Un gobierno que a partir de 2003 reconstruyó la autoridad del Estado choca con los intereses particulares, que saben cómo obtener ganancias extraordinarias a expensas de la disolución de la sociedad y no se resignan a que las leyes las dicten las instituciones representativas de la voluntad popular. Son muchos los requisitos que debe cumplir el Estado para prevalecer en esta puja con las corporaciones, que se maquillan con los colores de la república y el diálogo. Algunos tienen que ver con la imprescindible organización política que sustente tantas medidas adversas a los poderes fácticos. Otras se relacionan con la ejemplaridad que en ciertos casos se extraña. Mientras el Grupo Ahhh... impulsa un proyecto de ley de castración de la ONCCA para que no pueda controlar los fraudes habituales en el comercio exterior, el domicilio y la línea telefónica de la esposa de uno de los anteriores titulares del organismo, el actual encargado de la AFIP, Ricardo Echegaray, coincide con el de una empresa de engorde a corral de ganado que reclama subsidios por más de un millón de pesos. El usual saqueo al fisco por parte del sector líder en evasión queda oscurecido por estas transgresiones éticas, minúsculas en proporción pero injustificables, por más que la denuncia haya sido comunicada a la justicia por un organismo del propio Poder Ejecutivo, la Oficina Anticorrupción.