Los científicos argentinos y uruguayos encargados de diseñar el plan de monitoreo conjunto para UPM-Botnia se volverán a reunir hoy, en Montevideo. Aunque lo pautado era que este viernes presentaran el programa sobre cómo controlar a la pastera, la realidad es que tras sesenta días de discusiones a puertas cerradas no tuvieron acuerdo sobre prácticamente nada. La propuesta de monitoreo presentada por la Argentina fue contestada ayer por los uruguayos con una contrapropuesta que rechaza sus puntos claves. “Desecharon el 70 por ciento de nuestro esquema”, resumió una fuente calificada a PáginaII2 . Así las cosas, la reunión de hoy es poco prometedora. El compromiso que firmaron los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica para que los dos países vigilen que el río no se contamine parece cada vez más lejos de hacerse realidad.

Como se recordará, los mandatarios firmaron en julio, después de siete años de conflicto por la pastera, un acuerdo para hacer el monitoreo binacional. Para hacerlo posible, el gobierno argentino concedió que los controles no se limitaran a UPM-Botnia, sino que abarcaran a todas las industrias instaladas sobre el río Uruguay, incluidas las del lado argentino. El modo de hacerlo, acordaron también, sería que un comité de cuatro científicos, dos argentinos y dos uruguayos diseñaran el plan de monitoreo y lo pusieran en práctica.

El comité se constituyó el 2 de septiembre y desde entonces los científicos tuvieron reuniones periódicas en las dos cancillerías y en la sede de la Comisión Administradora de Río Uruguay (CARU), pero sus encuentros de trabajo resultaron muy complicados. Los representantes uruguayos pusieron objeciones a la mayoría de las propuestas; por ejemplo, no se mostraron dispuestos a aceptar la instalación de sensores en el interior de la planta que registraran de manera continua el estado de los efluentes y emanaciones, pusieron reparos para entregar a sus pares argentinos información técnica y empantanaron la negociación con discusiones sobre cómo se debía interpretar el acuerdo firmado por los presidentes y el marco de trabajo que les dieron los cancilleres (indicaciones que quedaron por escrito en las llamadas Notas Reversales).

En este clima, los cuatro científicos hicieron una visita a UPM-Botnia para tener un conocimiento directo de la planta. Los dos representantes argentinos son reconocidos por su formación académica, pero tienen además experiencia en hacer inspecciones a industrias. Guillermo Lyons, especialista en procesos industriales, es el director nacional de Control Ambiental (en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable), y su par Juan Carlos Colombo, especialista en química y ecología, fue quien coordinó el trabajo de los científicos que reunieron las pruebas presentadas ante la Corte Internacional de La Haya.

La recorrida por el interior de la pastera estaba pautada en los acuerdos entre los dos países. Los científicos pudieron entrar por primera vez a la planta, aunque no los dejaron llevar cámara de fotos ni filmadora, como tampoco tomar ninguna muestra; la empresa sólo aceptó sacar ella misma las fotografías que le fueran pidiendo. En esa visita el dúo argentino encontró un panorama preocupante, ya que observaron que los efluentes líquidos no están siendo tratados de acuerdo con lo que establecen las normas ambientales básicas (la legislación uruguaya, al igual que la argentina, fijan una serie de medidas para todas las industrias en lo relativo a cómo deben tratar sus desechos). Tal como reveló PáginaII2 la semana pasada, Colombo y Lyons redactaron un informe en el que advirtieron de la situación a la Cancillería.

Con el correr de los días las cosas no mejoraron. Los científicos argentinos presentaron a los uruguayos una propuesta de monitoreo, que los uruguayos se demoraron en contestar. El dos de noviembre, cuando vencía el plazo para presentar el plan de vigilancia consensuado, el canciller Luis Almagro pidió diez días de prórroga. Su par argentino, Héctor Timerman, aceptó la postergación, pero sin ocultar su molestia con la situación. “Le envié al presidente Mujica el proyecto de monitoreo para que lo evalúe. Uruguay no presentó nada en 60 días, por eso pidió 10 días más”, blanqueó por Twitter.

La contrapropuesta uruguaya llegó finalmente ayer. Aunque su contenido no fue dado a conocer, este diario pudo saber que no conformó a los científicos argentinos y que la posibilidad de un acuerdo es evaluada como improbable. Como la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), de la que depende el comité científico, funciona por consenso, de no haberlo el tema pasará de nuevo a manos de los cancilleres.