Héctor Magnetto en la UIA, junto con Paolo Rocca y otras figuras menores de la asociación AEA.

En las últimas semanas, reiteradas versiones describían un acercamiento entre el ex presidente Néstor Kirchner y el presidente y CEO del Grupo Clarín, Héctor Horacio Magnetto, “para acordar una tregua en algunos temas”. A principios de este año la presidente CFK había revelado las sobremesas con Magnetto en Olivos. En respuesta a una nota según la cual se adjudicaría a “empresas amigas” del gobierno una obra hidroeléctrica dijo que ninguno de los empresarios que participaban en esa licitación compartió la mesa presidencial, como sí lo hizo Magnetto “no menos de 10 o 12 veces” durante la gestión del presidente Kirchner, a instancias del entonces Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. “¿Qué será entonces, ultra amigo?”. Por eso la versión podía circular: si entonces se encontraban sin que tomara estado público, ¿por qué no podrían hacerlo ahora?

Los duros hechos

La desmentida llegó por la vía de los hechos. Esta semana, Magnetto encabezó dos encuentros para coordinar la oposición corporativa y política al gobierno, una en la Unión Industrial, junto con el presidente de la multinacional italiana Techint, Paolo Rocca y otras figuras menores de la asociación de hombres de negocios AEA, y otra en su casa, con el jefe de gobierno porteño Maurizio Macrì, el ex senador Eduardo Duhalde y la máxima dirigencia del peornismo opositor. Además, una de las empresas del Grupo Clarín reclamó ante la justicia centenares de millones de dólares de resarcimiento por el rescindido contrato con la AFA para televisar el fútbol, y la Comisión Nacional de Comunicaciones prohibió que Cablevisión preste los servicios de Internet de la disuelta Fibertel, para los que no posee autorización. Dentro de unos días la presidente hará públicas las conclusiones de la investigación que encomendó sobre la transferencia de las acciones de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón durante la dictadura militar. El juez federal Daniel Rafecas ya dijo el mes pasado que era imposible escindir “la transferencia presuntamente compulsiva de acciones” de Papel Prensa de “los hechos de privación ilegal de la libertad” a una serie de sus directivos, incluyendo al padre, el hermano, la esposa y el cuñado de David Graiver. Por ello remitió el expediente al juzgado federal 3 de La Plata, cuyo titular Arnaldo Corazza, investiga el llamado “Circuito Camps”. Para Rafecas, “las maniobras destinadas a obtener la transmisión compulsiva de las acciones de la firma Papel Prensa en manos de la familia Graiver o sus testaferros, habrían tenido como contexto la amenaza sobre futuras privaciones ilegales de la libertad como represalia, que luego se concretaron y que durante su consumación continuada, permitieron perfeccionar la operatoria sin obstáculos, al tiempo que los detenidos fueron sometidos a interrogatorios referidos a su vinculación, participación o conocimiento de la actividad de la empresa y de los Graiver”. Esa causa, sobre episodios ocurridos hace 34 años, sigue abierta porque son considerados delitos de lesa humanidad, de modo que no pueden ser amnistiados ni su persecución cesa por el paso del tiempo.

El abanderado

La foto que ilustra esta nota fue tomada en 1957. El orgulloso abanderado que desfila frente a la municipalidad de Chivilcoy es Magnetto. Cursaba en la Escuela N° 4, Cornelio Saavedra, y con una precoz orientación vocacional editaba el periódico del 6° grado. El recuerdo estaba entre los objetos que dejó al morir la madre del militante kirchnerista Oscar Galante, alumno del mismo colegio, quien la hizo llegar al autor. Nacido el día de la Patria de 1944, graduado de contador con la medalla de oro de la Universidad Nacional de La Plata, sus dotes de conductor ya brillaban en la mirada que dedicó al fotógrafo de Casa Hilda, a sus doce años, con apostura marcial, medias, corbata y peinado impecables. Uno de los muchos aspectos notables de la reunión que Magnetto convocó en su casa es que los detalles se hayan conocido a través del diario La Nación, su socio en Papel Prensa, y que hasta ayer no haya sido mencionada por ninguno de los columnistas de Clarín. Respecto del encuentro en la UIA, también La Nación dijo que “el más duro fue Magnetto”: se refirió a las formas “autoritarias” del gobierno y pronosticó que “no cambiaría”. Es decir, el viejo concepto del enemigo irrecuperable con el que no hay conciliación posible. En la comida chez Magnetto los cinco líderes del peornismo opositor debatieron en torno de la mejor manera de impedir un nuevo mandato de Kirchner o de su esposa. La declaración que se firmó en la UIA reclamó un marco institucional republicano, seguridad jurídica y respeto por la actividad privada. Pocos días antes, la calidad institucional y el modo de desfinanciar al Estado habían sido el tema del examen que el peornismo de Pro, más la UCR, la Coalición Cívica Libertadora y el GEN rindieron en la Sociedad Rural. El entusiasmo de Hugo Biolcati en la proclama inaugural lo llevó a confundir la Sociedad Rural con la Jabonería de Vieytes y el Plan de Operaciones de Mariano Moreno con los Estatutos del Proceso de Reorganización Nacional. ¿Si la justicia procesara y detuviera a los directivos de los diarios que intervinieron en la transacción investigada (el propio Magnetto por Clarín, Bartolomé Mitre, por La Nación) el marco institucional no sería sólido y republicano, faltaría seguridad jurídica y respeto por la actividad privada? Ese es el mensaje que transmite la AEA, conducida por Magnetto y Rocca, (en cuyas plantas siderúrgicas bonaerenses acamparon destacamentos militares responsables de la desaparición de trabajadores) y refrenda el peornismo opositor.

