El juez federal Norberto Oyarbide rechazó la recusación presentada por Mauricio Macri para que se aparte de la investigación de las escuchas ilegales. El magistrado dijo que se considera habilitado para seguir al frente de la causa y trasladó el reclamo del jefe de Gobierno porteño a la Cámara de Apelaciones. Al mismo tiempo, dio curso a la apelación que hizo Macri de su procesamiento. Ahora es la Sala I de la Cámara Federal porteña la que debe expedirse sobre los dos temas.

Las pruebas de Macri para recusar a Oyarbide –una herramienta con la que las partes pueden solicitar un cambio de juez cuando consideran que no es imparcial e independiente– fueron una serie de declaraciones periodísticas que realizó Héctor Maya. El ex senador nacional aseguró que “en noviembre o diciembre” del año pasado se encontró con Oyarbide en el restaurante El Mirasol de Puerto Madero y que allí, hablando sobre las causa de las escuchas ilegales, el juez le dijo que iba a avanzar contra Macri y que recibía presiones del Gobierno para “llevárselo puesto”. Un segundo argumento de Macri fue que Oyarbide, “con las mismas pruebas” que usó para procesarlo, sobreseyó al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro.

En el informe que les mandó a los camaristas, Oyarbide aseguró que Maya miente: “Jamás mantuve reunión alguna con el ex legislador Héctor Maya”, dijo. El juez remarcó que el ex senador negó tener testigos ni ningún otro elemento de prueba para fundar su denuncia. Además, transcribió las declaraciones periodísticas en las que Maya hizo su denuncia a varios medios y señaló que a cada uno dio una versión distinta. Finalmente, apuntó que el denunciante dio a conocer el tema no “en noviembre y diciembre”, cuando se habría producido según la conversación, sino cuatro días después de que Macri fuera procesado.

Oyarbide acusó al jefe de Gobierno de intentar “contaminar la investigación con cuestiones ajenas a la labor judicial y más propias del terreno que transita el imputado” y en esa línea sostuvo que una tarea propia y de la Cámara “es evitar que este sumario se convierta en el campo propicio para reyertas políticas o que pueda ser utilizado como un escenario fértil para enarbolar los estandartes de la victimización o de la persecución política”.

Oyarbide procesó a Macri como presunto miembro de una asociación ilícita que realizaba escuchas ilegales, por abuso de poder, falsedad ideológica y por las pinchaduras a las líneas de su cuñado, Néstor Leonardo, y de Sergio Burstein, integrante de los Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA. La revisión que la Cámara realizará del procesamiento es esperada por algunos sectores de la oposición (como la Coalición Cívica) para que sus legisladores impulsen el juicio político de Macri. La doble instancia judicial es considerada en el ámbito político como una garantía a respetar antes de promover una ofensiva contra el jefe de Gobierno. De todas maneras, el macrismo tiene mayoría en la Legislatura, por lo que es improbable que una eventual iniciativa en ese sentido se concrete.

En la causa también están procesados el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios, el espía Ciro James, el ex ministro de Educación Mariano Narodowski, para cuya cartera trabajaba James, los dos ex jueces misioneros que dieron cobertura a las escuchas ilegales, una funcionaria judicial y cinco policías de Misiones.