente del Banco Central y la que bloqueó el uso de reservas para el pago de deuda. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, anunció anoche que la Casa Rosada ya apeló la decisión que ayer mismo tomó la jueza María José Sarmiento quien, a pedido de los abogados de Redrado y de un grupo de diputados de la oposición, convirtió en un juicio ordinario lo que en un comienzo estaba formulado como acción de amparo. Ese cambio de modalidad en el trámite judicial dilata por lo menos una semana el curso de la apelación que presentó el fin de semana el Poder Ejecutivo, que ahora intenta acelerar la intervención del tribunal de alzada.

La propia jueza, en función de su nueva resolución, tendrá más tiempo para pronunciarse sobre la apelación que el Gobierno presentó el fin de semana. La Cámara, que admitió el recurso ante la negativa a recibirlo de la magistrada, lo giró al juzgado ayer a las 7.30. A esa misma hora al despacho de Sarmiento llegaban el diputado del PRO Federico Pinedo por un lado, y Ezequiel Cassagne, uno de los abogados de Redrado, por el otro. Redrado está encaminado en una batalla judicial para defender el cargo de titular del Central, del que la presidenta Cristina Kirchner lo echó por decreto. Los legisladores son los que presentaron el primer amparo pidiendo el bloqueo del Fondo de Bicentenario destinado a pagar deuda. Sus presentaciones coincidieron en un punto: la pretensión de convertir el caso en un proceso judicial ordinario. En unas pocas horas y en una resolución de apenas nueve líneas, consiguieron lo que buscaban.

“El viernes esta situación era de una gravedad institucional sorprendente pero resulta que ahora Pinedo pide que se convierta en ordinario y la jueza la concede: ¿dónde está la gravedad entonces?”, se quejó Fernández por la noche. “Buscamos denodadamente a la jueza porque el domingo vencía el plazo de apelación y es por eso que el oficial (de la Policía Federal) la contacta cuando salió a pasear el perrito”, agregó el jefe de ministros.

La medida adoptada ayer por Sarmiento trae aparejadas varias consecuencias:

n Mientras sigue en trámite la apelación del Gobierno, Redrado permanece en el cargo de presidente de BCRA y continúan bloqueados los fondos que el decreto de necesidad y urgencia 2010/09 había asignado al pago de deuda. Esto es porque en un trámite común no se suspende el efecto de las medidas cautelares concedidas, en este caso las que otorgó el viernes Sarmiento, explicaron a este diario fuentes judiciales.

n Los plazos se estiran y se abre un debate más profundo sobre los decretos cuestionados. Si el caso continuaba como amparo, la jueza tenía sólo 48 horas para resolver las apelaciones. Ahora notificará los argumentos del Gobierno a los abogados de Redrado –Cassagne y Gregorio Badén– así como a Pinedo y los tres diputados de la Coalición Cívica (CC) que se presentaron con él –Alfonso Prat Gay, Patricia Bullrich y Juan Carlos Vega–. Todos ellos tendrán la posibilidad de retrucar los fundamentos del Ejecutivo con un plazo de cinco días hábiles. Además Sarmiento les dio 24 horas para que adapten sus demandas a los estándares de un proceso judicial común.

n Así las cosas, es difícil que haya una resolución de la jueza al menos hasta la semana próxima. Para ese entonces, habrá cambiado la composición de la Cámara llamada “de feria”, que va cambiando a lo largo de las vacaciones judiciales. Hasta el lunes próximo, estará integrada por Carlos Grecco, José Luis López Castiñeira y Néstor Buján. Luego permanecerá Grecco y llegarán las juezas Marta Herrera y Clara Do Pico. En tribunales circulan versiones de que tanto los letrados de Redrado como los diputados opositores confían más en obtener fallos favorables de la segunda composición que de la primera. El Gobierno, a la inversa, tendría más esperanzas en la actual.

Hasta el momento, la única actuación del tribunal de alzada, en este caso del juez Grecco, consistió en habilitar el fin de semana para que el Ejecutivo apelara. Grecco, que lleva cerca de 35 años en la Justicia, tiene por costumbre –cuentan en el Palacio de Justicia– ir a su despacho algunos sábados. En este caso, fundó su decisión de aceptar el recurso oficial en la “urgencia” y en que no estaba claro si el plazo de 48 horas que había fijado la jueza vencía o no el domingo. Invocó el Código Procesal y el Reglamento de la Justicia.

Badeni, en nombre de Redrado, recusó a Grecco. “Se arrogó facultades que sólo corresponden a la jueza de primera instancia”, le dijo a Página/12. Su escrito agrega otro argumento: que Grecco, en viejas publicaciones, sostiene que los decretos de necesidad y urgencia son inmunes a la fiscalización judicial y el único juez posible es el Parlamento. Sus colegas camaristas tendrán que definir si la recusación es o no pertinente. Es infrecuente que se aparte a un juez por opiniones vertidas en publicaciones sin vinculación con el caso concreto en estudio. Badeni, además, pidió la nulidad de lo actuado por la Cámara. El diputado Vega anunció que también recusará al camarista, pero lo hará “sin causa” como forma de “obligar a su apartamiento”, señaló a este diario. Las recusaciones, además, funcionan como una forma de agregar obstáculos frente a cualquier nueva decisión que tenga que adoptar la Cámara.

La decisión de Sarmiento de volver ordinario el juicio es apelable también. Y la Cámara misma tiene la posibilidad de disponer que se vuelva a la vía del amparo. En Tribunales hay quienes interpretan incluso que la jueza tomó algunas decisiones objetables, como haber salteado notificaciones al Estado.

El planteo del Gobierno, según señalaron fuentes oficiales, tiene otros razonamientos y el firme objetivo de que la Cámara intervenga cuanto antes. Por empezar, alegaría razones de urgencia para pedir que la cámara se “aboque” a tratar el caso puntual de Redrado. “La jueza dictó la cautelar a favor de Redrado con el argumento de que su presencia es la que permite garantizar el bloqueo de las reservas. Es decir, se invoca un peligro inexistente, o que en todo caso aparece planteado en otra causa. Es una resolución nula. El objetivo de cualquier medida cautelar es garantizar al actor que podrá satisfacer su pretensión (en este caso recuperar el cargo) si gana la demanda”, explicó a Página/12 un alto funcionario. “Los pasos procesales están prolongando una situación de gravedad institucional y esto requiere una solución urgente”, es el planteo dirigido a la Cámara. El Gobierno, desde ya, defiende la validez de ambos DNU, tanto el que removió a Redrado como el que dispuso la creación del Fondo del Bicentenario.

Los abogados del funcionario dicen que se vulneró la Carta Orgánica del Central al removerlo por decreto sin dar intervención a una comisión bicameral. Los legisladores de la oposición, señala Vega, sostiene que la creación del Fondo del Bicentenario por DNU “es un mecanismo arbitrario que saltea al Parlamento sin responder a necesidad ni urgencia”.

Fernández dijo anoche que “Redrado nunca estuvo de acuerdo en acumular reservas, incluso cada vez que se planteaba el tema en reuniones con la Presidenta, él decía que no estaba de acuerdo pero que su renuncia estaba a disposición de la Presidenta”. “El viernes cuando hablé con él le dije que estábamos colisionando, que eso no podía ser, que no podía haber dos políticas y que la Presidenta había decidido aceptarle la renuncia, pero me dijo que ya no estaba dispuesto a darla”, relató.