Quedaron desairados los augurios de quienes (comprendido este cronista) presuponían una mengua en la actividad política, bajo el manto mundialista. El fallo de la Corte Suprema revocando la suspensión de la vigencia de la ley de medios, el levantamiento del bloqueo en Gualeguaychú, la renuncia del canciller Jorge Taiana y la aparición en Tucumán de listas que documentan el terrorismo de Estado conjugaron una semana pletórica de novedades, en su mayoría auspiciosas. Merecen, cuanto menos, un vistazo.

La Asamblea de Gualeguaychú decidió un gesto histórico. El debate de los vecinalistas, que llegó en vivo por canales de cable, dejó pistas sobre ese movimiento que –todo lo indica– entra en una etapa cualitativamente diferente. En ese debate y en el emotivo levantamiento de ayer abundaron exigencias y advertencias de volver al puente, pero seguramente será complicado lograrlo. Un cambio de tendencia se percibía en el ambiente, aunque la mayoría de los oradores se inclinó por la continuidad de la medida de fuerza.

El ejercicio ciudadano trasuntó la convicción y la pasión de los participantes, tanto como el respeto que se profesan quienes fueron compañeros en años de lucha, que ahora tienen posturas divididas. La consideración recíproca signó las intervenciones. El arduo escrutinio del veredicto, que forzó a infructuosos conteos, luego a una separación física de los dos sectores y luego a llevar a uno de esos grupos a un patio para calcular mejor. El cronista, que tiene vistas unas cuantas asambleas, no recuerda un desenlace tan prolijo de ese porte mediando tanta paridad. Lo más habitual es que alguien manijee el resultado o que la asamblea se pudra. La corrección de todos y el apego a las reglas fue ejemplar y, con las salvedades que provoca verlo de lejos, pareció hasta con trazos de buena onda.

La dignidad, la disciplina de grupo y la autoestima flamearon muy alto. En paralelo, vale consignar que los participantes no llegaron a 750, en números charros uno cada 100 gualeguaychuenses. Si se pondera que es una asamblea de asistencia espontánea, sin que exista elección de delegados o grupal, el número parece insuficiente para legitimar decisiones de la magnitud de un corte, que compromete la vida cotidiana de la ciudad y la política exterior del país. El tema da para más y justifica abordajes profundos, pero el detalle dista de ser menor.

En la Casa Rosada y en Montevideo se vivió el resultado como un triunfo. Era inevitable, pero sería deseable que los gobiernos rioplatenses, sus presidentes en especial, honraran algunos de los reclamos de los vecinalistas. La necesidad del monitoreo conjunto, de una política ambiental cuidadosa y consensuada son un mandato que deriva de la sentencia del Tribunal de La Haya y del viraje sensato de la protesta entrerriana. Cristina Fernández y José Mujica se llevan bien y lo extrovierten con asiduidad. Es un caudal interesante que debe transformarse en políticas conjuntas. Será un reto para la diplomacia argentina conseguir que el Uruguay modere la extraterritorialidad que ha concedido a la planta interna. La oposición a Mujica se opondrá con furor. El nacionalismo siempre reditúa, máxime tras años de relaciones deterioradas. Además, esto no es muy calibrado en nuestras costas, el emprendimiento es una de las máximas innovaciones en el Uruguay, su mayor inversión extranjera y un resquicio para cierta industrialización en un país que dista de tener el mercado interno y la economía (relativamente) diversificada de su vecino.

Con muchos ripios, se abre una nueva etapa. La política pública y no los tribunales ni la acción directa ciudadana (que amojonaron el camino) dispone de una buena, sí que peliaguda, oportunidad. Es un estadio superador, aunque no garantiza el éxito.

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Chicaneros VIP, abstenerse: La Corte Suprema se vale de otro lenguaje pero expresó un parate a la chicana sistemática y a las desmesuras de tribunales capaces de pergeñar cualquier engendro en detrimento de la esfera de competencia de otros poderes del Estado. Este cronista viene escribiendo que sentencias como la del tribunal de Mendoza desconocen la bolilla uno de derecho procesal o constitucional. El juez Eugenio Raúl Zaffaroni fue más allá: en declaraciones periodísticas, explicó que desconocen principios de Educación cívica que se enseñan en la secundaria. Los fundamentos de la Corte expresan lo mismo, con más circunloquios.

La sentencia del expediente “Thomas” no es imperativa para otros tribunales, en el sistema jurídico argentino. El “precedente” en ese sentido no existe, como regla. Pero la contundencia del fallo y la certeza de que la Corte sostendrá esa jurisprudencia seguramente incidirán en tribunales inferiores. Como anunció Página/12 el miércoles pasado, es casi seguro que la Cámara de Salta revocará la suspensión (clonada de la de Mendoza) impuesta en primera instancia. La requirió otra diputada enrolada en el peronismo federal, cuyos campeones deberán poner las barbas en remojo antes de promover otros litigios tan maliciosos.

