La Corte Suprema admitió la apelación que el Estado nacional presentó contra la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El tribunal, en una decisión que le tomó unas pocas líneas, solicitó al procurador General de la Nación, Esteban Righi, que diera su opinión sobre la medida cautelar dispuesta por la Cámara Federal de Mendoza. Si bien se trata de un paso en apariencia formal, un rechazo del máximo tribunal al pedido del Gobierno hubiera significado la convalidación de las decisiones que frenan la norma y la imposibilidad de aplicarla por un largo tiempo. Mientras el amparo siga vigente, rige la vieja Ley de Radiodifusión dictada durante la última dictadura.

“Creo que es una decisión importante porque al haber admitido la apelación, la Corte está diciendo que hay gravedad institucional”, dijo a Página/12 el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, el funcionario que llevó el reclamo del Gobierno ante el máximo tribunal. En su escrito, justamente, Da Rocha planteó que había “gravedad institucional” porque se estaba privando al sistema de medios del régimen jurídico aprobado por el Congreso. Si bien los integrantes del máximo tribunal no dijeron nada al respecto, en el Gobierno destacaban que los Supremos suelen oponerse a admitir el tratamiento de medidas cautelares porque no son sentencias definitivas. Ocurre que, en este caso, la resolución de la Justicia mendocina implica la parálisis íntegra de una ley. “Se está jugando un tiempo político institucional. Está paralizada una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo”, agregó Da Rocha al reclamar que el máximo tribunal no estire los tiempos para tomar una decisión de fondo.

La decisión de los jueces de la Corte, que fue unánime, no significa un aval o rechazo al contenido de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lo que está en juego es la medida tomada por la Justicia mendocina, que congeló la aplicación de la norma por pedido del diputado del peronismo federal Enrique Thomas. Pero, ayer, la Corte tampoco se pronunció sobre el amparo, sino sobre la posibilidad de analizarlo. Por ese motivo, la ley seguirá suspendida hasta que los jueces se expidan sobre la medida cautelar.

Thomas impugnó el proceso de sanción de la ley por supuestas violaciones reglamentarias en el trámite parlamentario. La jueza Olga Pura de Arrabal avaló su reclamo y luego lo respaldó la Cámara Federal de Mendoza, integrada por Alfredo López Cuitiño, Julio Petra y Otilio Romano. Este último magistrado intentó instalar que había sido presionado por organismos de derechos humanos para avalar la ley de medios, cuando, en realidad, estas agrupaciones lo habían denunciado antes por su actuación durante la última dictadura, cuando se desempeñaba como fiscal.

El próximo paso de este expediente estará a cargo del procurador Esteban Righi, quien, en quince días, se expediría contra la medida cautelar y pediría que se levante la suspensión de la ley. Luego, deberá pronunciarse la Corte. Aunque en esa instancia no hay plazos para tomar una decisión, en el tribunal esperan poder fallar antes de la feria judicial de invierno. Entre otros aspectos, los supremos deben resolver si Thomas estaba legitimado o no para llevar adelante esa acción judicial y si el proceso de formación de las leyes es una cuestión “judiciable”. Esas fueron algunas de las cuestiones planteadas por el Gobierno en su escrito. En caso de que el amparo mendocino sufra un revés en el máximo tribunal, tampoco estará dicha la última palabra. Es que hay otras suspensiones en danza, aunque en la mayoría de los casos se trata de impugnaciones parciales a la norma que reemplazó la Ley de Radiodifusión dictada durante la última dictadura militar. En Salta, un juez frenó la norma íntegra al estilo mendocino y el caso está siendo estudiado por la Cámara Federal local. En tribunales se especula con que esperarán el guiño de la Corte para resolver. Si, en cambio, la Cámara salteña se expide antes, avala la suspensión y el Gobierno vuelve a apelar, el máximo tribunal deberá analizar si trata ambos casos en el mismo fallo.

El subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, celebró la medida de la Corte y dijo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está “irregularmente suspendida, ya que los jueces no sólo no eran competentes, sino que además era el primer caso en la historia del derecho argentino que la Justicia suspende la aplicación de una ley en todo el país”. Subrayó que aguardaba que en las próximas semanas se pueda “aplicar la primera ley de los últimos 26 años de democracia” en materia de medios de comunicación. La resolución del máximo tribunal también fue bien recibida por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. El dirigente de la Asociación Argentina de Actores Norberto Gonzalo señaló que la Coalición “no sólo quiere festejar la decisión de la Corte sino revalidar la metodología del debate horizontal que nos permitió elaborar los 21 puntos y contribuir a la elaboración de la ley con la participación de todos los sectores involucrados”.