La guerra episódica entre el Gobierno y la Corte Suprema está en uno de sus momentos más crudos. Con dos recusaciones contra el ministro Adolfo Vázquez, el oficialismo apostó a frenar la inminente resolución del tribunal contra la pesificación. Uno de los planteos fue presentado por el Banco Nación, que advirtió que la redolarización de depósitos “afectaría de manera cierta, directa y terminal a la liquidez y solvencia del sistema financiero”. El otro, de una abogada, le atribuyó al juez tres plazos fijos. De todos modos, los supremos se las ingeniaron para rechazar las dos presentaciones ayer mismo. En su próxima reunión plenaria, que será el lunes 30, intentarán volver a la carga contra el corralón.
Los ministros de la Corte habían rearmado el miércoles a la noche la mayoría necesaria para firmar una resolución despesificadora al autorizar a Carlos Fayt a pronunciarse sobre el tema a pesar de que tiene un plazo fijo de 200 mil dólares. Pero el Gobierno fue ayer al ataque para impedir el pronunciamiento. “Evitaron que se dicte sentencia en nuestro acuerdo de hoy (por ayer), pero el criterio de la mayoría de la Corte sigue firme y tarde o temprano se plasmará en un fallo que no generará ninguna catástrofe”, dijo un ministro a Página/12.
A Vázquez lo recusaron. A Fayt le promovieron un nuevo juicio político (ver aparte). Ambos forman parte del grupo de cinco jueces dispuestos a apoyar la devolución de depósitos en moneda de origen, junto con Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López.
El planteo que presentó el Banco Nación a la tarde acusa a Vázquez de haber prejuzgado sobre la pesificación “al hacer pública su posición en diferentes medios”. Y advierte que “la redolarización de los depósitos conduciría a la frustración de gran parte de los ahorristas y al derrumbe de la mayoría de las entidades bancarias”. El escrito que había llevado la abogada Estela Iribarren por la mañana le adjudica al juez tres depósitos reprogramados en el banco Itaú constituidos respectivamente “por tres cedros de 8044 pesos cada uno, (17.237 dólares), dos cedros de 606 pesos cada uno (867 dólares) y un depósito reprogramado por 10.488 dólares”. Estaría “comprometida la imparcialidad del juez Vázquez”, advirtió.
Los jueces se enteraron de la primera recusación cuando estaban reunidos ayer a la mañana. “Yo no tengo ningún plazo fijo”, se defendió inmediatamente Vázquez ante los presentes. “Tenía una caja de ahorro con 5800 dólares, de los que me pesificaron 5000 e incluso los cobré y los gasté. Lo demás debe ser un plazo fijo de la fundación que lleva el nombre de mi esposa fallecida (Norma Lidia Troncos de Vázquez) y otro de la mamá de mi señora, que es una mujer de 91 años”, señaló. Con estas y otras explicaciones Vázquez elaboró un informe que entregó a sus colegas en el que concluye que hay “una nueva maniobra política tendiente a obstruir la labora de la Corte Suprema para que no pueda fallar”. Por lo bajo, ese ministro estuvo despotricando ayer “porque los datos de la cuenta de la fundación sólo pueden haber salido del Banco Central”. “Eso es delito, es violar el secreto bancario, voy a hacer juicio”, amenazaba.
En un trámite bien expeditivo, que incluyó al conjuez Santiago Kiernan, el tribunal rechazó después del mediodía los cuestionamientos a Vázquez. En el acuerdo de la mañana, se había dedicado a aceptar las excusaciones de los conjueces Horacio Vigliani y Ricardo Lona así como la del ministro Enrique Petracchi. También designaron como nuevo conjuez a Ricardo Bello, de Rosario. Ahora, hay cinco días para que se excuse o lo recusen.
Entre el elenco estable de la Corte ya se sabe que cinco ministros votarán la redolarización. Kiernan, uno de los conjueces, tiene opinión formada puesto que firmó pronunciamientos contra el corralito como miembro de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. El fallo finalmente podría salir para despedir el año, el 30 de diciembre, pero queda claro que en este tribunal nada está dicho. Se podría definir el expedienteiniciado por la ahorrista Mirta Ester Beratz y, quizá el de la provincia de San Luis, que reclama 247 millones de dólares acorralados.
En lo que parece haber consenso interno es en que la ejecución de las sentencias sea diferida, “lo que implica que no hay riesgos para el sistema financiero”, defienden Sus Señorías. La resolución tampoco comprenderá las deudas pesificadas, habría una cláusula especial para dejar eso en claro. Lo que aún queda en discusión entre los jueces es hasta qué punto dirán algo sobre cómo debe ser devuelto el dinero: algunos creen que los mecanismos los debe establecer, en un plazo, el Congreso y otros prefieren dejar todo librado a acuerdos entre bancos y clientes que, sólo si no se logran, serían resueltos por jueces de grado.