Por lo tanto, la ley pasa de pantalla. Comenzará a aplicarse, lo que incluye el primer paso de su reglamentación. El Ejecutivo prometió que (como sucedió antes con la ley) el decreto respectivo transitará una etapa de debate ciudadano. Será breve, por razones lógicas: el marco a resolver es más acotado.

Luego comenzará el recorrido de una norma que puede renovar, para bien, el espacio mediático audiovisual. Será un tránsito arduo, en el que será relevante la maraña de demandas ya promovidas y por promoverse por los genuinos interesados, las empresas titulares de multimedios. La voluntad de trabar la ley es patente. El plazo de desinversión es la primera batalla, la expectativa es que la Corte resuelva que es exiguo porque deriva en una confiscación, vía precio vil. El argumento es vistoso pero dista de estar corroborado, el tribunal deberá extremar su celo para no dejarse persuadir rápido con sofismas. La tentación de decidir “una de cal y una de arena” para parecer ecuánime acecha a los Supremos, que resolvieron bien y con autoridad una cuestión de manual. Ahora, se aprestan para abocarse a controversias más delicadas en las que las presiones se harán sentir.

De nuevo, esas cortapisas no bastan para alterar al panorama: el núcleo de la norma vuelve al espacio de la política, saliendo de la celada de los tribunales.

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La burocracia del mal: Las listas que aparecieron sorpresivamente en Tucumán confirman una certeza extendida: hay pruebas escritas del plan de exterminio. Por su propia naturaleza, el terrorismo de Estado impone la necesidad de documentar su despliegue. Pese a la multiplicidad de investigaciones, desde la Conadep hasta los procesos actuales, esa documentación no se obtiene, consecuencia del pacto de silencio de las Fuerzas Armadas. Hay otros actores que seguramente cuentan con material valioso, entre ellos la jerarquía de la Iglesia católica (tan proclive al papeleo como cualquier Estado o las Fuerzas Armadas) que recibió y procesó multitudes de denuncias. Los documentos, accesibles en la edición on line de Página/12, conmocionan hasta a quienes tienen sobrado conocimiento de los hechos. Y dejan constancia de cuánto falta investigar sobre esa etapa de oprobio que algunos cómplices (crónicos o tardíos) quieren cerrar sin que medien verdad y justicia.

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Consumo y expectativas: El “Grupo A” confiaba en votar favorablemente en Diputados la restricción a los “superpoderes” y la reforma al Consejo de la Magistratura. Tenía en mira un “supermiércoles” para ganar la tapa de los diarios el día ulterior al partido con Grecia, que coloniza todo. Pero la sesión del Consejo pasará para el día 30, lo que mitigará el efecto visual a cambio de darle presencia dos semanas. En perspectiva, es un contrapeso liviano para la supremacía oficialista de los meses recientes. La sentencia de la Corte y el levantamiento del puente por cierto trascienden al kirchnerismo, son progresos institucionales que interpelan al Estado... pero también mejoran la posición relativa del oficialismo.

El feriado largo y las compras del Día del Padre se traducen en un boom de consumo masivo, que se puede chequear leyendo las páginas de publicidad de los diarios más enardecidos contra el kirchnerismo. Encuestas que se consultan con fervor en Olivos y que también leen peronistas disidentes revelan que hay correlación directa entre el crecimiento de la imagen de la Presidenta o de Néstor Kirchner y el incremento del consumo.

Las paritarias prenuncian que los sueldos de los trabajadores formales pelearán mano a mano con la inflación, en algunos casos ganando. El reajuste a los jubilados de septiembre, determinada por una fórmula que incluye entre otros factores la recaudación impositiva y la evolución de los salarios formales, pegará en consecuencia un respingo importante. En los despachos más empinados de la Casa Rosada se calcula que superará, cómodo, los dos dígitos.

Cuando se redondee la mayoría de las convenciones colectivas, será el turno del Consejo del Salario y el incremento del mínimo vital y móvil. No está tan claro ni predeterminado el cronograma pero va siendo hora de un alza de las contribuciones familiares, que llevan acollarada la Asignación Universal por Hijo. También es momento de repasar la persistencia de condicionalidades injustas impuestas por la reglamentación o por la Anses que dejan desvalidos, todavía, a muchos chicos que deberían gozar de ese derecho.

En el promedio, el oficialismo entra al invierno mucho mejor de como lo encontró el otoño. La salida del canciller Jorge Taiana, que se trata en nota aparte, trasunta otra de sus características, que es la de tener crisis endógenas aun en los momentos más propicios.

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