La parábola se completará esta semana: el juez que quiso investigar qué pasó con las víctimas del franquismo comenzará a trabajar con el fiscal que hace 25 años acusó a los victimarios argentinos.

“Hace muchos años que necesito la ayuda de Baltasar Garzón”, dice Luis Moreno Ocampo a Página/12. Y tras aclarar que no puede opinar sobre la Justicia española desliza una ironía: “Y ahora tengo tiempo”.

Moreno Ocampo es fiscal de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. No es la misma que falló sobre Botnia y el río Uruguay. Fue creada en 1998 por el Estatuto de Roma para investigar crímenes contra la humanidad y la paz y comenzó a funcionar cuando 60 estados ratificaron el Estatuto, en 2002. Una de las primeras medidas prácticas fue designar un fiscal y pedirle que montase una fiscalía. Esos son el cargo y el trabajo de Moreno Ocampo.

Garzón será su colaborador luego de que el Consejo General del Poder Judicial de España lo autorizó el viernes último. Está suspendido como juez desde que el Tribunal Supremo hizo lugar a acusaciones impulsadas por organizaciones franquistas y neofranquistas, irritadas porque Garzón se declaró competente para investigar los detalles de la muerte que la tiranía de Francisco Franco descargó sobre miles de víctimas entre 1939 y 1975.

–Como usted sabe, el gobierno español estuvo de acuerdo con que Garzón viniera a la Corte –dice Moreno Ocampo—. Eso sin perjuicio de que el caso que pesa hoy sobre él se tiene que desarrollar porque nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario.

–¿En qué lo ayudará Garzón a usted?

–Tiene una gran experiencia por la diversidad de casos que afrontó en los últimos 20 años. Sabe cómo investigar las relaciones entre poder político y criminalidad y entre finanzas y criminalidad. No lo sabe en teoría. Lo hizo. Investigó la financiación de la ETA y las relaciones con Herri Batasuna, investigó a los parapoliciales de los GAL, al fundamentalismo islámico, a Augusto Pinochet... Hablamos muchas veces sobre estos temas. Ya le había pedido ayuda una vez que fuimos juntos a Colombia para colaborar en el desarrollo del sistema nacional de investigaciones penales sobre crímenes masivos.

Moreno Ocampo fue el fiscal adjunto de Julio Strassera en el proceso a los comandantes de la dictadura de 1985.

–En el ’85 la Argentina hervía y la discusión era si juzgar estaba bien o mal. Lo que pasó es extraordinario, porque hoy el país no está dividido por ese tema sino por matices. El Juicio a las Juntas tuvo un efecto muy importante. Estableció claramente cómo había sido la historia. El juicio aclaró el pasado y la Argentina, incluso con todos los vaivenes que vivió después, se consolidó. Hoy la democracia es tan natural como la de los Estados Unidos o Europa: ahí está, es parte del aire que uno respira. Alguien dijo que los buenos diseños demuestran su efectividad cuando son invisibles. Es lo que pasa con la democracia argentina.

–Usted no quiere hablar de la tramitación judicial sobre Garzón, pero puede opinar sobre un hecho relacionado con la situación española: el derecho de las víctimas y sus familiares a saber qué ocurrió, versus la ley de amnistía de 1977.

–Ya hay leyes, jurisprudencia y consenso sobre que las normas locales no se pueden oponer a los tratados internacionales. Ya cuando hicimos el Juicio a las Juntas invitamos a Louis Joinet, relator especial de Naciones Unidas, que explicó los diferentes aspectos de la Justicia.

–Joinet siempre sostuvo que saber qué pasó también es un derecho colectivo.

–Exactamente. Me sumo a las palabras de él. Hay dos formas de ser víctima. Por un lado, los torturados y asesinados. Por otro, las familias que nunca tuvieron información. Si no saben qué pasó, las familias de los desaparecidos son víctimas permanentes. Siempre me acuerdo de cuando varios años después del Juicio a las Juntas, me encontré con el padre de Inés Olleros, una chica secuestrada y desaparecida. Un día me dijo: “Yo creo que la asesinaron, pero mi corazón guarda siempre una cuota de esperanza”. Me contó que unas semanas antes alguien le había dicho que su hija estaba en un hospital para enfermos mentales de Caleta Olivia. Viajó hasta Santa Cruz y vio la cara de las internadas. Una por una. La única forma de que se acabe esa incertidumbre es saber. Cuando aún no podían juzgarse los crímenes de la dictadura, la Cámara Federal de La Plata organizó audiencias públicas para establecer la verdad de lo que ocurrió con las víctimas y para que lo supieran sus familiares, esas otras víctimas.

Siete años, siete juicios

La Cámara de La Plata autorizó el Juicio por la Verdad en 1998. Su resolución fue simple: “Declarar el derecho de los familiares de las víctimas de los abusos del Estado ocurridos en el pasado gobierno de facto (1976/83) de conocer cuáles fueron las circunstancias relacionadas con la desaparición de ellas y en su caso el destino final de sus restos”. La investigación avanzó velozmente por la dinámica de la Justicia y el trabajo sistemático de los organismos de derechos humanos. Cuando, otra vez, juzgar fue posible, buena parte de la prueba ya estaba producida durante el Juicio por la Verdad.

Instalado en La Haya desde hace siete años, Moreno Ocampo aprovechó la experiencia argentina de una fiscalía montada desde cero en 1984.

–Hace siete años me nombraron. Con siete pisos vacíos. Tenía una conclusión: el Juicio a las Juntas fue muy bueno porque empezó por las cabezas. ¿Cómo hacía yo para montar una fiscalía? ¿Cómo lograba arrestar a jefes y garantizar los juicios? Había llegado a un criterio: pocos juicios y procesados de alta jerarquía. El desafío era doble. Por un lado, construir la estructura de una institución pensada para durar siglos. Por otro, investigar crímenes masivos mientras estaban ocurriendo.

–¿Qué hizo con la primera tarea?

–Tengo trabajando 300 personas de 70 países.

–¿Y con el segundo desafío?

–Procesé a jefes de Uganda y el Congo y al presidente de Sudán. La Corte tiene tres juicios en marcha.

El presidente sudanés está bajo proceso por la limpieza étnica de Darfur, que desde 2003 produjo miles de muertos y un millón de desplazados.

La realidad, además, plantea cada día nuevos problemas. Por ejemplo, cada país de Europa que interviene en conflictos fuera del continente debe respetar las normas europeas de derechos humanos. ¿Cuáles son las normas para el Reino Unido en Afganistán?

Parte de las 300 personas son algunos juristas especializados. Moreno Ocampo contrató a Catharine MacKinnon, de la New York University, que trabajó por primera vez el concepto de acoso sexual. También al argentino Juan Méndez, consejero del secretario general de Naciones Unidas para la prevención de genocidios.

Baltasar Garzón, andaluz de Jaén, 54, será el nuevo del equipo.

–Necesitamos gente de la más alta calidad posible –explica Moreno Ocampo.

La vendetta española produjo una parábola y, además, una paradoja: mejoró la calidad de un tribunal dedicado a la justicia sin fronteras por haberle puesto una frontera a la justicia.

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