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Aunque resulte difícil de creer, ni en el Código Nacional Electoral ni en la Ley de Partidos Políticos dice que cada fuerza política legal sólo tiene derecho a presentar una fórmula presidencial. Semejante bache es lo que abre las puertas para que este viernes el convocado congreso del PJ permita a los tres candidatos, Néstor Kirchner, Adolfo Rodríguez Saá y Carlos Menem, que en nombre del justicialismo se presenten a las elecciones presidenciales. Cada uno de ellos será facultado para forjar incluso una alianza, y en ese caso tal vez se postulen con el nombre de un frente en el cual estaría incluido el PJ. “¿Por qué ni el Código ni la Ley dicen que cada partido puede presentar sólo un candidato? Es como el Código Penal, que no penaliza el suicidio. El que se mata a sí mismo ya es de por sí el perjudicado. Aquí es lo mismo: un partido que resuelve dividir sus votos en tres, no digo que se suicida, pero sí se perjudica a sí mismo. Por lo tanto, al legislador ni se le ocurrió prohibir esa especie de suicidio político”, explicó a Página/12 uno de los jueces con mayor experiencia en materia electoral.
Este diario revisó con detenimiento el Código Electoral y la Ley de Partidos, incluyendo las actualizaciones. Efectivamente no se establece que una fuerza política puede presentar sólo una fórmula presidencial. Sin embargo, hay un limitante en lo que se refiere al nombre y a los símbolos: la Ley dice que “el nombre es un atributo exclusivo del partido y no podrá ser usado por ningún otro”. Los hombres del duhaldismo dicen que en el congreso del viernes el partido no va a resolver que otra fuerza utilice el nombre, sino que decidiría que sus tres candidatos lo puedan usar. Y lo mismo podría ocurrir con los símbolos partidarios. Aun así, el código electoral dice que las boletas de los partidos tienen que ser muy diferentes, no deben confundir al ciudadano y por ello la Justicia electoral podría no aceptar tres boletas que tengan nombres y símbolos similares. En la conducción duhaldista están evaluando ese limitante. Y además hay otro: el justicialismo tiene asignado un número, es siempre la lista 2: tal vez se solucione dándole un número distinto a la alianza que forme cada candidato, pero es posible que alguno quiera quedarse con el 2.
Hasta el momento, siguen vigentes las internas justicialistas del 23 de febrero y eso es lo que va a abolir el cónclave este 24 en Lanús. La carta orgánica del PJ establece que los candidatos a una interna se deben presentar con 30 días de anticipación, o sea el mismo día en que se hace el congreso. Pero facultando a los postulantes a competir directamente en las generales de alguna manera se anula todo ese proceso. Igualmente hay que advertir que Menem ya está presentado, Rodríguez Saá también y alguna lógica indica que Kirchner debería hacerlo para que después el congreso del PJ hable de “facultar a los candidatos que se presentaron”. Hay juristas del duhaldismo que consideran que ni siquiera será necesaria la inscripción de Kirchner: al no haber interna todo quedará anulado y se podría inscribir el que quiera. Esto será motivo de polémica.
Es casi seguro que el congreso del viernes sea cuestionado en la Justicia y las cosas terminen en una batalla legal. Aunque se aceleren los tiempos, la justicia electoral no resolverá en menos de dos semanas, por lo que ya no habría tiempo para cumplir con los plazos. Es más, la interna no se puede postergar porque a lo sumo el 8 de marzo deben inscribirse los candidatos a las presidenciales. El menemismo ve esto como una maniobra antidemocrática de la Rosada y puede pelear las cosas hasta en la Corte Suprema. El gran problema es que los tiempos no dan y los hombres del riojano piensan que tal vez ese sea el objetivo de los hombres del Presidente: embrollar, demorar y forzar una postergación de las elecciones generales. Ahí se les presenta otra vez el fantasma de un Duhalde querenuncia el 25 de mayo, asume Eduardo Camaño como presidente designado por la Asamblea Legislativa y luego se presenta a comicios en octubre.
Es más, un integrante de la justicia electoral le recordó a Página/12 que todavía deben resolverse lo que llaman la causa Esteverling y la causa Monner Sans. En ambas se sostiene que la convocatoria electoral del 27 de abril es inconstitucional y ambas recién serán tratadas por la jueza Servini de Cubría en febrero. Después puede venir la apelación a la Cámara Nacional Electoral y todo puede terminar en la Corte. En verdad, a la guerra judicial todavía le faltan muchas batallas.