La Seguridad Nacional

El reportaje a La Nación del presidente de la SIP, Alejandro Aguirre (“el gobierno argentino se empieza a parecer al venezolano”) prepara el terreno para la réplica ante un eventual procesamiento de Magnetto y Mitre. Para ello la SIP debería reescribir su propia historia. En 1978 envió una misión investigativa a la Argentina, integrada por los directores propietarios de La Opinión de Los Angeles, Ignacio Lozano, y del Mercury de Kansas, Edward Seaton, quienes constataron que La Nación, Clarín y sus editores priorizaban la seguridad nacional sobre la libertad de expresión; justificaban la censura porque dijeron que deseaban cooperar con la dictadura; se negaban a informar sobre la desaparición de personas, incluyendo periodistas, y se beneficiaban de tal comportamiento al asociarse con el Estado para la producción de papel, mediante un “generoso crédito ofrecido por el gobierno militar. Semejante situación encierra muchos peligros. No es el menor de ellos que esto casi imponga no antagonizar con el gobierno”. Adepa rechazó el premio Mergenthaler, ofrecido por la SIP en forma colectiva “a los periodistas argentinos que por defender la libertad de prensa han muerto, desaparecido o sufrido encarcelamiento y persecución”. Según Clarín, los asistentes argentinos a la asamblea realizada en Miami dijeron que su aceptación “contribuiría a la campaña lanzada por ciertos elementos de la prensa internacional para denigrar” a la Argentina. El artículo convirtió en un signo alentador “la concesión a las empresas periodísticas de créditos a largo plazo para la adquisición de papel”, que el documento había calificado como motivo de “graves reservas”. Como ningún medio ni entidad de la Argentina retiró la placa de homenaje a los periodistas desaparecidos, la SIP la colocó en su sede central, en Miami. En 2000, cuando se trasladó a un nuevo edificio, en la misma ciudad, también la placa desapareció. Esta semana, La Nación publicó en tapa un merecido elogio a Robert Cox, por haber hecho todo lo contrario que el diario de los Mitre en aquellos años. Pero no se privó de usar esa crónica amable para fustigar al gobierno actual y a todos los periodistas que no se prestan a la tarea de demolición dispuesta por las patronales agropecuarias, los sindicatos empresariales, los grandes medios, el Episcopado Católico y su pintoresco auxiliar rabínico: “Si hubieran vivido en la década del 70 en los Estados Unidos habrían descalificado a Bernstein y a Woodward por abocarse quirúrgicamente al Watergate y no investigar los manejos empresarios del Washington Post”. En forma subliminal equipara así a un diario que investigó los abusos del gobierno más poderoso del mundo con los medios argentinos serviles de su socio, el Estado Terrorista.

