El comité ejecutivo de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) mandató al secretario general Hugo Yasky a negociar la nueva fecha electoral para los distritos impugnados: en principio, sería en la primera semana de diciembre, según aprobaron los dirigentes sindicales. Yasky anunció que su sector respalda la decisión del Tribunal Autónomo Arbitral que convocó a nuevas elecciones en tres provincias y en cincuenta mesas de otros siete distritos, por distintas irregularidades. Por su parte, Pablo Micheli, el candidato que disputa la conducción desde la lista 1, confirmó que su espacio participará de las nuevas elecciones.

Micheli también consideró que la CTA “está acéfala” porque “hoy la única autoridad es la Junta Electoral”. Aseguró que, en todo caso, él es el “secretario general electo”. La semana pasada Yasky había presentado ante el Ministerio de Trabajo un pedido de prórroga de su mandato al frente de la central de trabajadores hasta tanto se defina la elección. En las próximas horas la cartera laboral debería expedirse y desde el sector del actual secretario general creen que la respuesta sería favorable.

“El resultado electoral está absolutamente abierto, por eso estamos dispuestos a ir a la elección para que surjan de ahí autoridades electas”, dijo Yasky. El docente precisó que, según el fallo del Tribunal Arbitral, se debe volver a votar en todas las mesas de Misiones, Mendoza y Tucumán; y en cincuenta mesas de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe y San Juan, además de los distritos bonaerenses de Esteban Echeverría y Ezeiza. “Se trata de un padrón de 200 mil afiliados que esperan poder ejercer su derecho al voto”, dijo Yasky y estimó que el nuevo comicio debería realizarse entre fines de este mes y principios de diciembre.

El dirigente pidió que esta nueva elección “reúna las garantías necesarias para que no se vuelva a repetir el fraude que hubo el 23 de septiembre” y para ello dijo que “tiene que haber un acta de compromiso garantizando ciertas cuestiones”. Entre ellas, mencionó la necesidad de que haya “padrones por escrito, la garantía de que los miembros de la junta electoral no sean miembros de la lista 1, que las urnas salgan y lleguen antes del día de la votación para evitar urnas gemelas, garantías de que todas las boletas estén en la mesa de votación y que no haya coacción física sobre los que fiscalicen”.

Micheli rechazó que haya habido fraude en las mesas, como denunció Yasky, y remarcó: “Si acepto que se vuelva a votar es porque firmé un pacto con Yasky que iba a respetar la decisión del Tribunal Arbitral, no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”. El dirigente de los estatales dijo que “si Yasky quiere elecciones vamos de vuelta y le vamos a ganar más fácil para que no hable más”.

Luego de dar respaldo a Yasky, el comité ejecutivo pasó a cuarto intermedio para iniciar la negociación con la lista 1 y las otras cuatro que participaron del proceso electoral. Entre los dirigentes que participaron de la primera reunión de comité ejecutivo de la CTA estuvieron Edgardo Depetri, el legislador porteño Tito Nenna, además de otros catorce miembros con responsabilidades de secretarios generales y vocales titulares. “La idea es negociar con los compañeros de la lista 1 el jueves 2 de diciembre para el nuevo proceso electoral en las tres provincias y en todas las demás mesas que resultaron impugnadas”, señaló Yasky.

El Tribunal Autónomo de Resolución de Diferendos Electorales dispuso que se debía votar de nuevo en los distritos cuestionados en la votación del 23 de septiembre. Están en juego cerca de 200 mil votos y la diferencia que había obtenido la lista 1, con las objeciones del caso, alcanzaba los once mil sufragios.

En el plano político, Yasky dijo que en los próximos veinte días la CTA convocará a un plenario nacional para elaborar “un programa de políticas que signifiquen darles continuidad” a las políticas del gobierno de Cristina Fernández, tras el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. Se pedirá al Gobierno “darle prioridad a la necesidad de reducir drásticamente el trabajo en negro y asegurar que el seguro de empleo y formación llegue a los trabajadores no registrados”.