A siete años de la reapertura de la causa, el juez federal Humberto Blanco ordenó por primera vez la detención de un grupo de represores de La Cacha, centro clandestino que funcionó en los viejos galpones de Radio Provincia, frente a la cárcel de mujeres en Olmos. La lista incluye desde el ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean y su ministro Jaime Smart, con arresto domiciliario en otras causas, hasta la plana mayor y el personal civil del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata. Cinco imputados ya tenían prisión preventiva en otras investigaciones. Nueve fueron detenidos entre el miércoles y ayer por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, incluido el teniente coronel Jorge Héctor Di Pasquale, que en teoría estaba prófugo. El resto está cuando menos anoticiado y de no presentarse pasará a engordar la lista de prófugos por crímenes de lesa humanidad.

La Cacha funcionó entre fines de 1976 y octubre de 1978 en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Los grupos de tareas que operaron allí estaban integrados por personal del Ejército y del Servicio Penitenciario Bonaerense, aunque alternaban represores de la policía provincial, marinos y agentes de la SIDE. La causa se reabrió en 2003. Dos años después, el fiscal Sergio Franco pidió las primeras cuatro detenciones, que no se concretaron. El expediente se activó el año pasado a partir de un informe sobre los miembros del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata del programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Otro paso importante fue el acceso a los legajos del personal civil de inteligencia, PCI en la jerga de los servicios, pues permitió a los sobrevivientes identificar a los represores.

Cinco imputados ya tenían procesamientos. Saint Jean y Smart por delitos de lesa humanidad en la Comisaría 5ª, la Brigada de Investigaciones y el Pozo de Arana. El capitán Juan Carlos Herzberg goza de arresto domiciliario –en Luis María Campos 1419, 16º A– por su actuación en una apropiación ilegal, caso por el que será juzgado junto al apropiador y cantante de tangos Omar Alonso. Blanco le imputa delitos como ex jefe de la Fuerza de Tareas 5, que dependía del Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM3) y de la Escuela Naval Río Santiago. El cuarto detenido es el coronel Alejandro Agustín Arias Duval, ex jefe del Destacamento 101. Por su responsabilidad sobre las torturas en la Comisaría 5ª el juez Humberto Corazza lo procesó con arresto domiciliario en Ituzaingó 9250 del barrio Montecarlo, en Del Viso, Pilar. El último es el penitenciario Héctor Raúl “El Oso” Acuña, jefe de guardias de La Cacha, que comenzará a ser juzgado el mes próximo por torturas en la Unidad 9.

La mayoría de los nuevos detenidos son ex miembros del Destacamento 101, que funcionó en calle 55 número 617/19, entre 7 y 8. Emilio Alberto Herrero Anzorena era jefe de la central de reunión. Los teniente coronel Anselmo Pedro Palavezzati y Carlos María Romero Pavón fueron jefes de la sección Reunión Interior. El ex carapintada Di Pasquale, detenido anoche, llevaba años prófugo por su actuación durante 1976 en el Destacamento 182 de Neuquén. También fueron capturados los capitanes Carlos Del Señor Hidalgo Garzón y Gustavo Adolfo Cacivio, y los civiles de inteligencia César Emilio Branne (interrogador que integraba el Grupo de Actividades Especiales de Inteligencia, con el nombre de cobertura Carlos Enrique Bosco), Claudio Raúl Grande, guardia a quien los secuestrados conocían como “Pablo” y Raúl Ricardo Espinoza, alias Jota.

También tienen orden de captura el teniente coronel Roberto Armando Balmaceda, jefe de la sección Central de Reunión de Informaciones, CRI; el coronel Enrique Armando Cicciari, que como capitán del Regimiento de Infantería 7 entregó un recibo de los muebles robados al dueño del departamento que alquilaba la desaparecida Nora Formiga; y los capitanes Miguel Angel Amigo, ex miembro de la sección contrainteligencia del Destacamento, radicado en Bahía Blanca, Ricardo Luis Von Kyaw, que integró como teniente primero la Central de Reunión y fue identificado por sobrevivientes como quien impartía órdenes en La Cacha, y Ricardo Armando Fernández, ex jefe del Grupo de Actividades Especiales de Inteligencia.

Los suboficiales con pedido de captura son Juan Carlos Negri, que viviría en Mendoza, y Luis Orlando Perea, ex miembro de la sección Reunión Interior. Perea es recordado por un incidente ocurrido entre noviembre y diciembre de 1977. Mientras estaba secuestrada en La Cacha, Graciela Quesada fue autorizada a visitar a sus hijos, que vivían con sus abuelos frente al destacamento. En el último contacto les dijo que había sido autorizada a salir del país. Cuando su padre exigió información, el sargento Perea le sugirió “no pregunte más, ya nos ha sido muy útil”.

Además del Oso Acuña, el otro agente del SPB es el subprefecto Isaac Crespín Miranda, elogiado en su legajo por el jefe del Destacamento 101 por su “dedicación e iniciativa”. Los dos civiles de inteligencia imputados por su actuación en La Cacha son Teodoro Aníbal Gauto y Rufino Batalla, cuyo nombre de cobertura era Ricardo Balboa.

La demora generada por las leyes de impunidad y luego la ineficiencia del Poder Judicial derivó en que murieran impunes Ricardo Alberto Ducros, segundo jefe del Destacamento; el sargento ayudante Bonifacio Antonio Torres, el teniente Pedro Alejandro Del Río, el guardia Rubén Abel Corbalán –alias Tarzán, nombre de cobertura Rubén Aldo Caruso–, el PCI Valentín Miranda, alias Willy; Héctor Horacio Nápoli –nombre de cobertura Heraclio Herminio Nadal– y Basilio Juan Viscelli.