La batalla por Telecom

Ni Magnetto, ni Alberto Fernández, ni los dos presidentes Kirchner explicaron qué temas se tocaban en esas comidas develadas por Cristina. Es una lástima, porque conocerlo ayudaría a entender las cuestiones centrales de la política argentina actual. ¿Cómo se explica que el mismo sector político que en diciembre de 2007 prorrogó por diez años las licencias de radios y televisoras, llegara a la ruptura total en 2008/2009, con las referencias constantes en el discurso oficial a Magnetto y el “qué te pasa Clarín”, las inspecciones impositivas a empresas del grupo y la denuncia por lavado de dinero en el lanzamiento de sus acciones en la bolsa de Londres, el Fútbol para Todos, la investigación sobre el origen de Marcela y Felipe y la ley de servicios de comunicación audiovisual? En la Casa Rosada se afirma que Magnetto trató de convencer a Kirchner de que Cristina no podía ser candidata a la presidencia, que pidió ayuda oficial para quedarse con Telecom Argentina, que Cristina se opuso y que el Grupo se lanzó a operar para desleír su gobierno. Fuentes de la conducción del Grupo replican que fue Kirchner quien les propuso que se hicieran cargo de la filial argentina de Telecom Italia, y que Magnetto se rehusó por desconfianza en el gobierno. Cualquiera sea la versión que se adopte, el acuerdo de Telecom Italia con el grupo Werthein certifica un resultado distinto al apetecido por Clarín. Según La Nación, también constituiría un “traspié para Kirchner”. Cuando los Werthein denunciaron a sus socios de Telecom Italia ante Defensa de la Competencia, alegando que su control por Telefonica de España tendría consecuencias en la Argentina, esos comentaristas dijeron que eran empresarios amigos del gobierno. Lo mismo atribuyeron a los otros interesados en aprovechar el conflicto entre los dos socios (Eduardo Eurnekian, Ernesto Gutiérrez, Alfredo Román, Matías Garfunkel, el escribano Raúl Juan Pedro Moneta). Una lectura de mercado sugiere que cuando Telecom Italia realizó a través del Banco Credit Suisse una compulsa para vender su parte en la operadora argentina, advirtió que la solución más lucrativa era hacer las paces con su viejo socio. Ninguno de los candidatos satisfacía los requisitos y la batalla legal en varios fueros amenazaba con desangrar a ambos. El desistimiento recíproco de los juicios es atribución de las partes, pero el procedimiento abierto en Defensa de la Competencia requiere del visado oficial. Recién la próxima semana el ente oficial recibirá los documentos del acuerdo y empezará a estudiar si la alegada cesión de derechos políticos de los italianos a favor de su socio local sanea los vicios que llevaron a la impugnación. Lo único previsible es la interpretación mediática: si el gobierno rechaza la propuesta, será porque sigue insistiendo en colocar un amigo al frente; si la aprueba, volverá a ser considerado socio de los Werthein. El demonio contamina todo lo que toca, por definición.

Un paraíso privado

Otro coletazo del conflicto fue la denuncia por operaciones sospechosas de lavado de dinero que presentó la Unidad de Información Financiera (UIF) contra la venta del Banco Privado de Inversiones a un socio extraterritorial del Grupo Clarín, el Fondo especulativo Fintech, del paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos. Según la fiscal de Cámara Alejandra Gils Carbó, en la colocación de las acciones del Grupo, Clarín y Fintech crearon “una burbuja financiera”, mediante la oferta de “títulos sobrevaluados, engañando al mercado, sin respaldo genuino, que al poco tiempo cayeron hasta casi un 10 por ciento de su valor en perjuicio de las AFJP, merced a la actuación de operadores que cobraron gruesas comisiones para entregar los aportes de nuestros jubilados”. El presidente y principal accionista del Banco Privado de Inversiones es Alejandro Manuel Estrada, funcionario de las dos últimas dictaduras que, como secretario de Comercio de José Martínez de Hoz, dijo que al país le daba lo mismo producir acero que caramelos. En 2002 varias cuentas de su banco y las tarjetas de crédito sobre ellas se usaron para movilizar las sumas defraudadas a sus aportantes por la AFJP Siembra y la sociedad de bolsa Rabello. Entre 2004 y 2009 intentó varios aportes irrevocables de capital por 10 millones de pesos y por 9,8 millones de dólares, que el Banco Central rechazó porque el origen de los fondos era sospechoso: la venta a Fintech de campos y propiedades que no justificaban ese valor, sin la documentación necesaria y con aparentes sobreprecios, una inversión de Fintech, otra de “Privado LP”, del mexicano residente en Gran Bretaña David Martínez y su socio Julio Herrera, constituido en Delaware en el mismo domicilio que Fintech y con el mismo capital aportado al Banco Privado. Según el Banco Central se trataba de aportes encadenados entre las mismas personas físicas bajo denominaciones distintas para hacer “circular la misma cantidad de activos entre diferentes manos”. El Banco Central había resuelto denunciar esta operación y constituirse en querellante, pero la resolución quedó demorada por presión de su ex presidente, Martín Redrado, socio de Estrada en la Fundación Invertir Argentina. Lo mismo ocurrió con otra causa, en la que la autoridad monetaria denunció al banco de Estrada por defraudación de unos 12 millones de pesos con documentos falsificados para cobrar compensaciones por la pesificación de saldos de tarjetas de crédito, luego de la devaluación de 2002. Entretanto, el Banco Macro, del ex alfonsinista, ex menemista y ex kirchnerista Jorge Brito, ofreció comprar el Banco Privado, con sede en la Capital, donde Brito aún no ha hecho pie firme, y del que le interesaba su cartera de casi medio millón de tarjetas de crédito en el sector más acomodado de la sociedad. Pero bastó que la UIF denunciara las operaciones sospechosas de lavado de dinero de Estrada y Fintech, para que Brito desistiera de la operación. Alejandro Estrada es otro de los directivos de la AEA que clama por seguridad jurídica.