EL PAíS • SUBNOTA
La ley 26.122, sancionada por el Congreso en julio de 2006, delimitó las facultades de la bicameral encargada de controlar los decretos de necesidad y urgencia. De acuerdo con la iniciativa, un DNU entra en vigencia no bien es emitido y sólo pierde validez al ser rechazado por ambas cámaras. Sin embargo, la aprobación (o falta de rechazo) por una sola de ellas ya convalida la medida. Los detractores de la normativa argumentan que el proyecto original presentado por la entonces senadora Cristina Fernández en octubre de 2000 sostenía que “todo DNU deberá, para su validez, ser ratificado por ambas cámaras” en el plazo de 30 días. Esta postura, aseguran, cambió cuando el proyecto fue finalmente votado en el Congreso seis años más tarde, mientras su esposo Néstor Kirchner se encontraba al frente del Ejecutivo. A partir del conflicto por las reservas del Banco Central, aparecieron varios proyectos tendientes a reemplazar esta ley. Luego de algunos debates, la mayor parte de los legisladores opositores terminó plegándose al proyecto del diputado radical Ricardo Gil Lavedra, que propone que al ser sancionados los DNU deban ser ratificados por ambas cámaras. Esta iniciativa recibió media sanción en la Cámara baja el mes pasado y ahora espera turno para su tratamiento en el Senado.
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