No sólo Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu se quedarán sin su plaza. Una jueza ordenó a la Legislatura porteña que cambie los nombres de todas las calles y lugares públicos que en la ciudad de Buenos Aires recuerdan a funcionarios de facto. El fallo hizo lugar a un pedido de amparo presentado por un vecino de la ciudad, que es abogado y militante peronista. Al macrismo la noticia no pareció caerle bien. El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, consideró que la sentencia “es perder el tiempo en cosas que no tienen sentido”.

El amparo fue dictado por la jueza en lo Contencioso Administrativo Elena Liberatori, quien puso un plazo a la Legislatura para que realice los cambios antes de la finalización de su próximo período de sesiones. La jueza llamó la atención a los diputados porteños por su falta de acción en el tema, ya que les recordó que el artículo 5 de la ley 83 que prohíbe homenajear a gobernantes de facto poniéndoles su nombre a las calles está vigente “hace doce años”.

Liberatori fue la primera magistrada en autorizar una boda gay en Argentina, antes de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. El gobierno de Macri la considera su enemiga desde que, a comienzos de la gestión de Mauricio, frenó la intervención de Obsba, la obra social de los empleados municipales.

En cumplimiento de este fallo, a unas diez calles, dos escuelas y un par de plazoletas deberán borrárseles sus nombres. La calle que inició el reclamo está en los bosques de Palermo y se llama Intendente Guerrico, en homenaje al intendente porteño nombrado en 1930 por el presidente de facto José Félix Uriburu, tras el primer golpe militar de la historia del país. Otros casos:

- La plazoleta de Colegiales Ernesto Padilla, intendente del gobierno militar de Pedro Ramírez, en 1943.

- Las escuelas Octavio Pico (en Flores) y Ernesto Padilla (Colegiales).

- Las calles Capitán Claudio Rosales, Mecánico Militar Leopoldo Atenzo, Cadete Carlos Larguía, Soldado Miguel Santi, del barrio de Liniers, en recuerdo de militares que murieron en el golpe de Estado contra Ramón S. Castillo.

La denuncia con el pedido de amparo fue presentada por el abogado Hansel Stegemann, quien también redactó un proyecto de ley que fue presentado en la Legislatura por Juan Cabandié, pero que no había logrado avanzar. Según contó a Página/12, la mayoría de los nombres de intendentes o funcionarios de facto que hay en la ciudad fueron puestos por la última dictadura (ver aparte). La camada de Jorge Rafael Videla bautizó además a dos plazas con los nombres de Teniente General Lonardi y Teniente General Pedro Eugenio Aramburu, presidentes de facto tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón. En estos casos, la movilización de organizaciones barriales y políticas ya había logrado el cambio de nombre. La Plaza Aramburu pasó a llamarse El Angel Gris, mientras que el cambio de nombre de la plaza Lonardi está en trámite.

La medida judicial, en cambio, no alcanzará a la avenida Julio A. Roca. A pesar de que el reclamo para que se cambie su nombre y se saque el monumento que recuerda al jefe de la Campaña del Desierto, su caso no queda comprendido en la Ley Nº 83, que fudamenta el amparo. El texto de la ley dice en su artículo 5 que “en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático”. Pero la medida servirá como un antecedente favorable.

Los que conocen la ciudad y su historia recuerdan casos emparentados con el que ahora se discute. Canalejas, dicen, cambiaba de nombre en períodos democráticos a Felipe Vallese (así se llama hoy), un obrero y militante sindical que fue desaparecido en los años ’60. Buenos Aires tuvo una Avenida del Justicialismo, y todavía hay quienes insisten en decirle Cangallo a Perón. Durante los meses de movilización social que siguieron al estallido de 2001 era común que los nombres de las calles fueran cambiados vía sténcil o pintura en aerosol. Roca se llamaba Pueblos Originarios y a la Avenida Independencia le tachaban siempre la primera sílaba.

El amparo de Liberatori es apelable, por lo que habrá que ver si el Gobierno de la Ciudad se presenta a objetarlo, un gesto que no parece muy probable. De todas maneras, vale tener en cuenta que cuando el denunciante llevó el caso a la Justicia, el macrismo se presentó en el expediente e hizo objeciones, del tipo de que el reclamo no habilitaba a pedir un amparo, o que cuestiones como éstas no debían dirimirse en los tribunales. En su dictamen, la jueza Liberatori no hizo lugar a esos argumentos. “La subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos de facto resulta claramente contraria al derecho vigente, y que, por ende, las ordenanzas que dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales”, sostuvo.

El mecanismo previsto para cambiar el nombre a una calle o lugar público es su tratamiento en la Legislatura, que debe llamar, antes de votar la nueva denominación, a una audiencia pública para escuchar las opiniones de los vecinos.